La Justicia da 15 días a la Generalitat para aplicar la sentencia del 25% de castellano en las aulas
El TSJC pide al consejero de Educación que “dicte las instrucciones y establezca garantías de control”.
La Sección 5ª de la Sala Contencioso-Administrivo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado a la Conselleria de Educación de Cataluña ejecutar en un máximo de 15 días la sentencia que obliga a impartir al menos un 25% de horas lectivas en castellano en los centros educativos.
El TSJC ha explicado este lunes que ha requerido al conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, para que “dicte las instrucciones y establezca garantías de control” para que todos los alumnos del sistema educativo catalán reciban al menos el 25% de horas de clase en castellano.
Recado a Vox
En su nota oficial, el tribunal autonómico afirma que la decisión “es consecuencia de la legitimación de una asociación que solicitó la ejecución forzosa” [la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB)]. Sin embargo, apunta que se ha desestimado la solicitud de ejecución forzosa del partido VOX y de algunos diputados del Parlament “por falta de legitimidad”.
La posición de la Justicia autonómica lleva al 23 de noviembre del pasado año, cuando el Tribunal Supremo impuso ese mínimo del 25% en castellano, una sentencia firme tras el rechazo del Alto Tribunal a un recurso de casación del Govern contra una primera sentencia, precisamente del TSJC. Desde entonces, más de medio año de peleas legales.
La posición del Supremo, que tumbó el modelo de inmersión lingüística defendido por la Generalitat y la Consellería de Educación generó una reacción inmediata de la política catalana. El mismo president llegó a apuntar que se trataba de “una injerencia y una falta de respeto a los docente”. Entonces, los responsables del Govern animaron a los responsables de los centros educativos a no hacer ningún cambio, como apuntó el titular de Educación: “Defender e impulsar el catalán es defender y hacer avanzar al país. La escuela, en Cataluña, en catalán”.
El plan del Govern
Sin embargo, un mes después, en diciembre de 2021, Aragonès avanzó un nuevo plan para adaptarse al requerimiento judicial, una “ofensiva legislativa para blindar la inmersión”. Este pasa por ampliar la oferta de docientes, llegando a duplicar la presencia de profesores en algunas aulas para garantizar tanto la enseñanza en catalán como en castellano.
Además, el presidente regional dio orden al cuerpo de inspectores educativos para que intensificase la supervisión de que se cumplen los proyectos lingüísticos en los centros, con el fin de controlar que se den todas las clases originalmente previstas en catalán.
El conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, ha anunciado este lunes que el Ejecutivo catalán presentará recurso de reposición a la interlocutoria del TSJC sobre la ejecución del 25% de castellano.
El conseller ha dicho que presentarán recurso ante esta “aberración de los tribunales” y ha sostenido que el tribunal se extralimita en sus funciones. Cambray también ha asegurado que “los maestros no tienen que cambiar nada” y que “tienen que seguir trabajando”.
