La ONU sostiene que Aung Suu Kyi debió renunciar por la violencia contra los rohingyas
Naciones Unidas critica a la líder de facto de Birmania por su pasividad.
El comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, ha dicho este jueves que la líder de facto de Birmania, Aung San Suu Kyi, debió renunciar el año pasado por la operación miliar contra la minoría rohingyas, que causó un éxodo de 700.000 refugiados a Bangladesh.
En unas declaraciones a la cadena BBC, Al Hussein ha considerado que la ganadora del premio Nobel de la Paz y del Sájarov europeo tendría que haber considerado volver al arresto domiciliario en vez de excusar a los militares.
Un informe de la ONU concluyó esta semana que hay elementos de "genocidio intencional" en la operación militar de hace un año en el estado birmano de Rakáin (oeste) contra los rohingyas, y que los responsables de las Fuerzas Armadas deben ser investigados.
En el documento, Naciones Unidas también critica a la líder de facto de Birmania por su pasividad. "Estaba en una posición como para hacer algo. Podría haberse quedado callada, o mejor todavía, podría haber dimitido", ha resaltado el jefe del Alto Comisionado. "No había necesidad de que ella fuese portavoz de los militares birmanos", ha agregado.
"Podría haber dicho (...) 'estoy dispuesta a ser la líder nominal del país pero no en estas condiciones. Muchas gracias, voy a renunciar, vuelvo al arresto domiciliario", ha insistido.
El informe de la Misión Internacional de Investigación de la ONU ha constatado que "los crímenes cometidos en el estado de Rakáin, y la manera en la que fueron perpetrados son similares en su naturaleza, gravedad y alcance a aquellos que han permitido establecer un genocidio intencional en otros contextos".
Los expertos investigadores instaron al Consejo de Seguridad de la ONU a referir el caso a la Corte Penal Internacional (CPI) o a crear un tribunal internacional penal 'ad hoc' para juzgar esos crímenes.
Mientras tanto, sugirieron que deben imponerse sanciones individuales contra los presuntos responsables identificados y un embargo armamentístico contra Birmania (Myanmar).
