Las claves de la semana: El Gobierno entra en tiempo de descuento

De nuevo la bronca, el numerito de Rufián, el escupitajo —lo fuera o no— los abucheos, los insultos, los modos tabernarios... y la degradación del debate público. Nada nuevo, salvo que el diputado más tuitero de ERC ya tiene el dudoso honor de ser el segundo parlamentario en la historia de la democracia expulsado del hemiciclo.

Sólo hacen falta tres llamadas al orden y ya. Lo dice el artículo 104 del Reglamento. El 103 establece los motivos por los que puede ser amonestado por la presidencia. Uno, cuando "profirieren palabras o vertieren conceptos ofensivos al decoro de la Cámara o a sus miembros, de las Instituciones del Estado o de cualquiera otra persona o entidad". Dos, cuando en sus discursos "faltaren a lo establecido para la buena marcha de las deliberaciones". Tres, cuando con interrupciones o de cualquier otra forma "alteraren el orden de las sesiones". Y cuatro, cuando retirada la palabra, "pretendiere continuar haciendo uso de ella".

Hace tiempo que Rufián había cruzado el Rubicón de la paciencia de Ana Pastor. Pero antes que él hubo un Pujalte con similares dotes para el bufonismo. Era del PP y llegó a retar al socialista Manuel Marín -entonces presidente de la Cámara Baja- a que llamara a la Policía para que lo detuviera y lo sacara del pleno. Así que no, ni en la vida ni en la política española se puede sostener siempre que cualquier tiempo pasado fue mejor. Mucho menos que el incidente más bochornoso ocurrido en el Parlamento español fuera con el que esta semana abrieron todos los digitales e informativos a causa del más bufido que escupitajo al ministro Borrell.

La memoria es tan frágil y selectiva que pocos se acuerdan ya que hubo una ocasión, no hace tanto, en que socialistas y populares tuvieron que sujetar a Rafael Hernando para que no pegara a Alfredo Pérez Rubalcaba al término de una Diputación Permanente, que cada vez que José Antonio Labordeta subía a la tribuna de oradores los insultos proferidos desde la bancada popular le impedían hilvanar sus intervenciones o que la oposición se mofaba, día sí y día también, del abuelo fusilado de un presidente del Gobierno. Esto por no hablar de las palabras gruesas que no capta el audio del hemiciclo, pero sí recogen los diarios de sesiones gracias a la labor de las taquígrafas o del Rajoy que acusó a Zapatero de traicionar a los muertos.

La hemeroteca es una fuente inagotable de bochornosos e indecorosos espectáculos parlamentarios, si bien el problema de las formas es mayor cuando afecta a lo nuclear, que es el deterioro de las instituciones y la estabilidad del sistema democrático. Ocurre, casualmente, siempre que la derecha está en la oposición.

¿Recuerdan? "La cultura de la crispación existió porque no había manera de vencer a Felipe González con otras armas. Hubo que elevar la crítica hasta extremos que a veces afectaron al propio Estado (...) Como los ataques, muy fuertes en el 92-93, no terminaron con él, vimos que era necesario elevar el listón de la crítica. Entonces se buscó ese mundo de las irregularidades, de la corrupción... No había otra manera de quebrantarlo. Y aún así perdió las elecciones por menos de 300.0000 votos, a pesar de haber lanzado contra él unas de las mayores ofensivas que se hayan desencadenado contra un político. Era un hombre con una potencia política del tal calibre que era necesario llegar hasta el límite y poner en riesgo el Estado con tal de terminar con él".

Aquellas palabras fueron, años después de la derrota del PSOE en 1996, el reconocimiento del periodista Luis María Ansón de que un sector de la prensa espoleado por la derecha política y empresarial presionó al mundo judicial para atizar el fuego de la erosión contra un presidente elegido democráticamente. Una operación de acoso y derribo que, según confesión de uno de sus artífices, puso en riesgo el Estado mismo.

Y aquello, lo ocurrido entonces, es donde hay que buscar el origen de la crispación y la degradación de la vida pública. De aquellos polvos, estos lodos. Entre lo uno y lo otro, en el imaginario colectivo permanecen aún los atentados del11-M, el "ha sido ETA", el regreso del PSOE al poder y el empeño de la derecha político-mediática en negar legitimidad a un presidente cuya victoria en ocasiones llegaron a atribuir a las bombas y no a los votos.

En respuesta o en venganza, Zapatero pactó con los nacionalistas una reforma del Estatut de Cataluña que, por primera vez, excluía a la derecha de una revisión del llamado bloque constitucional. Circunstancia ésta que hoy se reconoce como un gravísimo error por algunos históricos socialistas y el origen a la actual y grave crisis territorial.

Quebrados desde hace años los consensos básicos de la Transición y con un presidente hoy no elegido en las urnas pero mediante un instrumento perfectamente constitucional como es la moción de censura, la derecha cabalga de nuevo a lomos de una crispación que vuelve a poner en riesgo la estabilidad de las instituciones y el sistema democrático. Pedro Sánchez es un presidente al que el PP niega toda legitimidad por haber llegado a La Moncloa con el apoyo de "golpistas, populistas y amigos de los terroristas" (sic). Existiera o no Rufián, la estrategia hubiera sido idéntica porque el PP siempre tuvo un sentimiento de pertenencia del poder y de las instituciones. "Que caiga España, que ya la levantaremos", dijo Montoro cuando el PP se negó a apoyar el ya célebre decreto de mayo de 2010 con el que Zapatero aplicó los recortes exigidos desde Bruselas para evitar la intervención de los "hombres de negro" sobre la economía.

Hoy, vuelven blandir el espantajo de la ingobernabilidad para doblar el pulso a un presidente con una exigua mayoría parlamentaria, unos socios como los del independentismo catalán instalados en la irracionalidad y un Gobierno que, dicho sea de paso, entre la mañana y la noche cambia tres veces de opinión.

Hay crispación, hay inestabilidad, pero no más que en entre 1993-1996 o 2004-2011. La diferencia con aquellos tiempos es que un Gobierno que lleva sólo seis meses ha entrado en tiempo de descuento y que, además, ha hecho méritos para ello. Hasta su principal socio, Pablo Iglesias, ha dado solemnemente por rota la mayoría que hizo posible la moción de censura contra Rajoy y ha reconocido que no se puede gobernar por decreto con 84 diputados.

Hay que estar preparados para todos los escenarios y el de que las elecciones generales sean el próximo marzo es uno de ellos, aunque desde La Moncloa defiendan que esa fecha es incompatible con una agenda que el presidente quiere implementar antes de la disolución.

El superdomingo era un opción defendida a priori por el ministro y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y por el jefe de Gabinete de Sánchez, Iván Redondo, que ha provocado un auténtico incendio entre alcaldes y presidentes autonómicos y que, finalmente, no será. O mucho cambia el panorama con los resultados del 2-D o vayan preparando las papeletas. Sólo falta poner la fecha...