La Guardia Civil registra la sede de Unipost y detiene a su director general
Investiga la participación de esta empresa postal en los preparativos del 1-O.
La Guardia Civil ha detenido este jueves a Pablo Raventós, director general de Unipost, para que presencie el nuevo registro que se está realizando desde primera hora de la mañana en esta empresa de mensajería vinculada al procés independentista desde la consulta que se celebró el 9 de noviembre de 2014, han informado a Europa Press fuentes de la investigación. Se le investiga por, entre otros, un delito de malversación. Raventós ha quedado en libertad a última hora de la tarde.
Raventós ha sido trasladado a la sede de Unipost en Hospitalet de Llobregat donde el 19 de septiembre se encontró en otro registro 45.000 certificados nominales listos para su envío al objeto de constituir las mesas electorales del referéndum ilegal del 1 de octubre.
Los investigadores hallaron otra documentación relevante para la investigación sobre la logística del referéndum ilegal del 1 de octubre. En concreto se descubrió un contrato por valor de siete millones de euros que llamó la atención de los agentes, por lo que lo incluyeron en las diligencias.
Las citadas fuentes han explicado que Raventós está investigado por, entro otros, un delito de malversación. El nuevo registro ordenado por el Juzgado de instrucción número 13 de Barcelona busca recabar nuevas pruebas sobre la financiación del 'procés'. Además de la sede central en Hospitalet de Llobregat se han ordenado otros registros, entre ellos en unas oficinas en la calle Mallorca de Barcelona.
Antón Raventós, presidente de Unipost, empresa que se encuentra en concurso de acreedores, aparece en el sumario del Juzgado de instrucción número 13 por los seguimientos que llevó a cabo la Guardia Civil. El 15 de septiembre, cuatro días antes del registro en esta empresa, se reunió con los altos cargos vinculados al 'procés' Francesc Sutrias y Xavier Vendrell.
A petición de la Guardia Civil, el titular de este Juzgado pidió el 7 de noviembre a la Generalitat de Cataluña que le informara del coste económico de la consulta. Concretamente, reclamaba información a la administración catalana de la publicidad sobre la consulta y su difusión en medios de comunicación y los costes en el material electoral.
El Juzgado 13 de Barcelona investiga desde hace meses los preparativos del 1-O y las estructuras de Estado que idearon los miembros del Govern de Carles Puigdemont para alcanzar la independencia. El pasado 5 de diciembre, ordenó a la Policía Nacional que se personara en la sede del Instituto de Estadística (Idescat) para recabar pruebas sobre el censo, después de que varios ciudadanos denunciaran el supuesto uso fraudulento de datos personales para su elaboración.
El otro registro en Unipost, ordenado por el Juzgado Número 3 de Terrassa en funciones de guardia, se llevó a cabo el 19 de septiembre en varias sedes de Unipost en Manresa, Barcelona y l'Hospitalet de Llobregat.
En aquella ocasión el Ministerio del Interior consideró que se había intervenido el 80% de las comunicaciones necesarias para cubrir las mesas electorales. La Generalitat anunció el día de la votación del 1-O que utilizaría un censo universal, de forma que cada ciudadano pudiese votar en el colegio que estimara oportuno.
