La fiscalía de Cuba persigue a 790 manifestantes del 11 de julio, entre ellos 82 menores
“Los actuales procesos judiciales en Cuba se desarrollan con pleno apego a la ley y dentro de estándares internacionalmente aceptados”, defiende el Gobierno.
Cuba ha informado por primera vez sobre sus controvertidos juicios por las protestas antigubernamentales del pasado 11 de julio e indicó que ha investigado a 82 menores de edad. La Fiscalía General de Cuba anunció en un extenso informe que estos procesos suman 790 acusados, investigados por “actos vandálicos” y “graves alteraciones del orden”.
Entre los investigados, añadió, se cuentan 55 adolescentes de entre 16 y 18 años, de los que 28 están en prisión provisional. La edad mínima penal en Cuba es de 16 años y el código penal prevé la posibilidad de reducir a la mitad de las penas para los menores de edad condenados.
Pero estos no son todos los menores. Porque hay otros 27 niños de menos de 16 años que supuestamente participaron en las protestas y que, como “no son sujetos del derecho penal”, no van a juicio, pero se les aplica “el procedimiento legal establecido”.
Concretamente, 10 han sido “internados en escuelas de formación integral y de conducta” por “intervenir junto a adultos” en las protestas. A los 17 restantes se les aplicó “la medida de atención individualizada” en su propia escuela, informó la Fiscalía.
Además, otros 60 acusados tienen entre 19 y 20 años, de los que 41 se encuentran en prisión provisional. El Código Penal cubano contempla la posibilidad de que se les reduzcan las penas impuestas en hasta un tercio por su edad.
El anuncio de la Fiscalía se produjo tras varias semanas de protestas de disidentes y activistas y de quejas de algunos Gobiernos por los juicios a los manifestantes del 11 de julio, en general, por los menores de edad encarcelados en particular.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, aseguró a este respecto en Twitter que “los actuales procesos judiciales en Cuba se desarrollan con pleno apego a la ley y dentro de estándares internacionalmente aceptados”.
Consideró además que EEUU “miente” al hablar de estos procesos y que su objetivo es “empañar la labor ejemplar de Cuba en la protección a su niñez y justificar medidas coercitivas criminales”, en relación a las sanciones económicas estadounidenses.
790 procesados
Según el comunicado de la Fiscalía General, la acusación pública recibió 117 expedientes de fase preparatoria sobre los hechos “de mayor connotación”, con 790 personas instruidas “por actos vandálicos, que atentaron contra autoridades, personas y bienes, así como graves alteraciones del orden”.
De estos, se han presentado por el momento a los tribunales 110 expedientes, con 710 acusados (el 69 % en prisión provisional), para su juzgamiento.
La Fiscalía aseguró que en estos casos ha verificado “el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales del debido proceso”, pese a las “manipulaciones y matrices de opinión, que pretenden acusar a Cuba de violaciones de los derechos humanos”.
“La Fiscalía General de la República reitera que actuará de conformidad con el encargo constitucional, en el marco de la legalidad, con apego al debido proceso, la protección de los intereses del Estado y el respeto al derecho de todos los ciudadanos”, subrayó.
Argumentó además que optó por acusar de sedición en algunos casos por “el nivel de violencia demostrado en las conductas vandálicas que de manera tumultuaria” con el resultado de “perturbación grave del orden público” y con “el deliberado propósito de subvertir el orden constitucional”.
Esta decisión ha sido objeto de muchas críticas, pues el delito tiene una connotación política, es de probatoria subjetiva y conlleva penas de hasta 30 años.
La Fiscalía trató de zanjar este debate asegurando que las sanciones “están en correspondencia con la gravedad de los hechos, el nivel de participación y el daño causado a la sociedad”.
Hasta el momento se han realizado 84 juicios y se han dictado 44 sentencias, en las que han sido sancionados 172 acusados, “los cuales tuvieron el derecho a establecer los recursos correspondientes”.
La Fiscalía agregó que las protestas del 11 de julio “ocurrieron en un contexto especialmente complejo de crisis económica mundial”, que estuvo “agudizada por una pandemia sin precedentes” y “el recrudecimiento del bloqueo” de Estados Unidos.
Varias ONG han denunciado falta de garantías, fabricación de pruebas y penas muy elevadas para los acusados en estos procesos por los sucesos del 11 de julio.
Las ONG han contabilizado más de mil detenidos tras esas manifestaciones, de los que la mayoría siguen en prisión a la espera de juicio. De ellos, varias decenas son menores de edad.
El pasado 11 de julio se produjeron en Cuba las mayores protestas antigubernamentales en décadas, unas manifestaciones espontáneas y masivas ligadas a la grave crisis económica que atraviesa el país.
