La Fiscalía se querella por malversación contra el jefe de la oficina de Puigdemont
La oficina por su parte denuncia "una persecución"
La Fiscalía se ha querellado contra el historiador Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, al que acusa de los delitos de malversación y prevaricación, entre otros por un viaje en 2018 con motivo del referéndum de autodeterminación de Nueva Caledonia.
Según han informado a Efe fuentes judiciales, esta querella contra Alay, una de las personas que acompañaba a Puigdemont cuando el expresident fue detenido en marzo de 2018 en Alemania en virtud de una orden el Tribunal Supremo, ha recaído en el juzgado de instrucción número 28 de Barcelona.
Puigdemont, que recientemente ha logrado la condición de eurodiputado, dispone de una oficina regulada por una ley catalana de 2003 sobre el régimen estatutario de los expresidentes de la Generalitat, que en su caso dirige el historiador Joan Josep Alay.
La oficina de Puigdemont denuncia “una persecución”
En un comunicado, la oficina del expresidente Puigdemont ha denunciado este lunes una “persecución” contra Alay, por esta causa por malversación y prevaricación abierta, entre otros motivos, a raíz de un viaje que efectuó a Nueva Caledonia.
El viaje tuvo lugar durante el referéndum de autodeterminación de Nueva Caledonia, respecto a Francia, en noviembre de 2018, que perdieron los independentistas.
Desde la oficina alegan que Alay fue invitado por el Frente de Liberación Nacional Canaco Socialista, la fuerza independentista en esta región francesa de ultramar.
Y resaltan que ya han demostrado que las actuaciones de la oficina de Puigdemont son “perfectamente transparentes y justificadas”, por lo que consideran que el procedimiento contra Alay responde a “razones políticas y no legales”.
Otro de los gastos públicos presuntamente injustificados que la Fiscalía atribuye a Alay, según la oficina del expresidente catalán, son 11 euros de un peaje para ir a la cárcel de Lledoners, donde permanecen los líderes del procés condenados por el Tribunal Supremo.
La ley y posterior decreto que regulan desde 2003 las prerrogativas de los expresidentes de la Generalitat establecen que podrán disponer de una oficina con tres personas adscritas a su servicio a cargo del erario público, como personal eventual del departamento de Presidencia, y con una dotación presupuestaria para gastos de oficina, atenciones de carácter social y, si es preciso, gastos para el alquiler de inmuebles.
La oficina del expresidente Puigdemont ha denunciado que la Fiscalía, “directa o indirectamente”, haya gastado en esta investigación “mucho más dinero público del que se acusa a Alay de malversar”.
Por ello, anuncian que van a iniciar “un trámite legal para pedir explicaciones por este tipo de investigaciones prospectivas que van a cargo de todos los contribuyentes”.
La Audiencia Nacional acordó el pasado viernes archivar la causa por encubrimiento que Alay tenía abierta por acompañar a Puigdemont cuando fue detenido en Alemania en 2018, procedimiento en el que han quedado a las puertas de ir a juicio los dos agentes de los Mossos d’Esquadra que viajaban con el expresidente catalán.
En este procedimiento también se ha archivado la acusación contra el empresario y senador Josep Maria “Jami” Matamala, que iba junto a Alay en el mismo vehículo de Puigdemont cuando el expresidente fue arrestado.
