La solemne indocumentación del periodista Puigdemont
Y Carles Puigdemont y Casamajó dijo, con gran pompa y solemnidad:
"Soy periodista y siempre he entendido que hay límites, como la privacidad, que nunca se han de violar..."
¿Sólo como la privacidad? ¡No me diga!
Así, así, así, trataba de enviar a córner el revuelo causado por su esclarecedor tuiteo modelo 'trumpista' con su ex consejero de Sanidad Toni Comí, revelado por el 'Programa de Ana Rosa' en 'Tele 5'. Un trabajo periodístico atrevido pero impecable; de esos que el sentido común, pero también la doctrina judicial, considera un servicio publico de primera necesidad.
El ex presidente catalán fugado, al que le dio mal de altura cuando se encaramó a una república montada en una nube arrastrada por ráfaga de viento polar, había dicho a su amigo cosas como que "esto se ha terminado", "los nuestros nos han sacrificado", "el plan de Moncloa triunfa..." Y ante el fenomenal escándalo el político huido en Bélgica hizo lo que siempre resulta mal: matar al mensajero. La culpa es de la forma en que se consiguió el documento, no del documento en sí.
Inmediatamente toda la corte de Waterloo – hay cuervos volando, ave de malos augurios- siguió sus pasos. Los medios de comunicación del 'Govern' y la prensa fiel de la mano tendida – a ver lo que cae- la ninguneó, y se puso en marcha el borrado y la ceremonia de la confusión.
La masa llena de fe, que considera que todo lo que no sea de "los nuestros" es perverso sencillamente por ser "de los otros", de los españoles, comulga con esa rueda de molino de que la privacidad es sagrada y que eso no lo discute nadie.
Claro, hay que tener en cuenta que Carles Puigdemont siempre ha sido un periodista que podríamos llamar 'orgánico' o 'dependiente' pagado con el dinero público para hacer, más que periodismo, propagandismo nacionalista.
Claro que 'agit-prop' y periodismo son, sin embargo, dos cosas esencialmente diferentes que buscan objetivos antagónicos. Uno busca mediante la manipulación y el engaño aumentar la parroquia repitiendo mil veces si fuera necesario el argumentario decretado por la superioridad; y el otro busca la verdad. Puigdemont con sus tuit demostró que ocultaba la verdad detrás de la pose y la máscara. Ana Rosa Quintana demostró que ella, y su equipo, buscan la verdad detrás de la apariencia y el trampantojo.
No es cierto que sea pecado mortal de ley violar la privacidad de un político. Un político en cuanto personaje publico ve disminuidos – en consideración reiterada hasta la saciedad por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional- su derecho a la intimidad. Hay varias sentencias demoledoras, que aparecen como una constante referencia en todos los ámbitos jurisdiccionales: por ejemplo la STC 172/1990: "....su participación en los asuntos públicos permite una injerencia más amplia en sus propios asuntos por parte de la opinión pública, o, como afirma el propio Tribunal Constitucional, su honor e intimidad están sometidos a un mayor nivel de restricción(...)
Por este camino transita la STS 2002/8499 que, como recoge una sentencia de un juzgado de Primera Instancia, el 9 de Las Palmas de G.C., que la utiliza como sustento "...los derechos de la personalidad, entre los que se encuentran el honor y la propia imagen, defienden intereses privados de sus titulares, mientras que las libertades publicas- entre ellas la de información y expresión- defienden a la vez intereses privados de sus titulares y un interés público esencial en el desarrollo de una sociedad libre, democrática y pluralista, como es el de la formación de una opinión pública libre e informada..."
Pero es la sentencia del TC del 27/10/ 1987, la que quizás más repercusión en cascada ha tenido, y que con mayor diafanidad dirime el conflicto, como recuerda la STS 565/2003: "... en la persona de proyección pública, el honor disminuye, la intimidad se diluye y la imagen se excluye, lo cual ha tenido especial repercusión en temas políticos...."
La cuestión de fondo es la que está detrás de esos tuit, y que el periodista Puigdemont no ha considerado digno de ser tenido en cuenta: el derecho a la intimidad absoluta en un político viene a ser una especie de ilegítima 'materia reservada' que le inmunizaría frente a cualquier responsabilidad en el ejercicio de su cargo.
Lo importante en este 'momento procesal', sensu contrario, es que él, el presidente destituido de la Generalitat, por organizar un golpe de Estado territorial en Cataluña, no ha observado la 'ley suprema' a la que está sujeto incluso el Rey, que ha de acatarla para reinar. La Constitución.
Puigdemont, y todos sus consejeros, los fugados, los que permanecen en la prisión y los mediopensionistas, y los dirigentes de todos los partidos separatistas 'proactivos', han ignorado y violentado en manada la Constitución que los obliga ya desde el artículo I. España es indivisible, y ellos han intentado dividirla mediante un 'tejerín' consistente en burlar no solo a la Constitución y al propio Estatut sino a todas las instituciones. El engaño, la 'astucia' traducida a la práctica de la que hablaba a la zorruna Artur Mas, nunca es buena solución,
Violar el marco legal obligatorio, las leyes fundamentales de un Estado, tiene siempre consecuencias, como no se cansa de explicar el ex primer ministro de Francia con Hollande, Manuel Valls, de orígenes catalanes, precisamente. "Una rebelión siempre tiene un coste". Lo ha vuelto a remachar en San Sebastián el pasado sábado día 3: "No se puede salir de una Constitución, del marco que fija el Estado de derecho, sin pagar las consecuencias. Una sociedad sin autoridad ni funciona".
Los que siguen bailando la sardana republicana a pesar de la que les está cayendo, no deben prescindir de tener en cuenta algunas 'formalidades' constitucionales: la Constitución española tiene un artículo 155 hasta que se cambie, cosa que previsiblemente no va a ocurrir por largo tiempo; aparte, no es como un yogur con fecha de caducidad. Y tiene también otros artículos de mayor severidad coercitiva. Y además, la maquinaria judicial con varios juzgados y tribunales, y fiscalías, que investigan y juzgan los delitos relacionados con el 'levantamiento' y su minuciosa preparación con fondos públicos malversados no puede pararse.
Solo una vez dictadas las sentencias cabría la posibilidad de perdón, en alguna de sus formas y gradaciones. Pero hasta ese instante, defender la desjudicialización y su relevo por el chalaneo político en vez de culminar la vía judicial sencillamente no puede ser, y como diría Tayllerand "lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible".
Una interrupción foránea y extemporánea del procedimiento reglado aumentaría el ya preocupante índice de desprestigio español en el mundo provocado por la corrupción generalizada y, en estos tiempos, por la profundidad de la que afecta al partido que sustenta al gobierno de la nación. Además de su responsabilidad penal por el intento de golpe territorial, también el gobierno catalán tiene un serio problema de corrupción sistémica en el partido de Puigdemont desde que Pujol empezó a gobernar. El cobro de comisiones, los cohechos y sobornos, la rapiña, en suma, no desapareció con el relevo de Pujol, sino que, como parece demostrado, han continuado hasta ahora.
Y, sí. Una de las pocas veces que Puigdemont ha dicho algo veraz, creíble, sensato, sincero, aunque con mucho retraso, quizás porque el fanatismo ciega, ensordece y enmudece, ha sido lo que ha conseguido trasladar a la opinión pública el equipo de Ana Rosa Quintana: " esto se ha terminado; los nuestros nos han traicionado; el plan de Moncloa triunfa...".
Aunque incluso en medio de esta aparente confesión sincera, aparece la deformación: no ha sido el 'plan de Moncloa' el que ha triunfado, sino el plan del Estado de Derecho bajo el firme liderazgo del rey Felipe VI, respaldado por una gran mayoría parlamentaria y la inmensa mayoría de los españoles, y más de la mitad de los catalanes.
Por otra parte, dudo de que este fuera el verdadero 'plan A' de la Moncloa. Más bien parece que el plan soñado por el aplatanado Rajoy era dejar que actuara el tiempo y que apareciera un hada madrina que sacara la varita mágica y lo solucionara todo, incluso los problemas del Real Madrid.
En toda esta trama, en fin, no hay que olvidar el papel de entusiasta apoyo para la comisión del delito que ha tenido la radiotelevisión pública de Cataluña. Han abdicado de sus obligaciones éticas y profesionales, e ignorado las reglas deontológicas de la profesión. Al fin y al cabo han utilizado y utilizan aún esos medios como los militares felones utilizan los tanques que les han sido entregados para defender la Constitución para hacer todo lo contrario.
