Libertad provisional para La Manada bajo fianza de 6.000 euros

Otra vez La Manada, otra vez la indignación. La Audiencia Provincial de Navarra ha decretado este jueves la libertad provisional de los cinco jóvenes condenados a nueve años de cárcel por un delito de abuso sexual a una chica en los Sanfermines de 2016. Tienen que pagar una fianza de 6.000 euros cada uno y estarán en la calle.

Allá donde vayan, escucharán el clamor de todos aquellos que mostraron su indignación cuando se hizo pública su sentencia y que volverán a evidenciarla ahora que los jueces han decidido permitirles volver a pisar la calle. Este jueves, tras conocerse la medida, ya se han producido movilizaciones y mañana viernes se han convocado varias marchas en diversas ciudades españolas.

El tribunal, el mismo que sentenció a los acusados y los condenó por abuso sexual con prevalimiento, debía tomar una decisión. Los condenados están a punto de cumplir el plazo máximo de dos años en prisión preventiva y los jueces tenían ante sí dos opciones: la libertad provisional o una prórroga del encarcelamiento. Han optado por lo primero, con un voto divergente.

Esto significa que José Ángel Prenda, Ángel Boza y Jesús Escudero, que permanecen en la cárcel de Pamplona (Navarra), y Antonio Manuel Guerrero y Alfonso Jesús Cabezuelo, que se encuentran en la prisión de Alcalá Meco (Madrid), recobrarán la libertad en cuanto ingresen el importe de la fianza que se les ha impuesto.

"Si salen, nosotras ocupamos las calles"

La decisión del tribunal ha vuelto a encender los ánimos. Nada más conocerse la medida, se ha convocado una marcha en Pamplona para protestar contra ella. El grito de "no es abuso, es violación" ha vuelto a escucharse en la plaza Consistorial, como se escuchó cuando se conoció que los integrantes de La Manada eran condenados por abuso sexual y no por violación.

Durante la tarde, en ciudades como Bilbao, San Sebastián, Vitoria o Barcelona, miles de personas se han concentrado para expresar su rechazo a la libertad provisional de los cinco jóvenes sevillanos. Precisamente en Sevilla se desarrollará este viernes una de las muchas marchas de protesta convocadas por organizaciones feministas.

El Movimiento Feminista de Madrid ha convocado una concentración en la capital frente al Ministerio de Justicia a las 19.00 horas contra el sistema judicial "que ampara a violadores y desprotege a las mujeres". La cita ha sido difundida a través de las redes sociales bajo las etiquetas #AlertaFeminista, #SiNosTocanAUnaNosTocanATodas y #LaManadaSomosNosotras.

"A la calle, compañeras. Hay que responder", señalan desde el Movimiento Feminista de Madrid. Precisamente, este colectivo ha sido el convocante de anteriores movilizaciones contra la sentencia que condenaba a los cinco miembros de la Manada. De hecho, el mismo día que fue publicado el fallo judicial, las feministas se lanzaron a las calles en varias ciudades españolas de forma improvisada para exigir justicia y expresar su indignación por la sentencia.

Además de la movilización convocada por el Movimiento Feminista de Madrid, colectivos y organizaciones están organizando a través de las redes sociales diversas concentraciones en ciudades como Asturias, Barcelona, Palma, San Sebastián, Lleida o Murcia, entre otros.

Las activistas feministas Teresa Lozano y Zua Méndez, que utilizan el nombre de Towanda Rebels, conocidas también por sus campañas de vídeo en redes sociales "Yo te creo" en defensa de la víctima de La Manada, llaman a todas las mujeres a salir a la calle.

Una llamada a la que se unen las integrantes de la Plataforma 8M, que el pasado día de la mujer congregaron a cientos de miles de personas en ciudades de toda España, que, entre otras cosas, mostraron su solidaridad con la víctima de La Manada.

Preocupación por la alarma social

Los partidos políticos han mostrado prácticamente en bloque su preocupación por la "alarma social" que la libertad provisional de los cinco integrantes de La Manada ha provocado. Soledad Murillo, secretaria de Estado de Igualdad, ha pedido comprensión porque "como Gobierno" no puede valorar la decisión judicial, y ha emplazado a leer el auto para "saber por qué se ha llegado a este resultado de libertad provisional".

Su compañera Ángeles Álvarez, portavoz del PSOE en la Comisión de Igualdad del Congreso ha cargado sin embargo contra la medida y ha asegurado que provoca "desafección" hacia la Justicia e "inseguridad" en las mujeres.

Álvarez cree que es una "mala noticia política y de tipo jurídico" que el tribunal haya abierto la puerta a la excarcelación de los condenados y ha insistido en la necesidad de que el Congreso tramite de manera urgente la propuesta que el PSOE ha hecho para mejorar la formación de los jueces en materia de género.

También desde el PSOE, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha asegurado que respeta pero no comparte el auto judicial y, a través de su cuenta de Twitter, asegura que 'hay resoluciones difíciles de entender'.

Podemos ha denunciado el "sesgo machista de la Justicia" que desprende la libertad provisional para los miembros de La Manada, ha respaldado las movilizaciones convocadas para mañana y ha anunciado que presentará en una ley integral contra las violencia sexuales para aumentar la protección de las víctimas.

Irene Montero, portavoz de la formación morada en el Congreso, ha cargado con dureza contra la medida, que ha tachado de "insulto para las mujeres".

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha calificado en Twitter de "preocupante que unos condenados por abuso sexual queden en la calle pudiendo reincidir mientras esperan sentencia firme". Por ello, Rivera ha abogado por "reforzar nuestro sistema penal para tapar estas grietas" y ha expresado su apoyo a la víctima.

Por su parte, IU asegura que el auto judicial deja claro que "tenemos una justicia patriarcal' y expresa su "estupor y rechazo absoluto", así como señala que en España "tenemos un serio problema con una justicia claramente patriarcal".

Una vista y muchos nervios

El Palacio de Justicia de Pamplona había acogido esta semana una vista entre los magistrados que han tomado la decisión, y que decidieron la condena, y los abogados de las dos partes, para decidir qué hacer con los cinco condenados. Las cosas han salido tal y como el abogado de los condenados previo entonces.

Durante aproximadamente hora y media, la vista tuvo lugar sin audiencia pública. Al salir, el abogado de la víctima, Miguel Ángel Morán afirmó ante los medios que se había ratificado en la petición de la prórroga de la prisión provisional.

"Eso es lo que queremos y lo que hemos venido a pedir, una prórroga", declaró el abogado, quien ha dicho sentirse "confiado" en que se atenderá su solicitud.

También solicitó la prórroga el abogado que representa al Gobierno de Navarra y el letrado del Ayuntamiento de Pamplona, Víctor Sarasa, quien afirmó que, en la vista, insistió "en el riesgo de fuga, en la gravedad de los hechos considerados probados en la sentencia".

El abogado de cuatro de los cinco miembros de la Manada, Agustín Martínez Becerra, aseguró por su parte que sólo contemplaba la posibilidad de puesta en libertad y, si no es así, recurrirá en amparo ante el Tribunal Constitucional.

Martínez habló sobre una posible fianza para la puesta en libertad que, según el voto particular del juez de la Sección Segunda del pasado 14 de julio, debería rondar los 6.000 euros.

Sobre los condenados, tres de los cuales han asistido a la vista y los otros dos la han seguido por videoconferencia desde la cárcel en Madrid, ha aseverado que han estado "tensos" y "pendientes de una decisión que sin duda les puede cambiar la vida".

En ese sentido, apuntó que, de prorrogarse la prisión provisional, se trataría de "una pena anticipada que no cabe en el derecho español" y por ello, si se decide que sigan en prisión, presentará un recurso ante el Constitucional.

Tras mostrarse convencido de que los miembros de la Manada regresarán a Sevilla, pero "por sus propios medios y no con protección policial", el abogado entendió que, de los argumentos para la prisión provisional, "no queda ninguno", ya que en su opinión no hay riesgo de fuga, una vez conocida la condena a nueve años de prisión, de los que ya han cumplido dos.

Además, ha consideró que el riesgo de reiteración delictiva es "algo absolutamente injustificable, ni tan siquiera en su planteamiento". "No puede aplicarse con carácter tan restrictivo la prisión provisional", subrayó.