La Fiscalía se querella por rebelión, sedición y malversación contra Puigdemont, su Govern cesado y la Mesa del Parlament
Pide que sean citados de manera urgente para declarar.
La Fiscalía General del Estado ha interpuesto sendas querellas por los delitos de rebelión, sedición y malversación contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, sus cesados miembros del Govern y los integrantes de la Mesa del Parlament que permitieron la tramitación de la declaración unilateral de independencia.
El Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, ha anunciado esta mañana estas querellas. La destinada contra el cesado Govern se hace ante la Audiencia Nacional, mientras que la de los miembros de la Mesa del Parlament, encabezada por Carme Forcadell, va al Tribunal Supremo, al ser aforados.
La Fiscalía pide que sean citados "con carácter urgente" los querellados para prestar declaración en orden a la eventual solicitud de medidas cautelares ante la gravedad de los hechos y los delitos imputados. En caso de incomparecencia, se exige su "inmediata detención".
Asimismo, solicita una fianza conjunta de más de seis millones de euros en las querellas presentadas.
Lee aquí la querella completa de la Fiscalía:
Maza, en una breve comparecencia sin preguntas, ha avanzado estas querellas por rebelión, sedición, malversación y otros conexos contra los "principales responsables políticos de la Generalitat", que con sus decisiones han producido una crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia "con total desprecio a la Constitución".
El delito de rebelión puede conllevar hasta penas de prisión de 30 años. El Código Penal prevé penas de entre 15 y 25 años de prisión para quienes, "induciendo a los rebeldes, hayan promovido o sostengan la rebelión" y para "los jefes principales de ésta". Quienes ejerzan "un mando subalterno" pueden ser castigados con condenas de prisión de diez a quince años, y los meros participantes se enfrentan a posibles castigos de cárcel de cinco a diez años.
La pena más alta, 30 años de cárcel, se plantea para aquellos jefes de rebeliones en las que se hayan esgrimido armas, causado estragos o ejercido la violencia.
Estas querellas llegan tres días después de que el Parlament aprobara una declaración unilateral de independencia y que el Gobierno central, en virtud del artículo 155, cesara a Puigdemont y sus consellers, disolviera el Parlament y convocara elecciones para el próximo 21 de diciembre.
Maza ha dicho que "a partir de ahora la Fiscalía continuará ejerciendo sus funciones desde la imparcialidad y con estricta observancia de lo dispuesto en la ley, para garantizar el respeto al Estado de derecho, al orden constitucional y a nuestro sistema de convivencia, gravemente afectado por las conductas que motivan las querellas".
Una de las cosas que ha llamado la atención a los periodistas ha sido una frase oculta en el mail en el que se adjuntaba el comunicado y las querellas. En concreto, al abrir el archivo titulado Comunicado prensa Cataluña. 2017, se puede leer como título del documento Más dura será la caída.
EL REDACTOR DEL DELITO DE REBELIÓN CREE QUE "NO SE SOSTIENE" LA QUERELLA
El exparlamentario Diego López Garrido es considerado como el autor de la redacción del delito de rebelión al haber introducido durante su debate en las Cortes en 1995 como ponente de IU una enmienda para evitar que se castiguen acciones por este delito si no hay uso de violencia.
En declaraciones a El HuffPost, López Garrido afirma que "no se sostiene" la acusación de rebelión realizada por el fiscal general contra Puigdemont. En su opinión, es "claramente contraria a derecho". Insiste en que en el artículo 472 del Código Penal se establece que es necesaria la violencia para incurrir en este delito, y que en el caso del 1-O no la hubo.
En la querella, la Fiscalía atribuye la violencia al Govern y las entidades independentistas por sus llamamientos a hacer frente a las actuaciones policiales en actitud de "resistencia pacífica". Eso no era "sino un eufemismo de lo que en realidad consistía en una incitación, difundida con publicidad y dirigida a los sectores independentistas de la población, para que se opusieran e hicieran frente a la actuación de los agentes de la autoridad".
"Los querellados", sostiene la Fiscalía, "eran plenamente conscientes de que los sectores independentistas de la población por ellos movilizados, una vez hubieran ocupado los centros de votación y sus alrededores, quedaban sin ningún tipo de control.Sabían que estaban incitando a las muchedumbres para intimidar a los agentes policiales ypara que éstos no pudieran hacer efectivo el mandato judicial y para que, en definitiva, no pudiera prevalecer el imperio de la Ley".
López Garrido subraya que en derecho hay que interpretar las normas de "forma estricta y precisa". En este caso, añade, se ha hecho una interpretación "forzada". Además, no entiende que el fiscal no haya pedido en su querella por rebelión prisión y sí se hiciera en la causa contra los líderes de la ANC y de Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, por un delito de sedición -con menos años de pena-.
El exparlamentario y catedrático de Derecho Constitucional sí opina que la acusación de un delito de sedición contra los 'Jordis' está fundamentada, aunque asevera que las medidas cautelares son exageradas.
