Kosovo y Libia, las otras ocasiones en que la OTAN sí entró en batalla

“No queremos ser parte del conflicto con Rusia”. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, lo ha dicho por activa y por pasiva: no van a entrar ni aviones ni tropas aliadas en Ucrania, pese a la agresión brutal de Moscú. Por más que se lo pida su presidente, Volodímir Zelenski, la respuesta siempre es la misma: no se ha invadido un estado miembro y, por tanto, Kiev no puede reclamar la protección del bloque, todos a una.

Ucrania ha reclamado, al menos, que la OTAN y Estados Unidos impongan una zona de exclusión aérea sobre su territorio, lo que prohibiría la entrada de aviones rusos en sus cielos, lo que, en teoría, detendría los bombardeos aéreos. Las zonas de exclusión aérea se utilizan habitualmente sobre edificios gubernamentales o lugares públicos, por razones de seguridad.

Desde el cuartel general aliado en Bruselas y desde Washington se han negado a dar ese paso, porque supondría su implicación directa en el conflicto: en algún momento pueden tener que derribar un avión ruso y, entonces, el conflicto queda abierto y los bandos, multiplicados. Vladimir Putin, el presidente de Rusia, ya ha avisado igualmente de que consideraría cualquier intento occidental de imponer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania como una “participación en el conflicto armado”.

Esa puerta parece hoy cerrada pero hay quien recuerda estos días dos precedentes en los que la OTAN sí inició campañas militares en países que no pertenecen a la Alianza: es el caso de Kosovo (1999) y Libia (2011).

Limpieza étnica de Milosevic

El 24 de marzo de 1999, la OTAN lanzó una campaña de bombardeos aéreos contra Yugoslavia, compuesta entonces por Serbia y Montenegro, para poner fin a la represión y limpieza étnica de los kosovares albaneses. La llamó Operación Fuerza Aliada. Fue una acción sin precedentes contra un Estado soberano en los 50 años de existencia de la organización, la primera vez que se apostó por atacar sin la autorización previa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Esta medida generó una enorme polémica, con acusaciones de crímenes de guerra y de violaciones de la propia Carta de las Naciones Unidas por parte de organizaciones como Amnistía Internacional, que sostenían que lo que Bruselas había vendido como una “intervención humanitaria” había derivado en ataques contra objetivos civiles, como centros de abastecimiento, ferrocarriles, puentes o medios de comunicación, más allá de los militares y estratégicos esperables. No obstante, Carla del Ponte, la fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, aseguró en el Consejo de Seguridad que su investigación sobre las acciones de la OTAN no encontró ninguna base para acusar a sus líderes de delito alguno.

Lo cierto es que la OTAN atacó decenas de blancos defensivos e infraestructuras del Gobierno de Slobodan Milosevic, pero sus bombas y misiles a veces fallaron, causando víctimas civiles, asumieron sus dirigentes, que hablaron de “daños colaterales”. Nunca hubo un balance oficial de víctimas de las 11 semanas que duraron los bombardeos. Las cifras oscilan entre los 500 muertos, según Human Rights Watch, y 2.500 según autoridades serbias, fruto de las más de 37.000 misiones y 20.000 bombas y misiles lanzados por los aliados. La contienda general en que se produjo el ataque atlántico causó más de 13.000 muertos y cerca de 900.000 refugiados.

En junio de 1999, entonces sí, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que permitía el despliegue de personal civil y militar en Kosovo. La zona quedó bajo su administración y nueve años después, el país proclamó su independencia, aunque hay naciones como España que aún no la reconocen.

El fin de Gadafi

La intervención militar de la OTAN en Libia se produjo en 2011, de abril a octubre. Liderada por EEUU y Francia, sí fue desarrollada bajo el amparo de la ONU, con el objetivo de cumplir lo dispuesto por la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad en la que se autorizaba la adopción de “todas las medidas necesarias [...] para proteger a los civiles y las zonas pobladas por civiles que estén bajo amenaza de ataque” de las fuerzas leales al Gobierno de Muamar el Gadafi y en la que se establecía la “prohibición de todos los vuelos en el espacio aéreo” -la exclusión que pide Ucrania ahora-, al tiempo que se autorizaba a adoptar “todas las medidas necesarias para hacer cumplir” dicha prohibición.

Los aliados acusaban a Gadafi de estar preparando una “masacre” contra su población, levantada contra el dictador al calor de las primaveras árabes que tanto ilusionaron ese año. Usando la doctrina de la “responsabilidad para proteger”, la Operación Protector Unificado lanzó más de 9.700 incursiones aéreas y destruyó unos 5.900 objetivos militares.

La OTAN enfatizó sus “esfuerzos considerables” por minimizar el riesgo de causar bajas civiles, pero acabó reconociendo algunas víctimas inocentes. Amnistía Internacional, por ejemplo, documentó 55 casos de civiles identificados, entre ellos 16 menores y 14 mujeres, muertos en ataques aéreos en Trípoli, Zlitan, Majer, Sirte y Brega. Los partidarios de Gadafi informaron de al menos 718 civiles muertos y 433 heridos por los bombardeos, cifra no verificada por organismo independiente alguno.

Más allá de las víctimas -lo esencial, en cualquier guerra-, aquella incursión fue polémica porque los críticos sostienen que las consideraciones humanitarias fueron sólo una excusa para propiciar un cambio de régimen, con el dinero como base.

Lo que cambia en el caso de Ucrania

“Ambos casos son muy distintos entre sí y respecto a Ucrania, por lo que no hablamos de conflictos comparables”, sostiene el coronel retirado Manuel Gutiérrez. Y lo explica: “Tenemos dos casos, uno con aval de la ONU y otro sin él, pero la clave está en los actores: ninguno de los atacados era Rusia”.

Nos remite al Capítulo VIII de la Carta de las Naciones Unidas, en el que se habla de cómo proceder ante un conflicto. Primero, expone que los miembros de la ONU que sean partes de organismos regionales como la OTAN, “harán todos los esfuerzos posibles para lograr el arreglo pacífico de las controversias de carácter local (…) antes de someterlas al Consejo de Seguridad”.

La ONU concreta el modo de proceder en caso de aplicarse acciones de castigo y en su artículo 53.1 establece que el Consejo se valdrá de dichos organismos internacionales “para aplicar medidas coercitivas bajo su autoridad” y que “no se aplicarán medidas coercitivas en virtud de organismos regionales sin autorización del Consejo de Seguridad”.

Hay una excepción: que estas acciones vayan dirigidas contra “Estados enemigos”. ¿Y cuáles son los estados enemigos? Lo aclara de seguido: el término “se aplica a todo Estado que durante la Segunda Guerra Mundial haya sido enemigo de cualquiera de los signatarios de esta Carta”. Rusia fue signataria y fundadora de la ONU, por lo que en ningún caso será considerado como “Estado enemigo”. Y más aún: es un miembro permanente del Consejo de Seguridad”, junto a EEUU, China, Francia y Reino Unido, los grandes estados del mundo. “Tiene, por tanto, derecho de veto contra toda decisión que se apruebe en el seno de este órgano. Así que nada que hacer formalmente”, añade el exmilitar.

¿Puede darse el caso de que se produzca una intervención unilateral, por libre, de la OTAN? “Hoy por hoy lo veo impensable, salvo que se ataque a un país miembro de la Alianza. Putin ha lanzado amenazas serias y también ha citado expresamente a Finlandia y Suecia, que no son miembros oficiales pero tienen una relación especial de colaboración con la Alianza y hasta están participando en sus últimas reuniones por la gravedad de la crisis”, sostiene.

EEUU ya ha dicho que defendería a estas dos naciones si son agredidas y eso podría ser el inicio de una guerra directa, concede. En el caso de que el ataque vaya contra un país plenamente de la OTAN, el agredido puede invocar el artículo 5 de sus bases, por el que los aliados tienen que proteger al afectado.

También se puede dar “el incidente, el paso en falso, el detonante” que prenda la mecha y amplíe los actores que entran en liza directamente. “Siempre, cuando hay conflictos tan serios, cuando se juega en tantas fronteras y con tantos medios, puede producirse un hecho relevante que acabe forzando la incorporación a la guerra de nuevos actores, la OTAN en este caso. A priori parece algo lejano pero dados los errores de cálculo de las pasadas semanas y la incapacidad de prever qué hace Putin, nada es descartable”, insiste.

Vigilantes, pero fuera

De hecho, Gutiérrez recuerda que los occidentales van con “paso cauteloso”, ya que Putin sostiene que cualquier movimiento puede ser entendido como una declaración de guerra y eso abriría las posibilidades de frentes. Pone como ejemplo la oferta de esta misma semana hecha por Polonia, que comunicó su disposición a trasladar todos sus aviones de combate MiG-29 a Alemania para ponerlos a disposición de Estados Unidos en una base de ese país en territorio germano. La idea era donar las aeronaves a EEUU, ya que Moscú había dicho que convertiría a Polonia en enemigo si le daba los aviones directamente a Kiev.

Con esta especie de regalo, Varsovia se evitaba ser el que entregara material de guerra inestimable a los ucranianos, ponía la pelota sobre el tejado de EEUU y se abría el debate: ¿a quién plantearía entonces la guerra Putin? Sin embargo, Washington ha entendido que la jugada es demasiado arriesgada y la ha rechazado porque no es “sostenible”.

Por ahora, el papel de la OTAN y de los países occidentales se está limitando a reforzar su presencia militar en las proximidades de Ucrania y Rusia y al envío de armas organizado por la Unión Europea, con contribuciones diferentes de cada estado.