La propuesta española para el mercado de la luz abarataría el kilovatio de 200 a 90 euros

España ha pedido a Bruselas que le dé libertad para fijar sus propios precios de la electricidad, al margen del sistema europeo. Pero en las instituciones europeas ese ruego no gusta, porque rompe la unidad de los Veintisiete, un club donde las urgencias son menores a las que tiene España porque no en todos los países los precios se pagan a lo que se paga en nuestro país.

Pese a que la solicitud española no tiene visos, hoy, de fructificar, el Gobierno insiste en sus bondades y hace presión para convencer a más estados europeos. Según explicó anoche en Hora 25 de los Negocios la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica del Gobierno, Teresa Ribera, la propuesta española para el mercado de la luz abarataría el kilovatio de 200 a 90 euros, un alivio para los particulares y las empresas.

“Pensemos que no es algo que modifique de forma permanente el sistema actual, sino una referencia actual que depende de cuál sea el precio del gas en el mercado mayorista de cada uno de los estados miembros. En un estado como el nuestro en el que el mercado mayorista representa el 15-20% eso sería el equivalente al precio del gas y el resto serían el equivalente al resto de tecnologías. Estaríamos manejando una reducción muy significativa. Cortaría la señal de coste de la nuclear en torno al 50% y haría que el kilovatio estuviera más cerca de los 90 euros que de los 200 actuales”, expuso.

Ribera defiende que la propuesta elevada por España “no es algo que modifique de forma permanente el sistema actual”, sino “una referencia actual que depende de cuál sea el precio del gas en el mercado mayorista de cada uno de los estados miembros”. En España, el mercado mayorista representa el 15-20% y “eso sería el equivalente al precio del gas y el resto serían el equivalente al resto de tecnologías”. “Estaríamos manejando una reducción muy significativa -insiste-. Cortaría la señal de coste de la nuclear en torno al 50% y haría que el kilovatio estuviera más cerca de los 90 euros que de los 200 actuales”.

La ministra niega cualquier tipo de enfrentamiento con la UE, defiende que dan el paso porque el problema de la luz les preocupa “mucho”, que respeta “el hecho de que contamos con un mercado interno de la electricidad y que el diseño regulatorio corresponde a Bruselas”, pero por eso sólo plantean medidas “temporales”. “Sabemos que genera reticencias en estados miembros y sabemos que los ritmos de la Comisión son complicados. Somos respetuosos y se hacen otras propuestas pero queremos que la Comisión estudie esta propuesta para que los países miembros den señales de precio distintas”, defiende.

Ribera habla de “debate” para” orientar líneas de trabajo puede que llegue o no a bien puerto”. Asume que no ha sido bien recibido por algunos estados miembros y por la Comisión, pero entiende que, a lo largo de noviembre, “la Comisión debería hacer un análisis más profundo de hasta qué punto el mercado eléctrico, el mercado de gas y el de CO2 tienen margen de mejora”. “Creo que es precipitado pensar que vayamos a contar con esta propuesta y que lo vaya a incorporar el Consejo Europeo, pero creemos que hay que empezar a hacer propuestas concretas y dejar el debate genérico”, explica, asumiendo la lentitud de los tiempos europeos.

Buscando apoyos

Mientras, su compañera la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, también aseguró anoche que el Gobierno seguirá trabajando para ampliar el apoyo de su plan para amortiguar la escalada de los precios de la energía.

Tras su intervención en la clausura de la XVIII Jornada Nacional de Periodistas de la Asociación de Periodistas Europeos (APE), la también ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital dijo que el Ejecutivo espera que en las próximas semanas se aprueben una serie de recomendaciones a nivel europeo que serán tratadas en la próxima cumbre de jefes de Estado en diciembre, en la línea de la confianza expresada por Ribera.

Calviño también volvió a defender la necesidad de actuar a nivel europeo “con una sola voz”, llevando a cabo el aprovisionamiento de las reservas estratégicas del gas, erradicando la especulación en los mercados de derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2) y mejorando el marco regulatorio para evitar su dependencia del gas.

Sin embargo, la vicepresidenta remarcó que en el contexto actual de altos precios de la energía es entendible que haya “diferentes puntos de vista”, ya que cada país comunitario tiene una situación “muy diferente” en sus mercados nacionales en función de su dependencia del gas.

Calviño, de una amplia experiencia en las instituciones europeas, no cree que se haya recibido un jarro de agua fría, entiende que las propuestas del Ejecutivo han sido “bien acogidas”, y defiende, además, que España “probablemente el primer país que ha puesto sobre la mesa la importancia de responder al alza desmesurada de los precios del gas en los mercados internacionales”.

Así, la vicepresidente asegura que el Gobierno es consciente de el impacto económico que tiene esta situación tanto en los bolsillos de las familias como en la competitividad de las empresas.

En este sentido, ha defendido las nuevas medidas aprobadas este martes por el Consejo de Ministros para proteger la competitividad de la industria electrointensiva, así como el refuerzo del bono social con una transferencia de cerca de 100 euros a los consumidores que se benefician de esta ayuda.