La política española: tapar agujeros y poner tiritas a los problemas de la emigración

Gran parte de la diáspora española estará la próxima semana atenta al Congreso de los Diputados de nuestro país, con los primeros pasos hacia la aprobación de la ley de memoria democrática.

Por fin.

Digo gran parte, ya que hay un alto porcentaje de nuestros compatriotas en el exterior que no muestran ningún interés por todo aquello que se discute y vota en España. ¿Y por qué habían de mostrar interés cuando hay tal nivel de desinterés, en muchos casos, por nuestras necesidades? 

El tener a los emigrantes conectados y enchufados a la vida política de nuestro país solo se puede conseguir cuando se nota que hay interés y voluntad política por saber de nuestros problemas, y esto se materializa en propuestas en sus programas electorales destinados a la tercera provincia de España, que es la provincia exterior con mas 2 millones y medio de españoles.

La ley de memoria democrática es una ley amplia y compleja, y tiene unos apartados que se fijan, por fin, en intentar solucionar un problema que llevamos luchando en el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior durante lustros, y que es el tema de la nacionalidad.

Digo lustros ya que la ley de memoria histórica de 2007 dejó varios errores que 14 años después se intentarán corregir, si los señores diputados lo permiten.

El primero es aquel que usurpó de la nacionalidad española a nuestras compatriotas, madres y abuelas, quienes al casarse con ciudadanos originarios del país de acogida la perdían, y así se cortaba la vía de que sus hijos y nietas pudieran disfrutar de la misma. Problema que no sucedía con los hijos de emigrantes varones, que nunca perdían la nacionalidad y la pasaban a sus descendientes… leyes misóginas que deberían haberse resuelto hace décadas.

También se despojó de la nacionalidad a los ciudadanos que debían asumir otra nacionalidad para poder trabajar en el país de acogida, y estos son los que ayudaron a subsistir económicamente a miles de pueblos en España gracias a su trabajo y las remesas que enviaban. Fueron “recompensados” con la retirada de la nacionalidad española en otro caso claro de leyes injustas y que no se ajustaban a la realidad de un país que expulsó a cientos de miles de españoles por razones políticas, ideológicas o económicas.

En 2007 se ofreció a muchos hijos y nietos que aún no habían cumplido la mayoría de edad la posibilidad de optar por tener la nacionalidad española de origen (y de no origen) según dispuso el articulo 20.1 a) del Código Civil, pero se dejaron el tintero la posibilidad de que los hermanos mayores de edad también pudieran lograrlo. Ahora, casi 3 lustros después, la ley en el Congreso podría solucionar estos casos. Familias en las que unos hermanos tienen nacionalidad española y otros no.

La ley que va a ser aprobada es un remiendo que solucionaría en gran parte el problema que existe con una ley que no es tan generosa como la de países vecinos como Portugal, Italia o Alemania, pero es el primer paso a dar… no el último, ya que hay otros casos no incluidos que deberán ser contemplados en el futuro.

La propuesta de Ley de Descendientes, ya registrada en la mesa del Senado, de la exsenadora por En Comú Podem, Sara Vilá Galán, era más completa y así lo reconocieron los sectores más afectados, llegando a cubrir por ejemplo el caso de los mayores de edad que no solicitan mantener la nacionalidad española antes de cumplir los 21 años. 

Muchos españoles desconocen ciertas reglas o leyes, que entendemos deberían ser promocionadas y aclaradas por todos los consulados generales de manera automática a sus ciudadanos al cumplir los 18 años… pero no ocurre.

Igualmente se puede dar el caso, y hemos constatado que se ha dado, de personal laboral o funcionarios de algún consulado general que interpretan la ley de manera incorrecta. Ha habido constancia de trabajadores de consulados excediéndose en sus competencias al abrir expedientes de retirada de nacionalidad a jóvenes que habían demostrado haber seguido ejerciendo su “españolidad” en trámites burocráticos diversos entre los 18 años y los 21.

Según se han demostrado estas irregularidades, los Cónsules Generales han corregido los errores llegando a ofrecerse disculpas, y lo más importante aún, se está rectificando a través de la recuperación de la nacionalidad que ningún funcionario tiene derecho a retirar en base a una errónea interpretación de una ley, que por otro lado se desconoce por la población.

La ley de memoria democrática, si llega a buen puerto, eliminará una de las peticiones que desde el exterior tenemos, y la siguiente parada en el camino hacia unos derechos plenos estará en la derogación del voto rogado.

En septiembre de 2020, y en 2019 ya escribía sobre estas mismas líneas, esperando que se diera el último paso. Pero pasan los meses y los años, y a pesar del consenso, no encuentran en sus ocupadas agendas del Congreso y Senado el momento para retirar las trabas para que votemos que nos impusieron en 2011.

La política española no se puede definir como un sistema que reconozca errores rápidamente, y menos que lo resuelva, pero parece que por lo menos el momento de la rectificación se acerca. Esperemos que sea antes de la primavera, y con tiempo para que podamos votar en las primeras elecciones que serían las andaluzas de diciembre de 2022.  

Quizá haya llegado el momento de poder preocuparnos por empezar a trabajar en lograr mejorar la oferta de aulas ALCE para nuestros hijos en el exterior, o asegurarnos de que los procedimientos se modernizan y los recursos consulares pueden cubrir las necesidades reales de una diáspora que crece, y dejemos de gastar energías en recuperar derechos fundamentales que jamás debieron ser arrebatados como el voto o la nacionalidad.

Quizá una vez tengamos el voto podamos, por ejemplo, plantear la posibilidad de crear una circunscripción exterior, la provincia 53. Pero no, la emigración no es prioridad…