En qué consistirá la ley de equidad sanitaria para blindar la sanidad pública

El pasado fin de semana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizaba un importante anuncio durante un mitin de las elecciones andaluzas. El Gobierno ha aprobado este martes, en la reunión del Consejo de Ministros, la tramitación de un anteproyecto de ley para evitar que se privatice la sanidad pública.

Se trata de la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud, que según ha publicado El País, tiene como grandes objetivos el de garantizar la universalidad de la sanidad, liminar el copago del transporte sanitario no urgente y el de prótesis y ortopedia para las personas vulnerables priorizando la gestión pública directa o limitar a lo imprescindible las derivaciones de pacientes al sector privado al tiempo que se minimiza la diferencia de prestaciones por comunidades.

Según han explicado fuentes del Ministerio de Sanidad a dicho diario, la finalidad última es la de unificar la cartera de servicios en todo el país para que todos los ciudadanos gocen de las mismas prestaciones, independientemente del lugar donde residan.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha confirmado las líneas maestras de esta nueva norma en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Darias ha defendido la utilidad de una norma que genera discrepancias en los socios de Gobierno.

“En la gestión y administración de centros se contempla la excepcionalidad, pero no se quiere especificar cuáles son esas excepciones, nosotros las queremos puntualizar más y aquí es donde hay de momento un desacuerdo que no se ha resuelto. Si la ley no sirve para parar que los negocios queden fuera de la salud de la población, consideramos que esta ley no cumple nuestras expectativas”, ha relatado Amparo Botejara, la responsable de Sanidad de Podemos, en declaraciones a la Cadena SER.

Acceso universal a la sanidad

Tal y como reseña El País, una de las metas de este anteproyecto que deberá ser enmendado y ratificado en el Congreso es el de garantizar que todas las personas residentes en España, independientemente de si lo hacen de forma regular o irregular, tengan acceso gratuito a la sanidad. Según explica el citado medio, hay un resquicio legal que da las CCAA la posibilidad de negar este derecho a quienes no lleven tres meses viviendo en el país o no puedan acreditarlo.

En este sentido, fuentes próximas al texto del nuevo anteproyecto han señalado a El País acabará con esa suerte de vacío legal: “Lo que hace es que obliga a la atención inmediata de todo el que lo solicite, y a posteriori se podrá comprobar en qué situación está esa persona. También garantiza la atención a las víctimas de trata de personas o de redes de prostitución. Dejará de ser algo interpretable por las comunidades porque estará en la ley”.

Acabar con los copagos

Si la ley de equidad sanitaria acaba siendo una realidad, acabará con los copagos del transporte sanitario no urgente y los productos ortoprotésicos para los colectivos más vulnerables, lo que beneficiaría a cerca de seis millones de personas. Entre ellos se encuentran: personas perceptoras del ingreso mínimo vital, pensionistas con rentas más bajas, menores con discapacidad reconocida y a personas de rentas bajas por hijo a cargo. La norma apunta a que haya un catálogo de productos gratuitos en todas las comunidades autónomas.

Gestión pública directa

Otra de las grandes claves de esta ley es la que busca poner coto a las derivaciones a la sanidad privada. En la información de El País se recoge que hay comunidades que utilizan de forma sistemática esta práctica, en ocasiones sin que el paciente sea informado previamente de que será atendido en un centro privado.

El objetivo principal es convertir en excepción esta práctica, en situaciones en las que sea absolutamente imprescindible. Para ello la idea es la de “blindar” el sistema público de salud identificando como modelo la gestión directa.