La Fiscalía pide un año y ocho meses de inhabilitación para Torra por los lazos amarillos

La Fiscalía pide un año y ocho meses de inhabilitación para el presidente de la Generalitat, Quim Torra, por un delito de desobediencia por desoír la orden de la Junta Electoral de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos en la campaña de las municipales y las europeas del 26M.

En su escrito de acusación, la Fiscalía pide además al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que multe a Torra con 30.000 euros y que se acuerde su inhabilitación para el ejercicio de funciones de gobierno o de cargo público de ámbito “local, autonómico, estatal o europeo”.

Esa inhabilitación, especifica la Fiscalía, conllevaría la “privación definitiva” del cargo público que ocupara Torra, así como de los “honores que le sean anejos”, y su imposibilidad de obtenerlo durante el tiempo de la condena.

En el escrito presentado ante el TSJC, el ministerio público acusa a Torra de “evidenciar su desprecio” a acatar la orden que la Junta Electoral Central dictó el 11 de marzo pasado, a raíz de una denuncia presentada por Ciudadanos, para que quitara los lazos y “esteladas” de los edificios públicos durante la campaña, elementos que finalmente acabó retirando, ya fuera de plazo.

Según mantiene la Fiscalía, la Junta ordenaba a Torra suprimir de forma “inmediata” lo que no son sino “símbolos asociados a una determinada filiación ideológica o política alineada con los partidos u organizaciones que propugnan la secesión” de Cataluña.

Pese a la “claridad” de la orden y que debía ser cumplida “sin excusa si pretexto” por ser firme, añade la Fiscalía, Quim Torra “decidió desatenderla” y presentó un escrito en el que pedía a la Junta que reconsiderara el acuerdo adoptado, al tiempo que, en una aparición pública en Tarragona, “manifestó su negativa a retirar la simbología aludida”.

El 18 de marzo pasado, sostiene el ministerio público, la Junta adoptó un nuevo acuerdo en el que reiteraba su requerimiento a que retirara los lazos, resolución que Torra pidió suspender alegando la “supuesta imposibilidad” de cumplirla, “dada la multitud de edificios de la Generalitat”, según el ministerio público.

El presidente catalán adujo también ante la Junta Electoral que estaba a la espera de un informe del Síndic de Greuges sobre el asunto, aunque, recuerda la Fiscalía, ese dictamen “obraba en manos del acusado desde, al menos, el día 15 de marzo” y recomendaba atender el requerimiento de eliminar los lazos.

El escrito del ministerio público subraya que Torra “desatendió abiertamente” la orden de la Junta y, “evidenciando su desprecio” a la misma, sustituyó la pancarta con un lazo amarillo del balcón de la Generalitat “por otra idéntica con el lazo en color blanco”.

Vista la “contumacia” del procesado, sostiene la acusación pública, la Junta Electoral adoptó el 21 de marzo un nuevo acuerdo en el que ordenaba al Departamento de Interior que los Mossos d’Esquadra retiraran los símbolos independentistas, requerimiento al que la policía catalana, subraya el fiscal, dio “estricto cumplimiento” sin incidencias.

En un auto del pasado 27 de junio, el magistrado del TSJC Carlos Ramos dejó a Torra a un paso de juicio, al concluir que tenía “perfectamente” a su alcance la posibilidad de cumplir los mandatos de la Junta Electoral Central y que, pese a ello, “optó por persistir en la desobediencia” por su “clara voluntad obstativa a su cumplimiento”.

De hecho, el propio Torra admitió el pasado 15 de mayo, en su declaración como investigado ante el juez, que desobedeció la orden “ilegal” de un órgano “incompetente” como la JEC, ya que como presidente catalán se debe a un “mandato superior” de la ciudadanía.

Ayer mismo, la defensa de Torra presentó un escrito ante el TSJC para exigir que se aparte de la causa al magistrado que la investiga, Carlos Ramos, ante su “absoluta falta de imparcialidad”, porque cree que se ha demostrado su “claro ánimo de criminalizar” al presidente catalán y que “le mueve un especial interés” en que se siente en el banquillo de los acusados.

La petición por desobediencia a que se enfrenta Torra supera la condena a un año y un mes de inhabilitación que el Supremo impuso al expresidente de la Generalitat Artur Mas, por mantener el referéndum del 9N de 2014 pese a haber sido suspendido por el Tribunal Constitucional.