La Justicia europea obliga a Le Pen a devolver 300.000 euros a la Eurocámara
Le Pen, que ha anunciado ya que recurrirá el fallo, había solicitado a la Justicia europea la anulación de la decisión de la Eurocámara contra ella.
La Justicia europea ha confirmado este martes la decisión del Parlamento Europeo (PE) de exigir a la eurodiputada de la extrema derecha francesa Marine Le Pen la devolución de unos 300.000 euros por no haber demostrado que usó ese dinero en la contratación de una asistente parlamentaria, como aseguraba.
Le Pen, que ha anunciado ya que recurrirá el fallo, había solicitado a la Justicia europea la anulación de la decisión de la Eurocámara contra ella.
En su sentencia dictada este martes, el Tribunal General de la Unión Europea (UE), la primera instancia en Luxemburgo, desestima el recurso de Le Pen y confirma la decisión del Parlamento de exigir la devolución del importe.
Tras conocer el fallo, Le Pen ha anunciado que recurrirá "en breve" plazo la decisión ante la más alta, y ya única restante, instancia del Tribunal de Justicia de la UE.
El portavoz del Parlamento Europeo, Jaume Duch, ha dicho a la agencia Efe que la institución "toma nota de al decisión del tribunal que confirma la decisión de recuperar" lo percibido por Le Pen en concepto de remuneración para una asistente parlamentaria.
Duch dejó claro que el asunto "ha sido tratado de la misma forma exactamente que otros" y ha mostrado su satisfacción porque los jueces de Luxemburgo hayan dado la razón al PE.
El caso se remonta a diciembre de 2016 cuando el PE instó a la eurodiputada a reembolsar 298.497 euros que consideró le habían sido abonados indebidamente en concepto de gastos de asistencia parlamentaria.
La suma correspondía a los pagos de la Eurocámara por una colaboradora contratada por Le Pen como asistente parlamentaria de 2010 a 2016.
El PE acusó a la eurodiputada euroescéptica, que ocupó un escaño en Bruselas y Estrasburgo (Francia) durante ocho años (2009-2017), de no haber aportado pruebas de que esa asistente "hubiese desarrollado una actividad vinculada de modo efectivo, directo y exclusivo a su mandato parlamentario".
Le Pen pidió al Tribunal General de la UE la anulación de la decisión, pero los jueces desestimaron ese primer recurso.
En particular, el tribunal dejó claro que corresponde a los eurodiputados, y no al Parlamento, probar que los importes pagados han servido para cubrir gastos efectivamente realizados y debidos a la contratación de asistentes.
En este caso concreto, añade la sentencia, la eurodiputada "no logró demostrar que su asistente realizara efectivamente tareas para ella" relacionadas con la labor en la Eurocámara ni en sus instalaciones.
Tampoco aportó pruebas Le Pen de que su asistente parlamentaria tuviera un domicilio oficial en Bruselas.
La sentencia frente a Le Pen
La sentencia subraya asimismo que no se han violado los derechos de defensa de Le Pen, quien "tuvo la oportunidad de defender adecuadamente su punto de vista".
Añade que la eurodiputada tampoco ha recibido "un trato discriminatorio y tendencioso, ya que no ha aportado ninguna prueba que permita afirmar que el Parlamento sólo haya abierto procedimientos similares, en el pasado o actualmente, contra los eurodiputados del Frente Nacional".
Los jueces concluyeron, por otra parte, que el secretario general del PE puede tomar decisiones de recuperación de cantidades indebidamente abonadas y que la posibilidad de que el PE decida recuperar cantidades indebidamente pagadas por gastos de asistencia parlamentaria no atenta contra la independencia de los diputados.
En un comunicado, la Agrupación Nacional (AN, la nueva denominación del antiguo Frente Nacional) consideró que el motivo del rechazo del recurso es que "las pruebas del trabajo de la asistenta parlamentaria fueron presentadas por Marine Le Pen demasiado tarde".
"En razón de estas violaciones de los derechos de la defensa, se presentará un recurso muy pronto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea", señaló la AN.
No es la única causa por mal uso de fondos que la Eurocámara tiene que abrir contra políticos euroescépticos, pues los auditores de la institución también han retenido hasta 40.000 euros del sueldo del eurodiputado británico del UKIP Nigel Farage también por mal uso en la contratación de sus asistentes.
