Asignatura pendiente

La mitad del Hemiciclo aplaudiendo, mientras la otra mitad se pone en pie y golpea sus escaños gritando “libertad, libertad” con lazos naranjas en las solapas. Un Congreso partido en dos… y la misma víctima de siempre en el país: la educación. La Cámara Baja ha dado el visto bueno este jueves a la ley Celaá, la nueva reforma educativa que vuelve a salir sin el consenso de los grandes partidos.

Se acaba la ley Wert, pero la nueva norma -que debe pasar ahora por el Senado- nace también con mucha polémica. El PP, Vox y Ciudadanos levantan su voz estos días y gritan contra esta reforma impulsada por el Gobierno de coalición del PSOE y de Unidas Podemos. Una nueva batalla política que tienen como principales quejas por parte de la derecha y de la ultraderecha del castellano como lengua vehicular y el supuesto peor trato para la educación concertada.

Si los ciudadanos son favorables en las encuestas a grandes acuerdos de Estado, los políticos españoles no saben (o no quieren) hacerlo. Se vuelve a escenificar esa lucha cainita que ni siquiera ha tenido una tregua durante la pandemia del coronavirus, la situación más dramática del país desde la Guerra Civil. Y en la educación nunca se logra llegar a un acuerdo desde que volvió la democracia. El que más cerca estuvo de hacerlo fue Ángel Gabilondo, al frente del Ministerio en la época de José Luis Rodríguez Zapatero, con un pacto casi cerrado y que rechazó a última hora el Partido Popular.

Esta imagen de discordia cala entre la población, que sigue considerando la educación como uno de los grandes problemas de este país. Y también causa malestar entre los propios docentes y el alumnado, que se ven enfrascados en esta lucha partidista. ¿Qué pasa? ¿Perjudica esta división al nivel educativo de los jóvenes? ¿Es un apéndice más de la historia de las dos Españas? ¿Quién sale perdiendo y quién gana?

Para Jesús Manso, profesor del Departamento de Pedagogía de la Universidad Autónoma de Madrid e investigador sobre profesorado, competencias y educación comparada e internacional,  la “razón de fondo” para que no haya consensos es “que en España no nos creemos la educación como parte necesaria del bien común”.

“Después hay otras razones asociadas, que son de las que más se hablan, como que la educación está ideologizada. Pero en el fondo en España no tenemos la conciencia de que la educación es un bien público que contribuye al bien común”, ahonda en su idea. Para añadir: “Entonces se convierte en una herramienta muy útil para otras finalidades”.

Hace esta reflexión: “La educación no debería ser un cromo político”. “Esto ha sido una tradición de todas las leyes en España”, señala sobre la falta de acuerdo. Surge la pregunta de si la falta de acuerdo afecta al nivel educativo. Manso responde: “Contestaría de entrada que sí. Pero también es verdad que era más fácil responder que sí hace unos años. Ahora mismo está muy desgastado el pacto. Hace cinco años hubiera dicho que sería muy bueno para la imagen de la educación. Ahora si eso pasara, está tan desgastado el asunto, que posiblemente la sociedad ni se lo creyera”.

Dice que incluso, más que de un pacto, lo bueno sería hablar de que hubiera “ciertos acuerdos de mínimos y que no se tuvieran que discutir permanentemente”. Esto llevaría a superar “ciertos debates que no son pedagógicos y sí de carácter polìtico”. Uno de los problemas es que las reformas tienen su caducidad dependiendo de un nuevo Gobierno y no de las necesidades educativas. Por ello, Manso bromea y dice que lo que sería “maravilloso” es que un ministro “dijera que se compromete a no hacer una ley orgánica la próxima legislatura, sino a acordar decretos de mayorías en el Parlamento”. “Eso ayudaría más”, apostilla. En resumen: “acuerdo concretos que tuvieran cierta estabilidad”.

Para el experto en educación e investigador Lucas Gortázar (EsadeEcPol), no se alcanzan esos pactos porque en la educación hay elementos que tienen que ver con la religión, los valores, la relación entre lo público y lo privado y la discusión territorial que “tocan de lleno en los principales conflictos del país”. “Si a eso le sumamos que en el sector educativo no hay liderazgos ni iniciativas de la sociedad civil lo suficientemente fuertes para contestar a esa politización con un debate más transversal y pausado, pues se acaban aprobando leyes con unos con el puño en alto y otros gritando libertad”, manifiesta.

Sentencia sobre esta imagen en el Congreso: “Ha sido un espectáculo bochornoso”. Pero reitera que desde el mundo educativo no son capaces de organizarse y de desarrollar iniciativas que tienden puentes: “Factores externos e internos”. “En esta ley ha habido errores, el Gobierno la ha planteado como una contrarreforma de Wert”, pero también señala, ante las críticas del PP, que ni el español va a desaparecer ni la escuela concertada.

Gortázar comenta que se ha disfrazado de batalla ideológica lo de la concertada, algo que es “más invisible pero más sencillo: va a haber menos alumnos en la próxima década, por lo tanto hay que cerrar colegios y contratar menos profesores. Está en juego esa batalla de intereses”. 

Sobre si afecta luego a nivel educativo esa falta de acuerdo, Gortázar remarca que sí “por dos motivos”. El primero: “los profes, los coles, incluso los que están de acuerdo, se hartan de esta historia y empiezan a no tomarse en serio la legislación y empiezan a desinteresarse por la ley. Genera una cierta desafección”. “Por otro lado,  si tú tienes contestación política y tienes comunidades tan pobladas del PP como Andalucía y Madrid, el impacto normativo será más limitado”.

A estas preguntas contesta también Andreu Navarra, pedagogo, profesor de secundaria y de la UOC y autor del libro Devaluación continua: “Creo que escenifican un conflicto falso para generar falsas polémicas en los medios y redes. En realidad todos aplican las mismas recetas europeas. Discuten para no cambiar nada, no nos apartamos del espíritu de la LOGSE y no corregimos la infrafinanciación”.

“Estas reformas educativas sólo son tsunamis burocráticos, en realidad el sistema público sigue degradándose por infrafinanciación y por la negativo de los políticos a aceptar la realidad tozuda del fracaso de todas las leyes. La finalidad de esas leyes es escenificar que se está haciendo algo, en realidad no se cambian las direcciones propias de la austeridad y del extremo centro”, asevera Navarra.

Va más allá e incluso dice que no cree que la educación mejorara si hubiera un gran pacto: “Todos los partidos están de acuerdo en recortar y maquillar las inquietantes informaciones sobre nuestra capacidad para enseñar. Cada vez enseñamos menos y peor por culpa de leyes que fomentan la ignorancia”.

Al hilo, hace este análisis: “Una política progresista de verdad apoyaría la instrucción directa, los contenidos académicos y la corrección auténtica de las desigualdades sociales. Todos los partidos estarían de acuerdo en hundir cada vez más al alumno desfavorecido. En ese sentido, tanto la LOMLOE como las leyes del PP acentúan la degradación de nuestro patrimonio escolar. En España, no hay ni un solo político que crea en el conocimiento poderoso. No sé si por ineptitud, por incultura o por puro clasismo. Ese hipotético Pacto de Estado seguiría reproduciendo las recetas europeas, que son una calamidad”.

“Un paso adelante y uno atrás”

Esta situación de la educación en la política española la retrata muy bien el corresponsal del New York Times Raphael Minder en su reciente libro ‘¿Esto es España?’. Cree que es el “ejemplo elocuente del planteamiento de dar un paso adelante y otro atrás”. 

“En 2013 me recibió en su despacho el entonces ministro de Educación, José Ignacio Wert, quien se deshizo en elogios al hablar de la reforma que había planeado y que prometía proporcionar a los estudiantes españoles unas herramientas óptimas para completar sus estudios, gracias a las cuales entrarían en el mundo laboral mejor preparados que los que acababan de hacerlo en mitad de la crisis financiera”, describe, añadiendo: “Para respaldar su afirmación de que España necesitaba con urgencia una reforma educativa, Wert repartió un grueso folleto con datos que subrayan los defectos en el sistema escolar, entre ellos, de manera especial, la alta tasa de abandono escolar”.

Señala entonces: “Al cabo de unos meses, el Congreso aprobó la ley Wert, pero solo para sumir al sector educativo en un enconado debate sobre su utilidad. El Tribunal Constitucional derogó después parte de la ley Wert —en concreto, la relativa a la enseñanza lingüística—, antes de que, en 2018, el recién creado Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez enterrara definitivamente el proyecto por completo”.

“Dos años después, mientras escribo estas líneas, el Gobierno de Sánchez todavía no ha establecido de manera exacta qué sistema educativo alternativo seguirán los estudiantes españoles. Ciertamente, el coronavirus ha asestado un enorme y repentino golpe a las escuelas y universidades, pero el errático, partidista y estéril debate sobre la educación es en sí mismo una enfermedad que puede dañar de forma más duradera a las generaciones venideras en España”, plasma negro sobre blanco.

España ve nacer una nueva reforma educativa… sin ningún gran acuerdo.