La Audiencia Nacional ve en el testimonio de 'El Pollo' una "maniobra dilatoria" e insiste en que sea extraditado a EEUU
El tribunal duda de su voluntad de cooperar porque dice que pudo hacerlo antes y terminó fugándose.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado suspender la extradición a Estados Unidos del ex jefe de la Inteligencia venezolana Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, respondiendo así al juez instructor Manuel García-Castellón, que en un oficio recordó a sus colegas que el militar es testigo en una causa sobre la presunta financiación ilegal de Podemos, si bien los magistrados creen que esta aparente colaboración de Carvajal es en realidad una “maniobra dilatoria”.
“No ha lugar ni a suspender, ni a posponer la materialización de la entrega extradicional a las autoridades de Estados Unidos de América del Norte del reclamado Hugo Armando Carvajal Barrios”, responden los miembros de la Sección Tercera a García-Castellón en una providencia de este jueves.
La Sala de lo Penal se ratifica así en su decisión del miércoles, cuando acordó seguir adelante con la entrega de ‘El Pollo’ a las autoridades estadounidenses, que lo reclaman por presuntos delitos de tráfico de drogas y de armas.
La extradición fue acordada en 2020, pero no se ejecutó en su momento porque Carvajal se fugó y, tras ser detenido el pasado 9 de septiembre en Madrid, presentó un recurso que permitió suspender su entrega a Washington hasta que se resolviera la petición de asilo que formuló en 2019 y que finalmente el Ministerio de Interior le ha denegado esta semana.
Ser testigo no impide que sea extraditado
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 (JCI) envió un oficio a la Sala de la Penal el miércoles por la tarde poniendo en su conocimiento que Carvajal está citado para testificar el 27 de octubre por dicha causa, que fue archivada en 2016 y reabrió, precisamente, por las declaraciones y los documentos de ‘El Pollo’.
Sin embargo, la Sección Tercera, que preside el magistrado Alfonso Guevara, responde al juez instructor que “la posición de testigo no es causa de suspensión”, dado que es “siempre factible” que Carvajal testifique a través de los mecanismos de cooperación jurídica en materia penal suscritos entre España y Estados Unidos.
Además, los magistrados recuerdan a García-Castellón que la única autoridad judicial competente para decidir sobre la fase de ejecución de la extradición de Carvajal es la Sección Tercera, por lo que “no ha lugar” a participación alguna del JCI6.
De hecho, ordenan comunicar su decisión de este jueves al comisario jefe de la Oficina de Cooperación Policial Internacional, “haciendo saber a este último que única y exclusivamente atenderá a las órdenes que le remita esta Sección Tercera”.
Pudo colaborar antes
La Sala de lo Penal advierte asimismo de que la declarada voluntad de ‘El Pollo’ de colaborar con la Justicia española “sería una maniobra dilatoria del proceso extradicional”.
En este sentido, subraya que los hechos sobre los que está prestando testimonio comenzaron a investigarse en 2016 en la Audiencia Nacional y que desde que fue arrestado por primera vez, en abril de 2019, hasta su segunda detención, hace poco más de un mes, no se ofreció a testificar.
Los magistrados hacen hincapié en el hecho de que “ya logró dilatar” su extradición cuando huyó justo después de que la Sala de lo Penal acordará enviarlo a la potencia americana, en noviembre de 2019.
Carvajal finalmente fue capturado por la Policía Nacional, en un operativo conjunto con la DEA, en un piso de Madrid donde, según informó el cuerpo de seguridad, vivía “totalmente enclaustrado, sin salir al exterior ni asomarse a la ventana, y siempre protegido por personas de confianza”.
Una ristra de recursos
La Sala de lo Penal ordenó hace apenas 24 horas que se hiciera efectiva la extradición del antiguo ‘chavista’ a Estados Unidos al considerar firme la decisión del Ministerio de Interior de no concederle el asilo.
Sin embargo, la defensa de Carvajal volvió a mover ficha presentando dos nuevos recursos a última hora del miércoles: uno de revisión ante el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, para corregir los errores que alega que hay en la resolución donde le deniega el asilo; y otro en la Audiencia Nacional, donde argumenta que debido a ese recurso de revisión la vía administrativa continúa abierta y, por tanto, la extradición debe esperar.
A ello se añade otro recurso latente. El Tribunal Supremo analizará el próximo 26 de octubre el recurso presentado por Carvajal contra la resolución emitida por el Gobierno en marzo de 2020 donde autorizaba definitivamente su entrega a la Justicia norteamericana. El militar venezolano esgrimió que, de ser extraditado, sería torturado para obtener información del Gobierno de Venezuela porque la Casa Blanca cree “erróneamente” que formó parte del “entorno cercano” de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
De acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, ninguno de los recursos pendientes de respuesta en los tribunales tiene la capacidad de suspender por sí mismo la entrega a Estados Unidos.
Aunque, conforme a estas mismas fuentes, Carvajal podría hacer una última jugada. Si la Audiencia Nacional diera por terminada la vía administrativa en lo relativo a la petición de asilo, podría llevar el conflicto a lo judicial con un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo donde podría pedir expresamente unas medidas cautelares o cautelarísimas para frenar su extradición hasta que el ‘no’ a su asilo sea firme también judicialmente.
Las aportaciones de “el pollo”
‘El Pollo’ puso en marcha un denominado “proceso de colaboración” con la Justicia española tras su segunda detención. Se ofreció a declarar voluntariamente ante García-Castellón por unas diligencias previas que había abiertas en esa sede judicial sobre terrorismo internacional. Lo hizo el 20 de septiembre, cuando habló durante más de una hora sobre diversos temas, y desde entonces ha estado enviando material al Juzgado Central de Instrucción Número 6 para dar soporte documental a sus palabras.
Ha entregado documentos relativos a supuestos contratos del despacho del ex juez Baltasar Garzón, Ilocad, con la petrolera venezolana PDVSA; otros archivos que reflejarían pagos de los gobiernos de Chávez y Maduro a miembros del equipo fundacional de Podemos; así como un escrito donde apunta a envíos de dinero a la formación ‘morada’ a través de Cuba y Venezuela.
En base a los papeles y al testimonio del antiguo ‘chavista’, el juez instructor ha estimado conveniente reabrir una causa que comenzó por una denuncia contra Podemos y su entonces líder, Pablo Iglesias, por la supuesta financiación ilegal del partido desde Irán y Venezuela y que fue archivada en 2016.
El también juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal decidió dar carpetazo al asunto al considerar que la denuncia se basaba únicamente en el conocido como informe PISA. Acogió los argumentos del fiscal Miguel Ángel Carballo, para quien dicho informe no era más que un “conjunto desordenado de reproducciones de noticias” publicadas en prensa, que carecía además de “cualquier membrete oficial” que acreditara tal carácter.
Carvajal, otrora jefe de Contrainteligencia Militar con los gobiernos de Chávez y Maduro, está perseguido por hechos que se produjeron entre 1999 y 2019, cuando habría pertenecido al llamado ‘Cártel de los Soles’, una organización criminal supuestamente gestionada por cargos ‘chavistas’ que, con la presunta colaboración de las FARC y otros grupos armados, habría introducido grandes cantidades de droga en Estados Unidos.