La Fiscalía ha vuelto a pedir a la juez que investiga los preparativos del 1-O que tome declaración por organización criminal a la treintena de procesados, en aras a garantizar su derecho de defensa, si finalmente el Ministerio Público decide acusarles de ese delito en un eventual juicio.
El Ministerio Público ha presentado ante la titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona un nuevo escrito, al que ha tenido acceso Efe, después de que la magistrada rechazara su petición de procesar por organización criminal a los ex altos cargos y técnicos del Govern imputados.
La juez argumentó que los procesados carecían de “infraestructura adecuada” y de “acuerdo asociativo duradero” para que se les pueda procesar por organización criminal, pero recordaba a la Fiscalía y a la acusación popular ejercida por Vox que no están vinculados por su decisión, por lo que podrán atribuir ese delito a los imputados en sus respectivos escritos de acusación, previos al juicio.
No obstante, el Ministerio Público advierte a la juez de que no podrá formular acusación por ese delito “porque no se les ha preguntado a los procesados por su posible participación” en el mismo, con lo que la magistrada, a su parecer, incurre en una “contradicción” al rechazar que declaren de nuevo como imputados por organización criminal.
En su escrito, la Fiscalía recuerda a la juez que su petición “no versa” sobre una divergencia en la tipificación de los hechos, sino “sobre el derecho de defensa de los procesados”.
En ese sentido, recuerdan los fiscales del caso que los imputados “no han podido articular su defensa ni solicitar diligencias tendentes a desvirtuar” la imputación de organización criminal y que la Fiscalía “tiene cercenada la posibilidad de formular acusación por tal delito, so pena de conculcar el principio acusatorio”.
En un auto dictado a finales del pasado mes de junio, la juez ya rechazó una primera petición de la Fiscalía para que interrogara de nuevo -en este caso por un delito de organización criminal- a la treintena de imputados, que están procesados por malversación, prevaricación, desobediencia y falsedad documental.
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