Justicia prepara juicios rápidos para acelerar las demandas de las cláusulas suelo
El Gobierno planea medidas para desatascar los tribunales y pasarle a la banca la factura por los retrasos en las indemnizaciones, según 'El País'.
El Ministerio de Justicia tiene un plan para desatascar los tribunales, ante las cerca de 240.000 demandas existentes contra las cláusulas suelo y condiciones abusivas de los bancos. El departamento que dirige el ministro Juan Carlos Campo está preparando una serie de medidas que acompañarán a dos anteproyectos de ley, destinadas a acabar con la estrategia de las entidades de dilatar el proceso judicial al máximo.
Según informa El País, el Gobierno fija la fecha de tramitación de esta ley a comienzos de 2022. Justicia quiere poner fin a las dilaciones en los procesos judiciales que generan los bancos y emplean para evitar que los clientes afectados pleiteen, aunque pierden en el 97,5% de los juicios.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró abusivas las cláusulas que acompañaban a productos financieros vendidos por la banca en los años de la crisis, como las preferentes. Desde 2008 a 2012, el sector bancario tiene pendientes miles de reclamaciones, pero entre estas se hallan también las cláusulas suelo, los préstamos multidivisa o los créditos referenciados al IRPH. El TJUE no se ha pronunciado sobre estos últimos productos.
Juicios verbales y figura del pleito testigo
El primero de los anteproyectos que elabora Justicia prevé medidas para mejorar la eficiencia del procesal, a través de la tramitación de estos juicios como verbales. Este tipo de proceso es de mayor rapidez y sencillez porque permite al juez dictar sentencia oralmente.
Además, se fomentará la técnica del pleito testigo, por el que se suspenderán todos los procesos hasta que se dicte sentencia de uno solo de los casos. La finalidad es que dicha sentencia adquiera firmeza y el resto de demandantes en misma situación puedan solicitar acogerse al mismo resultado sin pleitear.
La clave de estas medidas estará en la creación de un mecanismo de solución de controversias. El Gobierno busca que no se pueda interponer demanda sin una negociación previa entre cliente y banco. La idea que se baraja es que el consumidor primero reclame ante la entidad financiera, que deberá decidir si la acepta o no. En cualquier caso no podrá alegar después ninguna serie de motivos para generar la dilación del proceso.
Si después de la reclamación se inicia el pleito, el magistrado tendrá en cuenta la colaboración prestada para resolver el conflicto. Se tendrá en consideración “tanto para la imposición de costas como para considerar que se pueda haber producido un abuso del servicio público de Justicia merecedor de la imposición de una sanción”, según apuntan fuentes del Ejecutivo a El País.
El segundo de los anteproyectos de ley está dirigido a regular los futuros Tribunales de Instancia, cuyos presidentes tendrán la potestad de unificar prácticas y criterios cuando hubiera diferentes interpretaciones. Se trata de un asunto clave en el ámbito de las demandas de las cláusulas suelo y para reforzar las anteriores medidas.
