La salud es lo que importa también en democracia
Nadie pone en duda que la salud es lo que importa. En democracia también. La sentencia de la trama Gürtel que condena al partido de gobierno, por mucho que intente maquillar la literalidad del fallo, exige decisiones firmes y también firmeza en definir en qué lugar se ubica cada cual. El registro de la moción de censura por parte del partido socialista resulta, sin duda, un mecanismo de higiene democrática que no debería ser estéril. La sentencia de la Audiencia Nacional que certifica la existencia de una caja 'b' para financiar al Partido Popular neutraliza el argumentario, cuando no lo ridiculiza, al que desde la sede de Génova se recurrió para encubrir un secreto a voces.
Recordar ahora a Trillo decir que la Gürtel fue un 'montaje de la policía de Rubalcaba' sonroja todavía más que entonces. El parapeto de 'hasta que los tribunales se pronuncien' ya tampoco vale. Ya lo han hecho. Y de manera contundente contra el partido de Mariano Rajoy y contra él mismo al cuestionar que su declaración como testigo se ajustara en todo momento a la verdad de los hechos. La sentencia contra los populares sumada a esta sospecha convierten en insostenible la situación en un país que se tiene por democrático. No basta con decirlo. Hay que demostrarlo en el día a día.
No habrá fecha más adecuada para ello que aquella que se fije para esa moción de censura que se decide tras la inaceptable respuesta de los implicados a sus graves delitos. Su virtualidad radica, tal y como ha expresado el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en recuperar la dignidad democrática que está en tela de juicio cuando el partido del Gobierno no está ya bajo sospecha sino bajo sentencia judicial. También supone esta moción una inmejorable ocasión para que cada fuerza parlamentaria demuestre con los hechos lo que sostiene con sus palabras.
Respaldar a un gobierno adscrito a una organización con una reconocida caja 'b' y liderado por un presidente cuestionado en un escrito judicial por sus declaraciones en una causa por corrupción es incompatible con la ética, la honestidad y la transparencia. Principios todos ellos que, pese a lo que se puedan creer algunos partidos, no pertenecen en exclusiva a ninguno sino a quienes obran en consecuencia con aquello que dicen defender. Negar la crisis institucional abierta tras esta sentencia es negar la realidad. Adoptar decisiones difíciles como se ha hecho desde el partido socialista es tratar de cambiar a mejor esa realidad. Es lo que merece la ciudadanía.
Ha querido el destino que este fallo haya coincidido en el tiempo con la detención del ex president de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, por prácticas cometidas cuando desempeñaba esta responsabilidad. Que no haya sido una sorpresa da idea de la magnitud de la corrupción en esta tierra que hoy cuenta con un gobierno del cambio dedicado al interés común y no al propio. Se podría hablar tanto sobre tramas, mordidas, comisiones, influencias y demás anomalías durante los veinte últimos años de gobiernos del PP que basten dos datos de una elocuencia indiscutible. Tres de los cuatros ex presidentes de la Generalitat valenciana del PP han sido investigados por corrupción y cinco de los ocho consellers de Sanidad del mismo partido imputados. La voluntad popular emanada de las urnas quiso que, desde 2015, esto sea ya un recuerdo del más oscuro pasado. Ahora lo que cuenta es el futuro y tiene una fecha de inicio.
