Las pensiones en España: una reforma incompleta

La pasada semana, el Gobierno de España, junto al resto de partidos que conforman la oposición, sacaba adelante lo que denominaban como “nueva reforma de las pensiones”. En esta nueva reforma, basada principalmente en la extinción del no nato factor de sostenibilidad y en la indexación plena de las pensiones al IPC, se implementaban cambios que, de acuerdo con este mismo Gobierno, garantizaban la sostenibilidad del sistema, a la vez que reforzaban un pilar esencial de nuestro Estado de bienestar.

Sin embargo, es curioso que sigamos denominando “reforma de las pensiones” a una reforma que, de acuerdo con los principales economistas en el país (Fedea, Funcas, Civismo…), no solo no garantiza su sostenibilidad, sino que requiere de la aplicación de otras medidas que, como también garantizaban muchos economistas, no prevén salir adelante fácilmente. Y es que, la reforma aprobada es, como la denominaban, la reforma fácil, basada principalmente en el gasto del Estado. No obstante, queda una segunda parte de la reforma, la difícil y la que garantiza la sostenibilidad, la cual podría demorarse por los efectos que esta tendría, tanto en los pensionistas como, por ende, en el voto.

En este sentido, los cambios que se introducen en esta primera parte son, en esencia, tres. Por un lado, se recupera la indexación plena de las pensiones a la inflación, ligándose las pensiones a los vaivenes que sufra el IPC; por otro lado, se deroga, como decíamos, el no nato factor de sostenibilidad, el cual garantizaba que las pensiones se adaptaban a la esperanza de vida y a los recursos con los que cuenta el Estado, grosso modo; y, por último, la reforma contempla el compromiso del Estado de aportar recursos adicionales en caso de que hicieran falta, por lo que, de tener que seguir incrementando el gasto a costa de incrementar nuestra deuda, el Gobierno hará todo lo posible para que así se haga.

Como vemos, estas medidas, basadas en revalorizar las pensiones en función del IPC, en derogar el factor de sostenibilidad que las limitaba, así como en seguir ensanchando el gasto de las pensiones en tanto en cuanto lo requiera el sistema, son medidas basadas en incrementar el gasto. Sin embargo, es curioso que ya estemos afirmando cómo la nueva reforma garantiza la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones, especialmente cuando queda en el aire la introducción de un mecanismo de equidad intergeneracional cuyo diseño se desconoce, un nuevo factor de sostenibilidad para garantizar la financiera y demográfica del sistema, el posible alargamiento del período de cómputo de la pensión, así como una revisión al alza de la base máxima de cotización. 

Como vemos, precisamente son las medidas que garantizan la sostenibilidad de nuestro sistema, insostenible por la estructura que presenta este actualmente, las que no se han aplicado y de las que se desconoce la fecha de aplicación. El Gobierno pretende impulsar y sacar adelante esta reforma, pero por el momento hemos se han puesto en marcha medidas basadas en incrementar el gasto del Estado. Por ello, decir que estas medidas garantizan la sostenibilidad, cuando no se han contemplado aquellas para contener el creciente e inafrontable gasto, es una afirmación muy peligrosa. Ni el ajuste contable para liberar al sistema del gasto asistencial que representa el sistema no contributivo podemos contemplarlo como una medida para contener el gasto, ya que deberá afrontarse como si de otra partida contable se tratase.

La situación que atraviesa nuestro sistema de pensiones, al menos para los economistas y los lectores de la prensa económica, es bien conocida. Éste presenta un gasto creciente que no podemos afrontar, y que pretende agravarse con el paso del tiempo y la jubilación de los baby boomers. A nivel demográfico, la población joven con la que cuenta el país es bastante escasa, y si a eso le sumamos que las cotizaciones no mejoran para estos, y que vivimos en el país con más paro juvenil de Europa, los números no salen. La tasa de dependencia, que mide la relación entre cotizantes y pensionistas, pretende llegar a la paridad en 2050, y ninguna medida contempla lo que comentamos.

A nivel financiero, las cuentas que presenta el país, basándonos en nuestra deuda y nuestro déficit, están muy deterioradas tras la crisis ocasionada por la pandemia, y si tenemos en cuenta que hablamos de las pensiones más caras de Europa, teniendo en cuenta la tasa de sustitución, y unas pensiones que ya estamos pagando con cargo a la deuda pública, la situación es bastante complicada. Las pensiones, hoy, representan la mayor partida de gasto público del país, con un peso en el PIB equivalente al 10%. Sin embargo, para 2050 se espera que este gasto crezca hasta situarse en el 17% del PIB, y ninguna medida contempla mecanismos para afrontar dicho gasto de forma sostenible.

Por todo ello, la reforma que ha sacado adelante el Gobierno es, precisamente, la que demandaban los pensionistas, pero no los cotizantes y los economistas en el país. Incrementar el gasto de forma indefinida, como promete esta nueva reforma, no garantiza la sostenibilidad, sino que amenaza, aun más, dicha sostenibilidad. Por ello, es conveniente dar a conocer la situación a la sociedad y ponernos a trabajar, pues sí es cierto que la reforma aplicada garantiza las pensiones de los pensionistas, de los de hoy, pero ¿quién garantiza las pensiones y el futuro de los jubilados del mañana? Esta es la incógnita que seguimos sin despejar.