La fosa de Pico Reja, donde mil muertos esperan restitución junto a Blas Infante

Blas Infante, el Padre de la Patria Andaluza, fue fusilado -no “muerto por fusilamiento”, como ha escrito en Twitter el Parlamento de su tierra- el 11 de agosto de 1936, en los inicios del golpe de estado fascista. Fue asesinado en una cuneta, en la carretera que une Sevilla con Carmona, a unos cuatro kilómetros de la capital, tras una de las sacas de la cárcel en que se convirtió el Cine Jáuregui. Unos falangistas lo habían detenido ocho días antes en su casa de Coria del Río, donde hoy se alza el Museo de la Autonomía de Andalucía.

Sevilla fue la primera capital de provincia peninsular en caer bajo el yugo de los que se hacían llamar nacionales, debido a la violenta insurrección que comandó el teniente Gonzalo Queipo de Llano. A sangre y fuego, que escribiría Chaves Nogales, todo atisbo de republicanismo fue silenciado en la ciudad. Se abrió una primera fosa común en el cementerio de San Fernando y, a las dos semanas, ya estaba llena.

Los datos del historiador José Díaz Arriaza señalan que entre el 18 de julio, día de la sublevación, y el 6 de agosto, se echaron en ese agujero inmenso al menos 1.103 cuerpos en 700 metros cuadrados. Entre ellos, el de Infante. Cuerpos que nadie ha recuperado aún, pese a que los expertos te llevan al camposanto y te dicen sin duda señalando el albero: “a menos de 20 centímetros están, esperando”.

Ahora que la polémica salpica la memoria de Blas Infante, toca recordar el largo camino para que sus restos, y los de sus compañeros de maldescanso, se recuperen y dignifiquen. Ya se han abierto las grandes fosas de capitales como Málaga (San Rafael, 2.840 represaliados) y Córdoba (el de La Salud, se cree que con 4.000) pero no hay avances en Sevilla, donde se estima que hay entre 4.000 y 4.500 fusilados esperando un enterramiento digno. Pico Reja es sólo una de las fosas que componen el macabro complejo.

Los primeros pasos para la exhumación se dieron en 2017, la zona está localizada y delimitada y se han hecho las primeras catas -que efectivamente acabaron con la localización de seis cuerpos con signos de violencia, porque se sabe perfectamente dónde hay que buscar-. También se han tomado muestras de ADN a familiares.

Lo que hace falta ahora es que se apruebe el convenio final para la apertura de la fosa. Será a tres bandas: Junta de Andalucía (PP+Ciudadanos) y Diputación de Sevilla (PSOE) pondrán cada una 265.000 euros y el resto, hasta sumar 1,2 millones de euros, lo pagará el Ayuntamiento hispalense (PSOE). El dinero llegará en cuatro años, de 2019 a 2022. Sí, desde este mismo año. Eso es lo que dicen todas las partes, que hay compromiso político para que empiece el proceso ya, pero el convenio lleva pendiente desde enero de 2018.

El consistorio de Juan Espadas ha sacado ya a concurso público los trabajos de exhumación e identificación genética de los cuerpos, que se estima que se prolongarán durante al menos tres años. El pasado 25 de julio, el Pleno municipal aprobó una moción con el apoyo de todos los grupos políticos (salvo Vox), en la que se instaba al resto de administraciones (incluyendo el Estado central también) a suscribir este convenio. Aún no se ha redactado por completo ni tiene fecha de firma.

En las asociaciones memorialistas este retraso desespera. Tras años de litigio, de documentación, de convencer a las partes, cuando estaban ilusionados por el respaldo de una nueva norma, la Ley de Memoria Democrática de Andalucía, viene un cambio de Gobierno y les enciende las alarmas. El dinero consignado sigue adelante, pese a la oposición de Vox, pero la Coordinadora Andaluza de Memoria Histórica denuncia que los tres aliados están “dejando morir la ley por inacción”. No se fían de ellos.

Las asociaciones hablan de comunicaciones enviadas a las administraciones que no han tenido respuestas, de reuniones que no se hacen, de familiares con más de 80 años que esperan a ver en vida cómo hay verdad, justicia y reparación para los suyos. El tiempo se acaban, insisten.

Pico Reja, defienden, no sólo es importante por su tamaño o porque guarde los huesos de Infante, sino que en su tierra esconde algunas de las historias más dolorosas de áreas cercanas, como el Aljarafe y la provincia de Huelva, que acabaron también sepultadas en Sevilla. Por ejemplo, entre sus más de mil muertos se cree que están los mineros de Riotinto que fueron acribillados en una emboscada en la localidad de Camas, cuando acudían al auxilio de la Sevilla sometida por Queipo, y los empleados que defendieron un emblemático edificio en el centro de la capital, el de Telefónica. Memoria de la lucha obrera andaluza.

Blas Infante es quizá el mayor símbolo de esta fosa pero, claramente, hay mucho más que debe salir al aire. Por ahora, el notario de Casares no encuentra descanso para sus huesos ni para su recuerdo, dañado con mensajes como el de ayer y con sentencias como la que le condenó a muerte, aún sin anular, y que se dictó el 4 de mayo de 1940. Cuatro años después de que lo mataran a tiros.