La Hacienda catalana necesitaría 4.234 nuevos efectivos para asumir competencias estatales
El ministro Montoro amenaza con sanciones, incluso penales, a quien pague impuestos estatales a la Agencia Tributaria de Cataluña.
La Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) necesitaría ampliar su plantilla en más de 4.000 nuevos efectivos para asumir las competencias de los tributos estatales si se consumara la independencia, tal y como señalan los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).
Los técnicos de Hacienda decoloran así el "Estamos preparados" con que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente económico, Oriol Junqueras, han presentado el despliegue territorial y competencial de la ATC en una rueda de prensa en la que han avisado de que la Generalitat ya estaría preparada para gestionar los tributos.
Sin embargo, de acuerdo a los cálculos de los técnicos de Hacienda se requeriría un Plan de Empleo o de una Oferta de Empleo Público que sumara 4.234 nuevos miembros a la plantilla de la Agencia Tributaria catalana para gestionar los tributos estatales con el mismo número de empleados que en la actualidad, a pesar de que Puigdemont ha afirmado que la estructura territorial ya está preparada para hacer frente a estas funciones.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha respondido al anuncio de la Generalitat con la advertencia de sanciones, incluso penales, a quien pague impuestos del Estado a la Agencia Tributaria Catalana. Las sancionespodrían llegar a la vía ejecutiva, es decir, embargos, o incluso derivar en responsabilidad penal, para las personas físicas y jurídicas que presenten las declaraciones de impuestos exclusivos, según ha explicado el responsable de Hacienda en un comunicado.
ECONOMÍA SUMERGIDA
En cualquier caso, los técnicos de Hacienda recuerdan que la economía sumergida en Cataluña ronda el 24,6% del PIB, al igual que la media estatal, por lo que para reducir el fraude se tendría que duplicar la plantilla actual de la AEAT y aumentar sus competencias y responsabilidades, entre otras medidas. Debe tenerse en cuenta que la administración tributaria española cuenta con la mitad de efectivos que la media de los países de la UE.
Por este motivo, no hay un verdadero aumento de plantilla con los 220 empleados procedentes de los registros de la propiedad que continuarán realizando la gestión que ahora ha recuperado la ATC del impuesto de Transmisiones patrimoniales y del de Sucesiones y Donaciones, como ya lo vienen gestionando directamente las administraciones tributarias de otras comunidades autónomas, como Andalucía, Baleares, Asturias o Canarias.
Por otra parte, Gestha destaca que con el despliegue de 32 oficinas de la ATC, la Generalitat apuesta claramente por la descentralización, precisamente al contrario que la Agencia Estatal, a pesar de que supone una ventaja a la hora de gestionar con efectividad los tributos por esa mayor proximidad al ciudadano y al conocimiento de los hechos imponibles.
Con este despliegue, el Gobierno de Cataluña dice estar preparado para gestionar los tributos de forma independiente a partir del próximo 1 de octubre. No obstante, los Técnicos de Hacienda destacan que está lejos de ser una realidad, pues el Gobierno de España presentará un recurso de inconstitucionalidad contra cualquier norma que altere el marco vigente y el Tribunal Constitucional suspenderá la misma.
CÓDIGO TRIBUTARIO DE CATALUÑA
En este contexto, los Técnicos recuerdan que, hasta la fecha, la ATC cumple con la normativa fiscal y competencial vigente en España. Señalan los Técnicos que la ATC se modificó de acuerdo con los principios del Código Tributario de Cataluña, que se aprobó el pasado mes de julio, dentro de las posibilidades que permite la Ley General Tributaria (LGT) y la normativa que regula el actual sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y las ciudades con estatuto de autonomía.
Precisamente, este Código se redactó como un calco de la normativa estatal para evitar que se declarase inconstitucional y así pudiera salir adelante, aún con el rechazo de toda la oposición del Parlamento Catalán. Lo mismo que sucede con la Agencia Tributaria catalana, que presenta pocas novedades respecto a la estructura de la AEAT.
