La Fiscalía pide ocho años de prisión para Ignacio González por el 'caso Lezo'

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez del caso Lezo una pena de ocho años de prisión para el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por fraude a la administración y malversación de caudales públicos en la compra por parte del Canal de Isabel II de la empresa brasileña Emissao.

Según el escrito del Ministerio Público, con cargo al sobreprecio que se pagó por la citada empresa González se repartió con otras cuatro personas 5,4 millones de dólares -aproximadamente 4 millones de euros, calcula la Fiscalía- en comisiones ilegales.

Él, que se ocultaba bajo el apodo de Conde, cobró en concreto 1,8 millones de dólares a través de una sociedad panameña, de acuerdo con las investigaciones.

19 años de inhabilitación

En el marco de la pieza Emissao del caso Lezo, la Fiscalía, que solicita la apertura del juicio oral en la Audiencia Nacional, reclama también 19 años de inhabilitación para González.

Pide además siete años de prisión y dieciséis de inhabilitación para Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado hombre fuerte de González en Latinoamérica, y para el ex delegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro, acusados como González de fraude a la Administración en concurso medial con malversación de caudales públicos agravada.

Para el que era propietario de Emissao Sebastiao Cristovam solicita seis años y medio de prisión; para la exdirectiva del Canal María Fernanda Richmond, cinco años de prisión por malversación; y para el exgerente de la empresa Triple A Ramón Navarro y el exdirectivo de Inassa Diego Fernando García Arias, dos años de prisión y cinco de inhabilitación.

El Ministerio Público reclama a los acusados que indemnicen al Canal, conjunta y solidariamente, con unos 2 millones de euros, después de que se devolviese la mayor parte del dinero.

Proceso “plagado de ilicitudes”

Según el relato de la Fiscalía, el proceso de compra de Emissao, que se llevó a cabo entre los años 2012 y 2014, “estuvo plagado de ilicitudes” y supuso una salida indebida de fondos públicos de entre 6,8 y 9,7 millones de euros.

Anticorrupción explica que González supervisaba y vigilaba de forma “permanente” la operativa corrupta, fijando las comisiones y adjudicándose a sí mismo el doble que a los demás. Para ello, mantuvo “reuniones con algunos de los acusados en su propio despacho oficial de la Presidencia de la Comunidad de Madrid”.

González presidió el Canal entre 2003 y 2012, antes de presidir la Comunidad (2012-2015).

La actuación de los siete procesados, resume la Fiscalía, “permitió que se desviaran cuantiosos fondos públicos en su beneficio exclusivo y en detrimento económico” del Canal y de la administración autonómica.

A propuesta de Moro

Según el relato del Fiscal, fue Moro quien propuso a González la compra de Emissao junto a Essentium, empresa en la que él trabajaba, y que se hiciera con un sobreprecio para repartírselo después en comisiones.

El expresidente madrileño “aceptó el plan propuesto en consciente perjuicio de la administración autonómica” y encomendó la gestión a Rodríguez Sobrino, que presidía Inassa, sociedad a través de la cual el Canal ejecutaba su política de expansión internacional.

A pesar de los informes y auditorías que alertaron del riesgo de la operación y cuestionaban que pudiera valorarse en los precios que se manejaban, en 2013 se acordó la compra del 80% de Emissao por 32,6 millones de dólares, con un borrador de contrato que “contó con el beneplácito de González”.

Finalmente la operación se cerró con la compra del 75% de la empresa por 29,5 millones.

Indicios de criminalidad suficientes

Anticorrupción cree que de las diligencias practicadas hasta la fecha se desprenden indicios de criminalidad suficientes como para interesar la continuación del procedimiento penal.

En el caso Lezo están ya procesados los implicados en la compra presuntamente fraudulenta de la empresa colombiana Inassa por el Canal en 2001, con un “sobreprecio injustificado” de entre 19 y 29 millones de euros.