Los agricultores siguen ganando una miseria por los tomates que compras en el súper

Hoy se cumple un año de la publicación en el BOE de una nueva norma muy importante para el sector primario, que prohibía la venta a pérdidas —por debajo de los costes de producción de agricultores y ganaderos— y la venta a resultas —sin conocer el precio final que se pagará por el producto—. Así se daba marco legal a las peticiones de las organizaciones agrarias por unos precios justos para acabar con las insostenibles situaciones de prácticas abusivas.

La publicación del real decreto-ley 5/2020 estuvo precedida de un importante proceso de movilizaciones ante una situación asfixiante que pone en jaque la continuidad del modo de vida de una buena parte de nuestro tejido productivo primario, sobre todo a los mayores vertebradores de la economía local nuestros pequeños y medianos productores de carácter familiar.

Sin embargo, esta normativa, en la que muchas pusimos nuestras esperanzas, se ha enfrentado a la realidad, demostrando que no está siendo efectiva. Hablemos de casos concretos: el limón se vendía en enero a 2,05 euros por kilo mientras quien lo producía solo recibía 0,24 euros/kg, según el estudio mensual de índices de precios en origen y en destino de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG)

Ese mismo mes un kilo de patatas se vendió a 1,15 euros en las tiendas, mientras que el agricultor o la agricultora solo ganaba 0,13 euros. La ternera de primera se comercializó a 16,10 euros/kg en la carnicería, mientras que solo se les pagaba 3,48 euros al ganadero o ganadera. Algo similar ocurrió con el cerdo, que costaba 5,87 euros/kg en el supermercado, mientras que solo se le daban 1,11 euros por cada a quienes se dedican a la ganadería.

Agaprol, la mayor asociación de productores de leche de España, ha denunciado que, ahora que se está negociando la venta del 50% de producción española de leche, la industria y la distribución hacen ofertas que igualan o bajan los precios, mientras que los costes han aumentado. Esto es vender a pérdidas. Por ello, las organizaciones agrarias han solicitado en reiteradas ocasiones al Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación que establezca unos índices públicos de costes medios a través del Observatorio de Precios.

¿Y dónde se quedan los beneficios? Si miramos los datos de beneficios netos que obtuvieron los principales supermercados en 2017, encontramos la respuesta. Mercadona obtenía unos beneficios netos de 322 millones de euros; Lidl, 150 millones; Dia, 109 millones; Carrefour, 104 millones. Según un estudio de 2019 del Observatorio sectorial DBK Informa, la facturación de las grandes empresas de distribución alimentaria aumentó en 2,1 millones de euros hasta alcanzar la cifra astronómica de 92.520 millones de euros. Mientras, estas empresas obligan a nuestros productores y productoras a vender a pérdidas.

Tan grave y compleja es la situación que, un año después de esta importante ley, el Congreso está trasponiendo la directiva europea de prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria corrigiendo aquellos aspectos por los que el decreto del año pasado no acaba de aterrizar y afrontar correctamente las situaciones injustas. Vuelve, por tanto, a abrirse el debate de cómo hacer efectiva la protección de nuestros productores para que puedan cobrar unos precios justos por su producción y su trabajo.

La realidad se ha hecho evidente. Las organizaciones agrarias y Unidas Podemos hemos defendido que la única manera de conseguir una cadena de valor justa es asegurando que los productores cobran por su trabajo, como mínimo, el coste real de sus producciones. Esto es, haciendo que la ley de cadena alimentaria sea efectiva.

Para ello, entendemos indispensable que la autoridad competente elabore índices de referencia sobre los costes de producción atendiendo a los diferentes productos y modalidades de producción. Y entendiendo que, en caso de que los contratos establezcan costes que estén por debajo de estos costes medios, estos contratos puedan ser nulos de pleno derecho, si no se demuestra lo contrario.

Esto es fundamental porque, si bien la ley del año pasado pretendía reforzar la posición de los agricultores y ganaderos en la cadena alimentaria, la realidad es que al carecer éstos de poder de negociación frente al comprador, se ven obligados a firmar cláusulas en los contratos en los que afirman que el precio que reciben cubre el coste de producción, aun siendo falso. Esa firma impide el ejercicio de cualquier acción futura para reclamar un precio justo.

Pero esta ley también debe evitar la competencia desleal que implican las importaciones de terceros países no miembros de la Unión Europea, amparándose en tratados de libre comercio, o a desplegar todas las potencialidades de los circuitos cortos de comercialización, marcas de calidad, denominaciones de origen, la venta de cercanía y potenciar el consumo de temporada.

Por último, es esencial dotar al sector de la mayor transparencia posible para eludir las prácticas comerciales desleales, tanto estableciendo un registro de contratos público y digital al que tengan acceso la Agencia de Información y Control Alimentarios como garantizando la mediación y, también, la publicidad de las sanciones a empresas que desarrollen prácticas abusivas que destruyan el valor o la percepción del valor a través de toda la cadena alimentaria.

Se nos puede llenar la boca hablando de la importancia de la agricultura, la ganadería y la pesca y de la fijación de población en las zonas que este modelo económico y político ha vaciado. De la enorme labor de los productores y productoras del sector primario en la conservación de la biodiversidad y en la lucha contra los incendios forestales. Se nos puede llenar la boca al hablar de nuestra dieta mediterránea, de la gran calidad de nuestros productos alimentarios e, incluso, de que somos líderes en producción ecológica y de la necesidad del ciclo corto de distribución para frenar la emergencia climática. Pero todo será bajo un enorme cinismo mientras que quienes producen estos alimentos sigan arruinándose por prácticas abusivas y desleales.

Nos jugamos mucho. La rentabilidad de nuestras producciones agrícolas y ganaderas es uno de los factores fundamentales para evitar la despoblación rural, para poder dar un horizonte de vida a la gente joven para que piense en mantener raíces. Es un elemento fundamental para dar seguridad y soberanía alimentaria a nuestro país, y esto, en estos momentos de pandemia, ha quedado meridianamente claro.

Sin nuestro sector primario no somos nada. Es fundamental que España aborde esta ley con un modelo claro de futuro equitativo y justo para quienes trabajan la tierra y la mar.