La necesidad de acciones estructurales frente a la emergencia energética

La escalada de precios en los mercados energéticos en el último año se ha visto agravada en las últimas semanas por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, provocando una subida aún mayor de los precios internacionales del gas en una época invernal de alta demanda en toda Europa. No obstante, la principal causa que provoca los actuales altos precios de la energía y, en especial, de la factura eléctrica en nuestro país, no es la coyuntura del conflicto bélico en Ucrania ni la estacionalidad invernal, sino el diseño estructural de nuestro mercado eléctrico, que favorece una fijación de precios fuera de los mecanismos lógicos de cualquier otro mercado y menos entendible en el caso de un derecho básico como es la energía.

En estos últimos meses, los precios medios mensuales del kilovatio / hora se han multiplicado entre tres y seis veces respecto a la primavera y del invierno pasados, mientras que los costes de generación no han sufrido grandes variaciones en la mayoría de las tecnologías, salvo en el caso del gas —que apenas representa una cuarta parte de la generación eléctrica del sistema peninsular—, que ha multiplicado sus precios prácticamente por 10 con respecto a las cifras de hace un año.

Estas cifras nos muestran de forma nítida los desequilibrios del diseño del mercado eléctrico, que no consigue amortiguar y absorber las subidas que se producen en una sola de las fuentes de generación eléctrica. La arquitectura de nuestro sistema eléctrico no aplica a los consumidores los costes reales de generación, sino que utiliza mecanismos de equiparación por arriba que, de forma injustificada, elevan el precio de todas las tecnologías cuando se produce una subida de costes en una sola de ellas. Este defecto de diseño proviene de la ley 54/1997 del Sector Eléctrico impulsada por el Gobierno de José María Aznar.

Esta ley del Partido Popular introdujo las subastas del mercado mayorista que son el origen de los elevados precios de la electricidad para los consumidores finales, situando a España en el quinteto de países con la electricidad más cara dentro de la Unión Europea y generando un grave problema de pobreza energética que afecta a casi siete millones de personas en nuestro país. También se genera un grave problema de competitividad de la industria en España, que pese a los esfuerzos reglamentarios como la normativa sobre consumidores electrointensivos aprobada por el Gobierno de coalición en sus primeras semanas de legislatura, ha provocado que numerosas industrias se hayan visto abocadas a parar en el actual contexto de elevados precios de la electricidad, perdiendo capacidad competitiva frente a los sectores industriales de otros países competidores.

Las reglas que operan en el mercado mayorista de electricidad no guardan ninguna relación con cualquier mercado convencional, una situación aún más grave tratándose de un bien, como la electricidad, básico para las familias y las empresas. Su diseño de hace un cuarto de siglo refleja el poder del oligopolio eléctrico, recién privatizado de forma completa en aquellos momentos, y la ausencia de contrapoderes públicos dentro del mercado que puedan poner coto a las prácticas de este oligopolio privado.

Todas las tecnologías presentes en el mercado ofertan la electricidad que generan en función de sus costes operativos, con las naturales oscilaciones entre tecnologías que dependen de materias primas y procesos operativos costosos (como el gas) y otras que generan electricidad de fuentes energéticas renovables disponibles a coste cero, donde solamente influyen las inversiones de instalación y los costes de mantenimiento. Frente a esta lógica disparidad de costes, el juego tramposo que representa el sistema de subastas fija como precio final para todas las tecnologías el precio de la oferta más cara, teniendo que pagarse todos los kilovatios / hora al precio de aquel que ha costado más. Por poner un ejemplo del propio cableado eléctrico y los metales conductores, pagamos el cobre a precio de oro.

Estos mecanismos son especialmente conflictivos si consideramos el elevado beneficio que obtienen las grandes empresas del sector: cabe recordar que la suma de los beneficios netos de las dos mayores empresas fue de 5.300 millones de euros en 2021. Estas empresas son propietarias de la gestión de algunas nucleares e hidroeléctricas desde hace varias décadas, instalaciones con costes de generación bajos e inversiones sobradamente amortizadas tanto por su antigüedad como por unos costes de transición a la competencia aprobados con el objetivo de garantizar la cobertura de la inversión inicial frente al nuevo escenario competitivo abierto a mediados de los años 90 del siglo pasado y que fue diseñado por el Gobierno de Aznar.

Estos jugosos beneficios guardan una relación directa con la fijación de precios del mercado que produce la denominada sobrerretribución del sistema eléctrico, conocida de forma oficiosa como los “beneficios caídos del cielo”, y que van directamente a los bolsillos del oligopolio de las cinco grandes compañías que controlan la red de distribución, la potencia de generación de forma mayoritaria y un elevado porcentaje de la comercialización a clientes finales.

El acuerdo de Gobierno firmado a finales de 2019 incluye como medida en este ámbito “realizar los cambios normativos necesarios en relación con el funcionamiento del mercado eléctrico para acabar con la sobrerretribución (conocida como “beneficios caídos del cielo“) que reciben en el mercado mayorista determinadas tecnologías que fueron instaladas en un marco regulatorio diferente, anterior a la liberalización y que han recuperado sobradamente sus costes de inversión”. Las recientes subidas desorbitadas de la factura eléctrica ponen de manifiesto la urgencia de avanzar de forma definitiva en esta medida.

Para ello, el Gobierno de coalición ha dado varios pasos desde 2020 que sirvan para solventar este defecto del sector eléctrico español, apoyando de forma decidida las energías renovables, que cuentan con costes variables muy reducidos y evitan los problemas que presenciamos de la dependencia energética del exterior, y creando el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico para que una parte de los costes fijos del régimen retributivo de las renovables no formen parte de la factura eléctrica de los consumidores y podamos incrementar nuestra soberanía energética.

También se ha avanzado en un proyecto de ley que permita abordar una parte de los “beneficios caídos del cielo” aplicado a aquellas instalaciones que se pusieron en funcionamiento antes de la entrada en vigor del mecanismo de mercado de derechos de emisión y que no emiten gases de efecto invernadero. Dichas instalaciones se construyeron y entraron en operación con anterioridad al acuerdo europeo sobre la puesta en marcha del mercado de derechos de emisión y estos sobreingresos de retribución del CO2 no emitido no fueron tenidos en cuenta en el momento de construir dichas instalaciones.

Para ello, el proyecto de ley por el que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico regula un descuento de beneficios en la retribución de las fuentes no emisoras puestas en servicio con anterioridad a la entrada en vigor del mercado de derechos de emisión y que no estén reguladas por el régimen de las energías renovables.

Tanto lo recaudado dentro del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico como por los mecanismos de minorización del CO2 no emitido en tecnologías no amortizadas se destinará a reducir la factura eléctrica, vía consumidores vulnerables en el caso del fondo o a través de mecanismos de mercado en el caso de la minoración de beneficios por CO2 no emitido. No obstante, ambas normativas se encuentran en trámite parlamentario y en el contexto actual es necesario acelerar su aprobación para poder conseguir su activación y una consiguiente reducción efectiva de la factura eléctrica cuanto antes. Estas medidas, además deben acompañarse de otras políticas más ambiciosas que sienten las bases para un sistema eléctrico al servicio del país y de las necesidades de la ciudadanía. De forma adicional, se debe desacoplar de forma general los costes por tecnología, actuando de forma prioritaria con el caso del gas y poniendo fin de forma completa a los “beneficios caídos del cielo”, abaratando la factura de la luz de todos los consumidores.

Para ello, un primer paso crucial es la actuación urgente del Consejo Europeo de esta semana para poder avanzar en una ordenación del mercado eléctrico que responda las necesidades de los hogares y del tejido productivo. También es posible utilizar mecanismos que limiten los precios máximos del mercado mayorista para alejar burbujas alcistas, pero con máximos coherentes con la serie histórica, de ahí la propuesta de Unidas Podemos de fijarlo en 75 euros por MWh, una cifra más ambiciosa y acorde al registro de precios anteriores al verano de 2021 que los 180 euros propuestos por la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

No obstante, no solo es pertinente actuar en el ámbito de la ordenación del mercado eléctrico, sino que también es urgente reforzar la protección social de los consumidores y luchar contra la pobreza energética de forma efectiva, mediante un Plan de Emergencia Energética que ponga en marcha medidas como un cheque de 300 euros destinado a las 19 millones de familias acogidas al mercado regulado (PVPC) de la electricidad, el que más directamente se está viendo afectado por la reciente escalada de precios.

Otra medida inaplazable de carácter estratégico es la creación de una empresa pública de energía que permita situar un contrapoder dentro de un sector caracterizado por su escasa competencia, al estar en manos de un oligopolio de cinco empresas, y que aporte transparencia acerca de los costes reales del sistema, sirviendo para reducir la factura eléctrica, además de poder gestionar con el foco del bien social y ecológico recursos tan relevantes como los almacenamientos hídricos. Esta medida podría servir también para evitar situaciones tan escandalosas como las vividas el pasado verano, cuando se vaciaron pantanos, degradando ambientalmente los cauces en la época anual de menor disponibilidad, para aprovechar los altos costes energéticos, sin ningún tipo de escrúpulo sobre el uso social del agua o sobre los caudales ecológicos.

Según datos de la OCDE, las empresas estatales de energía de los países que forman parte de la organización representan el 62% de la potencia eléctrica instalada y poseen más de la mitad de las plantas proyectadas o en construcción. Estos datos contrastan con los del mercado eléctrico de España, el segundo más privatizado de toda la OCDE, solo por detrás de Portugal, puesto que la energía eléctrica producida por el sector público supone solo el cinco por ciento del total.

La reciente Proposición de Ley presentada por Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados para la creación de una empresa pública de energía ha tratado de revertir esta situación y alinearnos con los países de nuestro entorno en los que ya existe participación pública en empresas energéticas, como Francia, Italia, Suiza, Austria, Holanda o Finlandia.

Esta empresa podría crearse con un volumen significativo de la producción, partiendo de la reversión a la gestión pública de la explotación de las concesiones de las centrales hidroeléctricas, según vayan caducando dichas concesiones. Según los datos de Red Eléctrica Española, estas centrales representaron en 2020 en torno al 12% de la electricidad generada. Ese volumen de producción permitiría implementar un mayor control de precios por parte del Gobierno central y traducirlo en una rebaja en la factura de la luz, reduciendo los problemas de pobreza energética. Sin embargo, el pasado 22 de febrero los votos en contra de PSOE, PP, VOX, Ciudadanos y PNV impidieron la creación de esta empresa pública por ley.

No obstante, el carácter de suministro esencial de la energía eléctrica, especialmente en los hogares en situación de vulnerabilidad, y como elemento productivo de gran relevancia para empresas e industrias, hace más necesario y urgente que nunca reconsiderar las posturas y aplicar estas reformas de nuestro sistema eléctrico, representando la mejor forma de cumplir con el acuerdo de Gobierno, como compromiso ante nuestra ciudadanía y con compromisos internacionales como la Agenda 2030 o el Acuerdo de París, para lograr sistemas energéticos descarbonizados que garanticen el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna, tal y como se recoge en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7.

La electricidad está llamada a desempeñar un papel fundamental en la transición hacia una economía descarbonizada, objetivo que España, en el contexto de la Unión Europea, ha asumido con determinación y firme compromiso, en especial a través de las políticas de despliegue de la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética. La transición que necesita nuestro país no solo debe buscar una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero gracias al despliegue ordenado de las renovables, sino que esta extensión debe acometerse garantizando su democratización, mediante generación distribuida, autoconsumo e integración urbana que minimicen al mismo tiempo los impactos sobre los espacios naturales y sobre el medio rural, y nos permita avanzar en nuestra soberanía energética como base para la sostenibilidad en el tiempo de un nuevo modelo económico y social más justo que tenga en cuenta las necesidades de la gran mayoría de la gente.