Cómo la Operación Chamartín explica la diferencia entre Más País y Podemos

Pablo Iglesias afronta la campaña del 10-N con una intención: que los españoles no se olviden ante las urnas de que Unidas Podemos pretende seguir sonando “impertinente y desagradable” a la élite económica del país. Su excolega Íñigo Errejón, sin embargo, la hace frente con voluntad de pacto. Dice que su nuevo partido ha venido para desbloquear a España y anteponer “la cultura del acuerdo”, la gran diferencia entre ambos, aseguran fuentes de Más País -la plataforma heredera del espíritu de Manuela Carmena en la capital-.

El programa con el que Errejón pretende seducir a los progresistas es verde y digital. “Hay dos trenes que no se pueden perder: el de la transición ecológica y el de la economía digital. Y se tiene que hacer combinando el sector público y el privado”, repite el líder de Más País en cada entrevista. Mientras, algunos en Podemos reprochan a la plataforma de Errejón que esté dispuesta a “darle el Gobierno” al PSOE y renunciar a líneas rojas de la izquierda. “La CEOE no nos quería en La Moncloa, eso es indicativo”, dicen.

Esa apuesta por que el Estado pacte con el capital supone aceptar las reglas de juego del capitalismo. En esa línea comienzan las desavenencias entre ambas formaciones. Y la Operación Chamartín, que transformará el Norte de Madrid, es el ejemplo perfecto para entenderlo.

El desarrollo urbanístico Madrid Nuevo Norte es tan grande que es como una ciudad dentro de la ciudad. Las grúas edificarán 2.360.000 metros cuadrados que han enfrentado a la izquierda: “La operación es un verdadero escándalo y una vergüenza incompatible con nada que se llame ser de izquierdas”, bombardeó Iglesias en septiembre, el mismo día que Errejón presentó Más País. ¿Qué hay detrás de este plan?

La legislatura de Carmena en Madrid fue una isla progresista en medio de casi tres décadas de gobierno del PP, las mismas que ha estado la operación en los cajones municipales. Y, aun así, fue ella quien redactó el plan y lo acordó con el Ministerio de Fomento -entonces liderado por el popular Íñigo de la Serna y propietario de los terrenos, que son públicos-, el BBVA y la constructora San José. En total, 7.300 millones de euros con forma de ladrillo.

Ese pacto es un pecado mortal para la órbita de Unidas Podemos, a pesar de que todos los grupos municipales -Más Madrid, PP, Cs, PSOE y Vox- lo apoyaron el pasado julio ya con Martínez-Almeida (PP) en el Palacio de Cibeles tras las elecciones municipales del 26 de mayo.

Aquellos comicios aún escuecen en la izquierda, que vio cómo las vías de Chamartín la partieron y descarrilaron la ansiada segunda legislatura de la exalcaldesa. Cuando Manuela Carmena e Íñigo Errejón presentaron Más Madrid, Izquierda Unida se revolvió, usó la operación y les lanzó un ultimátum: si querían concurrir juntos el 26-M, debían paralizar el plan urbanístico.

La exregidora fue tajante:

- “De ninguna manera. No tiene sentido”, dijo.

Izquierda Unida también lo fue y concurrió por separado junto a algunos anticapitalistas en la coalición Madrid en Pie, que no obtuvo representación a pesar del apoyo de Podemos.

Carmena se defendió: “Tiene que haber colaboración público-privada y no importa que haya que llegar a acuerdos con entidades privadas, faltaría más. Los que quieran un mundo en el que no haya empresas no pueden gobernar Madrid”. Dio con la clave: ¿es de izquierdas pactar con el capital?.

Una izquierda que antepone el pacto y otra “desagradable”

José Manuel Calvo, exconcejal de Desarrollo Urbano Sostenible de Carmena, ha declinado hablar con El HuffPost para este artículo. Este doctor en Arquitectura por la Universidad Politécnica de Madrid aseguró que entendía que se cuestionaran algunos aspectos de la operación, como la venta del terreno, que es público, a un banco para que desarrolle el plan.

Calvo, no obstante, se parapetó en que el Gobierno de Ahora Madrid no podía cambiar compromisos y contratos entre administraciones previas que estaban gobernadas por otros partidos. “Nos sentamos a negociar con las condiciones dadas”, contó en una entrevista.

“Asumiendo como Gobierno que hay que cambiar la ciudad, que hay que hacer políticas y actuar, no podemos quedarnos parados y no hacer nada. Lo que hicimos fue pensar una solución que superara el pasado”, dijo. Y enseguida arremetió contra “la visión infantilista de una parte de la izquierda que no asume que la sociedad es compleja, y que gestionar y gobernar exige negociar con las grandes empresas”.

El interés de Calvo, quien ha colaborado como profesor en la Universidad Europea, por las políticas públicas de vivienda y planificación urbana le han llevado, según su biografía, “a tratar de garantizar el derecho a la vivienda y a la ciudad a toda la población”.

Por ello, está orgulloso de haber reducido la edificabilidad de la operación con respecto al plan del Ayuntamiento de Ana Botella (PP) -900.000 metros cuadrados de suelo viario y ferroviario que se quedará sin grúas para ser zona verde-. También saca pecho de haber aumentado del 10% al 20% la proporción de vivienda protegida.

Donde Calvo y la órbita del tándem Carmena-Errejón ven necesario pactar con el capital para gobernar, Pablo Iglesias ve “buen rollo”. El líder de Unidas Podemos dice que la política va de intereses, más que de tener empatía o buen tono personal. El 25 de mayo, en la jornada de reflexión de las elecciones municipales, compartió un artículo firmado por Pablo Elorduy muy duro con la gestión de Ahora Madrid. 

En él, se señala a Luis Cueto, excoordinador de la alcaldía y mano derecha de Carmena, como servidor de las finanzas en Madrid y urdidor, junto con José Manuel Calvo y Jorge García Castaño (Economía), de un plan con un objetivo: dar luz verde a los rascacielos y a las 10.500 viviendas.

″¿De qué va la política, de intereses o de actitudes? ¿Va de escuchar, de tener empatía? Frente a conflictos e intereses contrapuestos, pues actitud de buen rollo; frente a dos personas que no se entienden, buen rollo y Operación Chamartín”, cargó Iglesias contra Más País

El trío perfecto: urbanismo, ideología y poder

El urbanismo determina la vida en las ciudades. La forma en la que se construye “condiciona totalmente la manera en la que nos relacionamos y, también, la propia economía y el modelo productivo”, cuenta Jon Aguirre, urbanista fundador de Paisaje Transversal, una oficina de planificación urbana.

Es fácil. El propio Aguirre lo explica con el siguiente ejemplo: “Si, a la hora de diseñar una plaza, adoptamos los criterios de diseño de Callao y la Puerta del Sol, donde no hay ni bancos, ni árboles, generamos espacios de tránsito y consumo en vez de relación”. No es casual que esas manzanas estén copadas por El Corte Inglés, Apple y otros dioses del capitalismo contemporáneo.

Quizá por ello, Urbanismo es casi siempre una cartera apetitosa cuando se forma un Gobierno municipal. Ahora, en Madrid, la gestiona Ciudadanos. Pero durante cuatro años, entre 1979 y 1982, la ocupó Eduardo Mangada, una de las voces más beligerantes con el plan para el Norte de Madrid.

“Me atrevo a calificar la Operación Chamartín como uno de los mayores escándalos del urbanismo europeo: la entrega de 3 millones de metros cuadrados de suelo público a un banco para que dé cabida a sus negocios financieros durante dos décadas. No lo llamemos Operación Chamartín o Madrid Nuevo Norte, por favor, llamémoslo por su nombre: Cortijo BBVA”, lanzó Mangada en una entrevista.

Este arquitecto de 87 años -exmilitante comunista que se pasó a las filas del PSOE- fue el primer concejal de Urbanismo de la democracia con Tierno Galván como alcalde socialista y el primer consejero de ordenación del territorio de la Comunidad con el también socialista Joaquín Leguina como presidente. Además, es el autor del Plan General de Ordenación Urbana de 1985. Tiene Madrid y cómo se construye el poder en la cabeza.

″[Carmena] comete un gran pecado al transformar el suelo público en mera mercancía. El suelo, titularidad del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif-Fomento), es suelo público. Es un bien común de los madrileños. Si fuese necesario enajenarlo, porque a Adif no le hiciera falta, la prioridad no sería entregárselo al BBVA, sino ponerlo al servicio de las instituciones públicas, pensando cómo puede servir para resolver los problemas de Madrid”, razona.

Un banco con suelo público

El BBVA se hizo con los derechos de compra de más de la mitad del terreno edificable, porque fue una sociedad liderada por el banco Argentaria (Desarrollo Urbanístico de Chamartín) a la que se le adjudicó el concurso para promover el desarrollo del suelo alrededor de la estación. Ese concurso lo abrió Fomento a principios de los 90.

El socialista Josep Borrell era entonces ministro de Fomento, Argentaria terminaría siendo la “A” del BBV y la sociedad Desarrollo Urbanístico de Chamartín se convertiría en Distrito Castellana Norte (DCN) -actual promotora del plan-. En ella también participa la constructora San José. 

Cuando la Comunidad dé luz verde definitiva a la operación antes de final de año, Adif venderá los terrenos a DCN y recibirá cerca de 1.000 millones con los que pagará la reforma de la estación de Chamartín. El BBVA dispondrá entonces de una oportunidad única para hacer caja y vender su parte.

Así, el banco imputado en el caso Villarejo por incumplir su código de conducta, dejará de ser promotor y podrá financiar otros proyectos alrededor del megaplan por el que, según algunos medios, ya han preguntado algunos de los fondos de inversión más importantes del mundo, como el soberano de Qatar y el canadiense Brookfield.

El interés del gran capital en un proyecto pactado por la izquierda ha roto los consensos sobre cómo relacionarse con las empresas. El 10-N los ciudadanos progresistas despejarán cuál es la mejor forma de tratar al capital: la de Podemos o la de Más País.