La mayoría de escuelas concertadas cobra cuotas ilegales a sus alumnos, principalmente en Cataluña y Madrid
En casi la mitad de los concertados de estas dos comunidades, los pagos superan los 100 euros.
Nueve de cada diez de los centros privados concertados, sostenidos con dinero público y que en teoría son gratuitos, cobran cuotas mensuales por enseñanzas obligatorias, que en el caso más extremo superan los 900 euros de un colegio de Cataluña, la comunidad con la cuota media más alta del país, seguida de Madrid y País Vasco.
Además, la situación tiende “a empeorar” y no la ha corregido la última reforma educativa (Lomloe), según han denunciado la vicepresidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA), Leticia Cardenal, y la presidenta de la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE), Elena Cid, durante la presentación del Estudio de Cuotas y Precios de Colegios Concertados.
De acuerdo con los resultados de su séptima edición, un 90% de los concertados cobran una cuota base a las familias, que en Cataluña y la Comunidad de Madrid es del 100%, y de todo ellos el 46% exige 100 euros o más.
El análisis, realizado por la consultora Garlic B2B, emplea la metodología del cliente misterioso, en la que simulan ser familias que piden información para matricular a sus hijos en el curso 2022-2023.
Su directora de proyectos, Amparo Núñez, ha censurado la “opacidad” para obtener la información sobre las tarifas y aportaciones que tienen que hacer las familias, en concepto de qué las cobran, los horarios o los contenidos que justifican su pago.
Un 44 % de los colegios no entrega ninguna hoja de precios a las familias; un 21% sí la entrega pero sin identificar el nombre del centro; solo un 8% detalla los precios de las actividades y servicios, y un 36 % no plantea los precios de manera espontánea en las entrevistas con las familias, deben ser ellas quienes pregunten por este aspecto.
De las respuestas de los 326 centros de siete comunidades se desprende una enorme disparidad, que van desde los cero euros a los 923 euros mensuales del colegio catalán Sant Paul’s School.
Las cuotas base mensuales más altas están en Cataluña (191 euros), País Vasco (160) y en la Comunidad de Madrid (119), mientras que en el otro extremo se sitúan Aragón (38), Galicia (38), Andalucía (42) y Comunidad Valenciana (74).
Estas cuotas son obligatorias en el 76 % de los casos, contraviniendo la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, que ampara la gratuidad de la educación obligatoria en centros sostenidos con fondos públicos.
La situación lejos de corregirse está empeorando “cada año”, ha subrayado Elena Cid, quien ha destacado que la Ley Celaá no ha ayudado a que se cumpla la normativa, pese a que en su artículo 88 se prohíbe esta práctica de forma expresa.
Tanto Cid como Cardenal han invitado a las familias a denunciar ante el Defensor del Pueblo y han avanzado su intención de poner en marcha un canal donde los padres puedan dirigir sus quejas por este asunto.
Durante la presentación del estudio, Amparo Nuñez ha explicado que si la familia se niega a pagar, en el 18 % de los casos hay riesgo de exclusión para el alumno, un dato que aumenta hasta el 31 % en la Comunidad de Madrid.
Así, el niño no podría acudir a las actividades complementarias con el resto de compañeros, por lo que los padres tendrían que ir a recogerlo o quedar aislado del grupo en otro espacio del colegio.
Las cuotas se cobran en concepto de aportaciones, proyectos educativos o actividades complementarias obligatorias dentro del horario escolar y, además, lo hacen por contenidos curriculares esenciales, como puede ser la materia de inglés.
Además, muchos colegios aumentan año tras año su importe, este año destaca la subida de 48 euros mensuales del Jesús María de Barcelona.
Un año más Cataluña lidera la cuota máxima que se cobra a las familias de la escuela concertada, 923 euros (Sant Paul’s School), seguida de País Vasco (536 euros, Alemán San Bonifacio), Madrid (489, Estrella Toledano, incluye comedor y servicios complementarios) y Comunidad Valenciana (486, Gençana).
La presidenta de la Ceapa ha criticado la “paralización” de las administraciones ante estos hechos, tanto autonómica como central, que “no ponen freno a este negocio y que contribuye a la segregación del alumnado”.
En similares términos, Cid ha censurado que la Administración siga autorizando estas prácticas “irregulares”, ya que de modo anual los colegios deben pedir autorización para cobrar las cuotas y ha pedido una mayor vigilancia por parte de la Inspección Educativa.
En los próximos días, Ceapa y Cicae harán llegar el informe completo al Ministerio de Educación y a las consejerías de Educación.
