Juristas belgas destacan que nunca un juez europeo ha sido perseguido por otro belga por su función jurídica

El Derecho belga y el Derecho Internacional protegen la inmunidad de los jueces por su independencia, según han subrayado juristas belgas expertos en derecho procesal, por lo que los tribunales de este país no deberían entrar en el debate de fondo sobre las declaraciones del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha utilizado para presentar una demanda civil contra el magistrado en un juzgado de Bruselas.

"No creo que un juez belga pueda juzgar a un juez español independiente. Nunca he visto que un juez europeo independiente sea perseguido por otro juez europeo por su función jurídica", ha explicado a Europa Press Jean-François Van Drooghenbroeck, abogado y presidente del Instituto para la Investigación interdisciplinar de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Lovaina.

De acuerdo a la estrategia que adelantó en la primera vista el abogado belga de Llarena, Hakim Boularbah, durante el juicio cuestionarán la competencia de las Cortes belgas en este caso y apelarán a la inmunidad jurisdiccional española.

En opinión de Van Drooghenbroeck, el tribunal no llegará a tener un "debate de fondo" sobre las declaraciones de Llarena denunciadas por los políticos catalanes, porque tanto el Derecho belga como el Internacional "protegen" la independencia de un juez en su acción jurídica.

Sigue la causa

El próximo 25 de septiembre se reanudará la vista en un juzgado de Bruselas por la demanda civil contra Llarena y para la que la defensa del magistrado pidió esta semana más tiempo, con el objetivo de que el Estado español pueda personarse en la causa para defender la inmunidad jurisdiccional española.

Será en la vista del día 25 cuando se sepa si el presidente del Tribunal de primera instancia francófono de Bruselas acepta asignar tres jueces al caso -algo reservado para procedimientos "complejos" y "excepcionales"- y cuando se persone formalmente España junto a Llarena.

Tras esta vista de procedimiento se fijará una nueva fecha y comenzará el intercambio de argumentos escritos por las partes sobre las cuestiones de fondo como la competencia internacional de los Tribunales belgas, la inmunidad del Estado y la independencia judicial, lo que llevará varios meses. Posteriormente se celebrará una nueva vista para escuchar oralmente a las partes y habrá lugar paras las deliberaciones y posterior decisión.

Los expertos consultados recuerdan la saturación de los juzgados civiles en Bruselas y la lentitud de los expedientes, por lo que ven poco probable que se produzca un fallo en el caso de Llarena antes de que acabe 2018.

La media en Bruselas para los procedimientos civiles es de un año y medio (hasta cuatro en caso de apelación), aunque la "presión política y mediática internacional" sobre este caso hace pensar que podrían acortarse algo los plazos.

Responsabilidad del Estado

Puigdemont y los exconsellers que huyeron con él a Bélgica argumentan en su demanda que la instrucción llevada a cabo por Llarena supone una vulneración flagrante de su presunción de inocencia y de la libertad de acción política, por lo que piden una compensación de un euro simbólico.

Sin embargo, en el derecho belga la "responsabilidad" de que un magistrado violase la presunción de inocencia "recae sobre el Estado, no sobre el juez", que no actúa a título privado, según ha advertido el profesor de derecho procesal civil de la Universidad Libre de Bruselas (ULB) Jacques Englebert, en conversación con Europa Press.

Para Englebert, el simple hecho de que un juez se exprese en público sobre un caso que esté instruyendo es un "problema" en Bélgica y podría ser motivo de recusación, pero añade que en el caso de Puigdemont y el resto de demandantes no cabe examinar esta cuestión en Bélgica puesto que la causa del 'procés' se instruye en España.

En cuanto al "error" en la traducción al francés de las palabras de Llarena presentadas en la demanda, Englebert cree que no será un elemento que condicione el caso, habida cuenta de que los demandantes presentaron en la primera audiencia -del pasado día 4- una versión corregida. "Han reconocido el error y lo han corregido, no hay nada que reprochar", ha apuntado el profesor de la ULB.

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