La detención de Ignacio González revela una presunta trama empresarial al servicio de la 'Púnica'

La operación Lezo parece confirmarlo. La trama Púnica del Partido Popular de Madrid se sirvió de una red de empresas que cooperaron en la malversación de fondos públicos con fines de financiación ilegal de la formación política madrileña y/o de enriquecimiento personal de sus cargos públicos.

Tres años después de revelarse las primeras huellas de la trama de corrupción del PP madrileño, la Púnicay el caso Gürtel, el magistrado Eloy Velasco ordena la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González este miércoles y todo empieza a cobrar sentido.

La detención de Ignacio González este miércoles por el desfalco de más de 60 millones de euros durante los siete años que estuvo al frente del Canal de Isabel II en Madrid termina de confirmar la existencia de una trama empresarial al servicio de la financiación ilegal del PP en la Comunidad y del enriquecimiento ilícito de sus cargos públicos.

La operación está bajo el mando del juez Eloy Velasco, responsable también de los casos Púnica y Acuamed, quien desde hace meses investiga la relación entre la adjudicación de contratos públicos de la Comunidad de Madrid (Ignacio González y Francisco Granados) y la presunta financiación irregular del PP.

Y, mientras Francisco Granados duerme en la prisión de Estremera y Esperanza Aguirre brota lágrimas por la eventual traición de su delfín Ignacio González al testificar este miércoles frente al tribunal del caso Gürtel- ante el que también desfilará el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy- los registros de la Unidad Científica Operativa de la Guardia Civil (UCO) se suceden en las sedes madrileñas de las constructoras OHL y ACS, los cuarteles generales de la tecnológica Indra en la localidad madrileña Alcobendas, la empresa pública Mercasa, la consultora internacional Price Waterhouse Coopers, la aeronáutica Saerco, la constructora Licuas, la casa de subastas Segre y la Agencia Digital de la Comunidad de Madrid, todas sospechosas de cooperar en el blanqueo de capitales con destino a la financiación ilegal del PP madrileño y el enriquecimiento ilícito de sus cargos públicos y su entorno.

El Canal de Isabel II sirvió de cauce para que Ignacio González, familia y amigos S.A. malversaran fondos públicos y usaran a las empresas antes mencionadas como fondos de reptiles para pagos secretos, e ilegales.

OHL ATA CABOS

A mediodía de este jueves, varios agentes de la UCO entraban con cajas de cartón en Torre Espacio, la impresionante sede madrileña de OHL en el Paseo de la Castellana. Comenzaban a atarse los cabos. La constructora figura en la agenda de pagos recibidos por Ignacio González al frente de la empresa pública, sobornos que el octogenario empresario negó en reiteradas ocasiones. Y no solo.

El nombre de Juan Miguel Villar Mir aparece recurrentemente asociado a casos de corrupción en los últimos años. En especial desde que en enero de 2013, los papeles de Bárcenas le señalaron como uno de los constructores que realizó donaciones ilegales al PP a cambio de contratos por los que donó 530.000 euros al PP madrileño. Villar Mir, que llegó a estar imputado por el caso Bárcenas, todavía tiene pendiente lo que depare el caso Son Espases, que investiga la supuesta financiación del PP balear con Jaume Matas. La compañía se desplomó un 9% en Bolsa al cierre del parqué madrileño este jueves, por el retraimiento de los inversores tras conocerse la operación Lenzo.

En el marco de esta operación, el juez Velasco investiga las adjudicaciones de proyectos millonarios como la Ciudad de la Justicia, el Metro Ligero de Pozuelo o el tren a Navalcarnero.

REPUTACIÓN ONLINE

Poco más de una hora después, le tocaba el turno a los cuarteles generales de Indra en la localidad madrileña de Alcobendas. Ignacio González utilizó la tecnológica como fondo de reptiles (pagos secretos) para pagar en B trabajos de reputación de imagen en Internet de Ignacio González y su equipo al frente del Canal de Isabel II (2003-2010).

En concreto, la Comunidad habría pedido a la empresa tecnológica que hiciera tres pagos por un total de 120.000 euros. Uno de ellos habría beneficiado a uno de los principales implicados en la trama Púnica, el experto en reputación online Alejandro de Pedro. Así se desprende de las preguntas formuladas por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y de la fiscal Anticorrupción al presidente de Indra, Fernando Abril-Martorell.

HERMANÍSISMOS S.A.

Pablo González, hermano de Ignacio González y director de operaciones de Mercasa, detenido junto a su hermano y otras 10 personas más, viene siendo investigado por el juez Eloy Velasco desde que se descubriera que partició en la empresa que puso en marcha Canal Green Golf, un espacio que le reportó 30 millones de euros y cerró por orden del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en febrero pasado.

INFORMÁTICOS Y LA PÚNICA

El exconsejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás fue arrestado en la tarde del miércoles y se suma a los siete detenidos que permanecen en la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos a la espera de ser trasladados a la Audiencia Nacional. Tras esta detención, los agentes de la UCO registran la sede de la ICM, que también estuvo inmersa en la operación Púnica.

Precisamente, José Martínez Nicolás fue imputado en el caso Púnica por haber pagado presuntamente 10.000 euros al "conseguidor" de esta trama, Alejando de Pedro, tras recibir supuestamente una orden por parte de la Consejería de Presidencia y Justicia madrileña cuando la dirigía Salvador Victoria.

EMPRESA DE ALTOS VUELOS

La tercera empresa a la que se ha reclamado información es Saerco, compañía madrileña especializada en servicios de navegación aérea que fue creada por Ildefonso de Miguel, exgerente del Canal de Isabel II entre 2004 y 2009 y uno de los empresarios investigados en la operación Lezo.

Los agentes de la UCO tratan de buscar, por orden del juez Eloy Velasco y de la Fiscalía Anticorrupción, indicios sobre el presunto enriquecimiento particular de un entramado en el que figuran Ignacio González y otros de los detenidos, entre ellos su hermano Pablo y su cuñado José Juan Caballero.

PRICE WATERHOUSE COOPERS

La Guardia Civil también se personó este jueves en las oficinas en la capital de la consultora Price Waterhouse Coopers para llevarse información sobre varias adjudicaciones que la firma habría recibido de ICM. Fuentes de la compañía han confirmado los registros y han aclarado que la empresa ha colaborado en todo momento con los investigadores.

LICUAS, OTRO LAZO CON LA GÜRTEL

Licuas es una constructora de obra civil especializada también en el diseño de conducciones hidráulicas para abastecimiento de aguas. Figura como una de las principales contratistas del Canal de Isabel II. La compañía es propiedad de Joaquín Molpeceres, imputado en el caso Gürtel por presuntas donaciones ilegales al PP y señalado por Luis Bárcenas como el hombre que advirtió a Mariano Rajoy de los negocios de Francisco Correa.

SUBASTAS SEGRE O CÓMO BLANQUEAR ARTE

Pese a que la Guardia Civil todavía no ha confirmado el registro en la empresa de Laura Cuevas, la mujer de Ignacio González, fuentes del caso anunciaron este miércoles la inmediatez de las pesquisas en esta casa de subastas, la primera sala del país en términos de facturación, con una nota cercana a los ocho millones de euros en 2016, en cifras proporcionadas por su directora, Mercedes de Miguel.

LA TRAMA LATINOAMERICANA

Al otro lado del charco, la trama en torno al Canal de Isabel II dio importantes pelotazos con la compra de hasta 20 filiales latinoamericanas, de las cuales solo seis se dedican a la gestión integral del agua. La aventura caribeña de Ignacio González le agració con un caso de espías -en realidad, era la Dirección General de Seguridad y Justicia la que seguía sus sospechosos pasos muy de cerca- y un desfalco de más de 60 millones de euros de las cuentas de la empresa de aguas madrileña.

El entramado de este secreto a voces aireado casi a diario por los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid ha culminado con la detención de Ignacio González y otras 11 personas de la red familiar y amistosa tejida en sus tiempos del Canal. Cuatro años después de que Ignacio González abandonara la gestora de aguas madrileña para sustituir a Esperanza Aguirre en la presidencia de la Comunidad de Madrid, los vínculos entre las dos tramas de corrupción comienzan a encajar en el rompecabezas.

GÜRTEL Y PÚNICA, ¿LO MISMO SON?

De hecho, Gürtel y Púnica ya han cruzado sus enviciados caminos más de una vez. El caso Púnica incluye un pelotazo urbanístico en Valdemoro dado por Vancouver Gestión SL, una de las empresas de David Marjaliza, presunto cabecilla de la red Púnica. En septiembre de 2015, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid, José de la Mata, dictó dentro del sumario de la Gürtel un auto en el que pedía información sobre esta Vancouver Gestión, por la posible comisión de delitos contra la Hacienda Pública. Esta mercantil es una de las piezas claves del entramado del socio de Francisco Granados y objeto de pesquisas por parte de su colega en la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

Tras los registros en domicilios privados y despachos profesionales de los 12 arrestados este miércoles, los agentes analizan información incautada, a la espera de que entre este jueves y el sábado comparezcan ante el juez para declarar, aunque pueden acogerse al derecho a no decir palabra.

REBELIÓN DE FISCALES

Después de conocerse que el fiscal jefe Anticorrupción se opuso al registro en la sede Inassa, la oposición ha pedido la dimisión de Manuel Moix. Inassa, dirigida por el consejero del diario La Razón Edmundo Rodríguez Sobrino, gestionaba la red de 20 filiales del Canal de Isabel II en América Latina, presunto nido de sobornos y tramas de corrupción adyacentes en sus países de origen.

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