La independencia judicial tiene la piel muy fina

No hay mejor forma de garantizar el respeto por la independencia y el propio arbitrio que demostrar que se están haciendo las cosas bien.

Esta reflexión, que sirve para cualquier ámbito de la vida parece, sin embargo, que no debemos aplicarla a la labor que realizan los y las profesionales de la judicatura en nuestro país. O al menos eso es lo que nos han venido a decir las principales asociaciones profesionales de jueces y magistrados, que se han sentido en la obligación de pedir amparo, en un sorprendente comunicado conjunto, frente a la petición que hemos realizado organizaciones feministas, en referencia al trato que reciben algunas víctimas de la violencia de género cuando se acercan a la justicia a pedir protección.

Porque a nuestras organizaciones llegan mujeres que nos cuentan cosas. Cosas que nos molestamos en estudiar y verificar. Cosas como las atribuciones de visitas a maltratadores condenados a más de dos años de cárcel, cosas como la puesta en duda de la veracidad de su testimonio, cosas como la imposibilidad de presentar pruebas que refrenden los hechos. Cosas, en definitiva, que al menos deben despertar nuestra preocupación sobre cómo actúa la justicia, y sobre si la respetada e imprescindible independencia judicial está garantizando un estándar de calidad mínimo a todas las ciudadanas, y ya que nos ponemos, y ciudadanos, porque la calidad de la Justicia no es un tema que nos competa sólo a nosotras.

Otros ejemplos podemos verlos directamente escritos en las sentencias y los auto judiciales. Sobreseimientos y archivos de peticiones de orden de protección porque se presume que la mujer está mintiendo sin más fundamento que el hecho de que se está divorciando; abusos psicológicos que son calificados como simples escenas de mala educación por parte de los agresores; interpelaciones bruscas para cortar el testimonio de las victimas diciéndoles cosas como "déjese usted de rollos y vaya al grano"; justificaciones de quebrantamientos de órdenes de alejamiento con reproche a las víctimas si lo denuncian, etc, etc, etc...

Además, están las enormes diferencias entre juzgados que muestran los propios datos del Consejo General del Poder Judicial en relación con los sobreseimientos, archivos o denegaciones de órdenes de protección. Datos públicos que no han provocado, no ya un reproche a algunos juzgados que mandan a su casa sin protección alguna a porcentajes de mujeres denunciantes superiores al 75%, sino ni siquiera una mínima investigación sobre las causas de estas cifras, ni por supuesto sobre los ridículos porcentajes en los que se procede a la retirada de visitas de padres maltratadores. Y ante esta realidad que afortunadamente conocemos bien gracias a los datos oficiales, no se puede decir otra cosa que, lo que nos están pidiendo las asociaciones de jueces y magistrados, es un acto de fe.

Y si lo que quieren las principales asociaciones de jueces y magistrados es que nuestra confianza en la justicia y el arbitrio judicial, esté basada en una fe acrítica y ciega, una fe que cierre los ojos a cualquier resultado que produzcan las decisiones de sus señorías, aunque éste sea el de el asesinato de una mujer a la que se denegó una orden de protección, personalmente les diré que me acojo a mi derecho fundamental de libertad religiosa para negarme a ello.

Como representante de una organización social comprometida con la igualdad y la defensa de los derechos de las mujeres y, por lo tanto, de la calidad de la gobernanza democrática, les tengo que decir que forma parte de mi compromiso y obligaciones, denunciar las disfunciones institucionales de las que tengamos conocimiento a través de nuestra intervención social, que por cierto, está reconocida como de utilidad pública, como muchas de las organizaciones que han apoyado esta denuncia. Lo hacemos en relación con otras muchas instituciones y, la justicia no puede estar al margen de esta rendición de cuentas.

Rendición de cuentas, que no control. Tal vez sus señorías deban repasar algunas de las últimas evoluciones en los sistemas democráticos para entender lo que el respeto al arbitrio y la independencia judicial requiere por su parte.

Como reconocen en sus declaraciones las principales asociaciones de jueces y magistrados, lo único que hemos hecho y vamos a hacer las asociaciones feministas es facilitar que las mujeres utilicen un mecanismo que está abierto a toda la ciudadanía y que no es otro que recurrir al amparo del CGPJ cuando reciben un trato desconsiderado, inadecuado, e incluso insultante por parte de los órganos judiciales a los que acuden buscando ayuda. Que las mujeres que denuncian sepan que ésta es una posibilidad y que estamos aquí para ayudarlas. Y lo hacemos 13 años después de la entrada en vigor de la LO 1/2004 de medidas integrales para la erradicación de la violencia de género. Trece años de observación del arbitrio judicial en esta materia.

Pero que no se preocupen los jueces y las juezas, no hemos pedido que se tomen medidas contra nadie, sólo vamos a apoyar a las mujeres que tengan un trato inadecuado en los juzgados y esto, digo yo, que no afectará a todas sus señorías. Sólo hemos pedido que el CGPJ se interese por la actividad de los juzgados e investigue las causas de desviaciones no coherentes con los objetivos de la Ley.

También estamos pidiendo que el Estado indemnice a las víctimas cuando por causa de una decisión judicial sufren un daño. Como le pasó a Ángela González Carreño, que vivió el asesinato de su hija Andrea a manos del hombre que la maltrataba porque el arbitrio judicial y la independencia de un juez consideró que era bueno que la niña viera al padre que había maltratado a su madre y que terminó asesinándola. Aún no la hemos resarcido del daño, porque el Estado español se niega. Aun así, la sensibilidad de las principales asociaciones de jueces y magistrados parece estar dirigidas a defender corporativamente el arbitrio judicial, sea cual sea el resultado de su aplicación en términos de justicia material. Se ve que tienen mucha fe en sí mismas, en su arbitrio y su independencia, y la piel muy fina.

Hace unos meses se ha aprobado un Pacto de Estado contra la violencia de género. Algunas de las medidas que contiene afectan al funcionamiento de los órganos judiciales y apuntan a la necesidad de mejoras en la calidad de la Justicia. ¿Podrían las principales asociaciones de jueces y magistrados hacer algún manifiesto o alguna declaración sobre cómo piensan que debe el Poder Judicial cumplir con las mismas? Es por saber.