El Parlament debate la ley de referéndum en un clima de crispación y tras los intentos de la oposición de frenarla
Tensión en la Cámara catalana en una maratoniana jornada en la que la Mesa desoye a letrados y al Consejo de Garantías
Tensión en Cataluña. Continúa el embrollo legal. El pleno del Parlamento catalán prevé aprobar este miércoles por la noche la ley del referéndum, tras pedir JxSí y la CUP un cambio en el orden del día del plenario para incluir el debate y votación de esta norma, algo que no estaba previsto inicialmente.
Los dos grupos soberanistas han invocado el artículo 81.3 del reglamento de la Cámara, que permite alterar el orden del día si hay una mayoría absoluta de diputados que lo pide: el resultado de la votación ha sido de 72 apoyos -JxSí, CUP y Germà Gordó-, 60 votos en contra -PSC, PP, Cs y 8 diputados de SíQueEsPot- y tres abstenciones -de otros diputados de SíQueEsPot-.
Esto ha desembocado en una maratoniana jornada, en la que se ha empezado a debatir finalmente la ley del referéndum a las 19.38 horas tras horas de enfrentamientos entre la presidenta del Parlamente, Carme Forcadell, y los portavoces de la oposición, que han mostrado su indignación en numerosas peticiones de palabra y han intentado desde ese momento frenar la ley. Una sesión parlamentaria que se desarrolla llena de incertidumbres y vacíos legales y que se ha convertido en un show mediático.
La petición de JxSí incluye restringir varios mecanismos que normalmente sí pueden utilizar los partidos de la oposición: la ley se aprobará con un solo debate en pleno -normalmente son dos-, se dan dos horas para presentar enmiendas y se anula la posibilidad de impugnar la ley ante el Consejo de Garantías Estatutarias.
La luz verde para tramitar la ley llegaba casi al mediodía tras cuatro horas de tensiones que arrancaron con la reunión de la Mesa del Parlament a las 9 horas. Posteriormente, a las 10 horas se iniciaba el Pleno y las diputadas Marta Rovira (JxSí) y Anna Gabriel (CUP) han solicitado formalmente incluir la ley.
La ley del referéndum fue registrada el 31 de julio, pero no se había tramitado aunque la Mesa se había reunido cuatro veces. Esto ha provocado tensas broncas parlamentarias, con fuertes palabras de la oposición y hasta de un miembro de la Mesa -José María Espejo, de Ciudadanos-.
Ciudadanos, el PSC, Catalunya Sí Que Es Pot y el PPC han denunciado el "atropello" de los derechos de los diputados que a su juicio representaría debatir la ley del referéndum sin las garantías suficientes. A lo largo de toda la jornada, Ciudadanos (Cs), PSC y el PPC han desplegado su estrategia para retrasar todo lo posible el debate y la aprobación de la ley del referéndum. Esto ha llevado a interrumpir la sesión hasta en seis ocasiones y reunir en varias ocasiones a la Mesa y a la Junta de Portavoces.
Tras reanudarse la sesión por la tarde, se ha desarrollado primero la sesión de control al Govern. Posteriormente, ha arrancado otra vez el debate de la ley del referéndum. La oposición ha vuelto a intentar paralizar la tramitación pidiendo otra reunión de la Mesa y de la Junta de Portavoces. De manera paralela, el Consejo de Garantías ha dado la razón a la oposición, considerando "preceptivo" que se abra el plazo de solicitud de dictamen, "en garantía del derecho de los diputados en el ejercicio de su función". Eso significa que el órgano de garantías estatutarias cree que debería retrasarse el Pleno para poder emitir un informe sobre la ley.
De todas formas, los independentistas han desoído las recomendaciones del Consejo de Garantías y el debate final de la ley ha continuado a las 19.38 horas. Su idea es aprobar hoy la norma y que el Govern pueda posteriormente firmar de manera conjunta el referéndum del próximo 1 de octubre.
El Gobierno está pendiente en Madrid de todo lo que está pasando en Cataluña y ha pedido al Tribunal Constitucional que anule todas las normas que se aprueben en el Parlament y que busque a los responsables penales, con la vista puesta especialmente en la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Además, la Fiscalía se querellará contra los miembros de la Mesa que han aceptado tramitar la ley.
Además, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, han acordado reunirse este jueves en La Moncloa a las 12.30 horas para hacer frente al desafío independentista.
LA ALERTA DE LOS LETRADOS DEL PARLAMENT A FORCADELL
A lo largo del día, el secretario general del Parlament, Xavier Muro, y el letrado mayor del Parlament, Antoni Bayona, han registrado un escrito dirigido a la Mesa del Parlament en el que alertan que la tramitación de las leyes de ruptura choca con las advertencias del Tribunal Constitucional (TC).
En el escrito, al que ha tenido acceso Efe, los letrados "advierten" de que la tramitación de las leyes "está afectada por el derecho de cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional y nula" la resolución del 9N, por lo que "el incumplimiento de este deber podría dar lugar a la exigencia de responsabilidades de los miembros de la Mesa", advierten.
LOS ARGUMENTOS DE LOS INDEPENDENTISTAS
Durante el inicio del debate, Marta Rovira (ERC) y Anna Gabriel (CUP) han argumentado que el Estado está obligado a "respetar y promover" el derecho de autodeterminación de Cataluña en base a los tratados internacionales, como la Carta de Naciones Unidas.
Rovira ha sido la primera en pedir la palabra justo cuando iba a arrancar el pleno, momento en que ha invocado el artículo 81.3 para debatir y votar la ley. "Esta Cámara ha de ser consciente de que la propuesta que pedimos que se incorpore no es una ley más".
Ha defendido el derecho a decidir y de autodeterminación de Cataluña, que "es inherente, no prescribe, nadie puede revocar y al que no podemos renunciar. Cataluña no ha renunciado nunca a ello".
La portavoz de JxSí ha asegurado que el Estado "está obligado a respetar y promover internacionalmente el ejercicio del derecho de autodeterminación de acuerdo a la Carta de Naciones Unidas y porque se comprometió a ello explícitamente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Económicos".
Por ello, ha solicitado que se ponga a votación la ley, justo antes de la sesión de control, y se "garantice su substanciación hasta el final", pasando directamente al trámite de debate y votación final de la ley, sin tener que abordar el debate a la totalidad de la ley o la posibilidad de pedir dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias, que ha recordado que "no es vinculante" y ha admitido que hubiera sido ignorado en cualquier caso.
Pero, para "respetar el derecho de participación de los grupos", Rovira sí ha pedido que se abra un periodo de enmiendas de dos horas; y ha recordado a los grupos que tienen la posibilidad de acudir a las vías internacionales o a los tribunales de justicia ordinarios si así lo consideran.
Tras la intervención de Rovira, ha tomado la palabra la portavoz parlamentaria de la CUP Anna Gabriel, que se ha sumado a la petición de ampliar el orden del día para incluir el debate y votación de la ley del referéndum.
Gabriel ha alegado que el soberanismo no ha encontrado "ninguna voluntad de diálogo" en el Estado para acordar el marco legal del referéndum y sólo ha obtenido como respuesta 'amenazas y prohibiciones'.
Según Gabriel, la aprobación de una ley para hacer posible el referéndum del 1 de octubre ya es "una cuestión no sólo de contestar la demofobia del Estado español sino, sobre todo, un acto de dignidad colectiva".