La Fiscalía se querella contra Endesa por las aves muertas en líneas eléctricas

La Fiscalía se querella contra Endesa por las aves muertas en líneas eléctricas

Acusa a la compañía de un delito contra el medio ambiente y otro continuado relativo a la protección de la fauna.

Un ave muerta en el tendido eléctricoEFE

La Fiscalía de Medio Ambiente ha presentado una querella contra la compañía Endesa y seis de sus directivos, a los que acusa de incumplir la ley por la “alta peligrosidad” de sus líneas eléctricas, que en los últimos años han causado la muerte de centenares de aves por electrocución.

En su querella, que ya ha admitido a trámite un juzgado de Vic (Barcelona), la Fiscalía acusa a la compañía de un delito contra el medio ambiente y otro continuado relativo a la protección de la fauna, y advierte de que los tendidos eléctricos de Endesa en la provincia de Barcelona incumplen la normativa y suponen una “auténtica trampa mortal que está afectando gravemente a la avifauna desde hace años”.

Los tendidos son una auténtica trampa mortal que está afectando gravemente a la avifauna desde hace años

Fuentes de Endesa consultadas por la agencia Efe han señalado que no pueden valorar la querella porque aún no han recibido ninguna notificación, pero han recordado que la compañía invierte de forma sostenida desde hace años en la mejora de las líneas eléctricas para proteger la avifauna.

Según el ministerio público, pese a ser consciente del riesgo de numerosas de sus torres eléctricas, Endesa se ha “limitado a realizar actuaciones que pueden definirse como muy puntuales”, siempre a instancias de la Fiscalía y los Agentes Rurales, sin emprender ninguna “inversión decidida” para revertir la situación.

La electrocución de aves por conducciones de las torres eléctricas que carecen de aislamiento constituye, en opinión del fiscal, una “auténtica plaga perfectamente conocida” por los directivos de la compañía en toda la provincia de Barcelona, aunque la mayoría de casos detectados se concentran en la comarca de Osona.

Entre los años 2018 y 2020, detalla la querella, se han documentado 255 casos de electrocuciones de aves en torres eléctricas de Osona, gran parte de ellas pertenecientes a especies protegidas, como cigüeñas, águilas culebreras, azores, cernícalos, búhos reales, halcones peregrinos y buitres leonados.

Una de las mayores mortandades detectadas tuvo lugar entre los días 3 y 6 de agosto de 2018, cuando murieron electrocutadas 72 cigüeñas blancas pertenecientes a una bandada de 700 aves que hizo una parada en la comarca de Osona para un descanso nocturno en su proceso de migración anual al sur de la Península Ibérica y África.

Durante el paso migratorio de 2020, proceso que dura cerca de un mes, se recogieron 44 ejemplares de cigüeñas blancas electrocutadas en distintos puntos de la comarca, y otros 49 en la misma época del año 2019.

También se han documentado numerosos casos de aves electrocutadas por tendidos eléctricos en las comarcas barcelonesas del Baix Llobregat, Garraf y Alt Penedès.

Según la querella, gran parte del territorio de la provincia de Barcelona está “repleto” de torres eléctricas con los cables por encima de la torreta superior, lo que supone un grave riesgo para las aves e incumple la normativa medioambiental, además de poner en peligro “la supervivencia de especies legalmente protegidas”.

Lo que dice la ley

Pese a ser “plenamente conocedores” de la situación y de que leyes de ámbito estatal les obligan a retirar los elementos peligrosos de los tendidos, los querellados “han mantenido y siguen manteniendo numerosas torres y soportes en la provincia de Barcelona” en situación de riesgo, “con absoluto desprecio y abandono de sus obligaciones legales”, añade la querella.

El fiscal de Medio Ambiente, Toni Pelegrín, recuerda que entre los años 2018 y 2019 se dirigieron dos requerimientos a Endesa, y otros cinco en el año 2020, para que cumpliera sus obligaciones de reparar los tendidos eléctricos.

La compañía se ha limitado a realizar actuaciones que pueden definirse como muy puntuales

No obstante, añade, la compañía “se ha limitado a realizar actuaciones que pueden definirse como muy puntuales, actuando únicamente en los supuestos más graves de reincidencia y siempre a instancia de los Agentes Rurales o de la Fiscalía”.

La querella recuerda que Endesa está sujeta a “numerosa normativa” que le obliga a “adoptar en el ejercicio de su actividad las medidas necesarias para la evitación de los riesgos o daños que el transporte de la energía eléctrica conlleva, no solo para las personas sino también para la flora, la fauna y, en general, el medio ambiente”.

Además, señala el fiscal, el Departamento de Agricultura y Medio Natural dictó en 2013 una resolución que ordenaba a los titulares de las líneas eléctricas aéreas de alta tensión que no se ajustaran a las prescripciones técnicas presentar un proyecto de adaptación de los soportes en el plazo de un año.

La compañía presentó entonces un proyecto para acometer esas reformas, pero supeditado a la disponibilidad de financiación por parte del Ministerio de Medio Ambiente, con lo que, sostiene el ministerio público, incumplía su obligación de “mantener las redes eléctricas en condiciones técnicas adecuadas y sin dañar o poner en peligro la fauna y el medio ambiente en general”.

De esa forma, agrega la querella, en 2018 Endesa “no había procedido a corregir ninguna línea o tramo entero de línea eléctrica” que entrañara riesgo de electrocución y se limitó a reparar 68 torres que habían sido señaladas por los Agentes Rurales por haber causado la muerte de más de un ave.

Endesa recuerda que solo este 2021 tiene previsto invertir 4,6 millones de euros en la adecuación de soportes y la instalación de dispositivos de protección en diversas líneas de Cataluña con el objetivo de proteger especies de aves protegidas y amenazadas.

En el último trienio (2018-2020), Endesa ha adecuado más de 2.000 soportes en toda Cataluña, unas actuaciones que, según explica, realiza siguiendo un orden de prioridad técnico basado en criterios de conservación de especies, de manera que se priorizan aquellas torres que suponen un mayor riesgo para la avifauna.

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