La hacienda catalana completa su despliegue y Puigdemont avisa: "Estamos preparados"

Un paso más. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras, han presentado este lunes el despliegue territorial y competencial de la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC), y han avisado: "Estamos preparados".

Lo han explicado este lunes en rueda de prensa acompañados del secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, y el director de la ATC, Eduard Vilà, en un acto que ha servido para dar el pistoletazo de salida al funcionamiento de 19 nuevas oficinas de la ATC.

Puigdemont ha destacado que con estas nuevas oficinas se ponen "las estructuras necesarias para que Catalunya esté preparada para dar respuesta a la voluntad que expresen los catalanes en el referéndum del 1 de octubre".

Junqueras ha detallado que la ATC está lista para recaudar 42.000 millones de euros en impuestos, 15 veces más de lo previsto para este año y 34 veces más de lo que se recaudó cuando se inició el despliegue de la nueva red de oficinas hace dos años.

La ATC prevé recaudar más, porque hasta ahora solo gestiona impuestos no periódicos ni masivos -como el de donaciones y sucesiones-, pero ahora ya tiene capacidad de ingresar todos los impuestos, también los masivos y periódicos, y Junqueras ha dicho que en este nuevo capítulo de competencias no incluye ni la Seguridad Social ni las cotizaciones.

Junqueras ha detallado que el primer impuesto de este segundo tipo que ha empezado a gestionar la ATC es el que grava las bebidas azucaradas: "Y va todo bien, está siendo un éxito colosal gracias al esfuerzo de mucha gente en muy poco tiempo".

LA ATC TRAS EL REFERÉNDUM

Preguntado por si la ATC quedaría sobredimensionada si ganara el 'no' el 1-O y quedara desactivada como hacienda propia, Junqueras ha defendido que no: "En todo caso, entonces se adaptará a los retos del futuro, sea cual sea".

Si ganara el 'sí', Junqueras ha dicho que "seguro que el Estado contribuirá a respetar las reputaciones cruzadas y a dialogar" con la Generalitat para hacer el traspaso de las competencias tributarias del mejor modo posible.

Preguntado específicamente por si la ATC está preparada para la gestión del IRPF y el IVA, Junqueras ha respondido que "el objetivo es tener la máxima capacidad posible".

Por ahora, el plan de despliegue prevé que la ATC tramite desde octubre el pago del IPRF, el IVA y el impuesto de sociedades de unas 700 entidades públicas y de los entes locales que lo pidan --actualmente lo han solicitado unos 120--.

TOTAL "SEGURIDAD JURÍDICA"

Puigdemont ha defendido que la ATC es una auténtica estructura de Estado que da "absoluta seguridad jurídica" a ciudadanos y organismos, y que desplegar sus oficinas ha sido un auténtico hito histórico.

"Muchos auguraban que todo esto acabaría en catástrofe, y hoy ya estamos preparados para funcionar bien como un país", y ha añadido que la ATC garantiza proximidad y eficiencia.

También ha destacado que gestionar los propios impuestos permitirá combatir más el fraude fiscal y así "generar más recursos para inyectarl políticas públicas y favorecer una presión fiscal adecuada y justa".

UNIDAD CONTRA EL FRAUDE FISCAL

Precisamente sobre el fraude fiscal, Junqueras ha añadido que se ultiman los detalles para crear una Unidad contra el fraude fiscal de alcance internacional, homologable a "las más avanzadas del mundo".

Para esta unidad se sacarán a concurso 24 nuevas plazas de inspectores y 40 de gestores tributarios: "Teniendo el control de todo el proceso y siguiéndolo de cerca, tendremos una visión de 360 grados que nos permitirá detectar mucho mejor el fraude".

MÁS OFICINAS, EMPLEADOS Y RECAUDACIÓN

Con el despliegue de la ATC se ha pasado de 4 oficinas a 32 -las hay en todas las veguerias y en cada comarca de la región metropolitana barcelonesa-, y el capital humano pasará de 321 a 800 empleados hasta fin de año: 220 proceden de los registros de la propiedad -el 80% de este colectivo ha sido recolocado en la ATC-.

La nueva red de oficinas podrá subastar bienes embargados y asumirá la recaudación ejecutiva de 850.000 deudas: unos 70.000 de la Generalitat, unos 300.000 del Servei Català de Trànsit (SCT), unos 170.000 de las diputaciones y unos 300.000 de otros organismos.