"Procés 2.0": arranca la segunda parte del juicio contra la cúpula de los Mossos
La acusación reclama 11 años para el ex major Josep Lluis Trapero, así como para los ex jefes políticos de la policía autonómica Pere Soler y César Puig, por rebelión.
Todavía es pronto para saber si el juicio político más controvertido vivido en España desde que se instaurara la democracia será llevado a la gran pantalla, como ha ocurrido con otros casos judiciales. Ha pasado casi un año desde que arrancara “la primera parte del procés” en los tribunales, y como si de una saga se tratara, el lunes se estrena la segunda: la cúpula de los Mossos –con el ex major Josep Lluis Trapero a la cabeza– en el banquillo.
Encontrar un buen nombre para una película nunca es tarea fácil, pero lo cierto es que la cuestión catalana, a día de hoy, podría encajar bajo cualquiera de los títulos candidatos a llevarse el cabezón en los próximos Premios Goya.
“Los políticos con su inacción y sus errores nos están empujando a (Trincheras –infinitas–) en las que no queremos estar”, declaraba el co-presentador de la gala, Andreu Buenafuente, tras conocerse el fallo del 1-O. Y no se equivocaba. Durante el pasado mes de octubre (O que ardió) no fue la Galicia de Oliver Laxe, sino una Cataluña a la (Intemperie), ante la firmeza de una sentencia condenatoria y el desentendimiento de dos líderes políticos que jugaban a no descolgar el teléfono. Hecho que, sin embargo, le sirvió al president Quim Torra para demostrar sus dotes escénicas con una una brillante interpretación sobre los acontecimientos digna de galardón a mejor actor revelación 2020, y que dejó frases para la historia: “Quins collons”.
Lo ocurrido desde 2012, lamentablemente, no ha sido ciencia ficción, sino una cruda realidad de la que se desprende en claro al menos una cosa: (Mientras dure la guerra –política–), la situación seguirá provocando mucho más (Dolor que gloria).
20 de enero: comienza el juicio contra Trapero y la cúpula de los Mossos
El pasado 12 de octubre, dos días antes de lo previsto y en plena Fiesta Nacional, se filtraba el fallo del “procés” tras cuatro meses de proceso judicial. El Tribunal Supremo finalmente condenaba a los líderes independentistas con penas de prisión e inhabilitación de entre 9 y 13 años por sedición.
Este lunes cambian tanto el escenario como los protagonistas, pero la causa “2.0” continúa en la Audiencia Nacional. Josep Lluís Trapero y otros tres miembros de la antigua cúpula de los Mossos –los ex jefes políticos del cuerpo policial César Puig y Pere Soler, y la intendente Teresa Laplana– serán procesados por el referéndum ilegal del 1 de octubre y los incidentes ocurridos durante el mes de septiembre de 2017 en la Consejería de Economía.
A pesar de los recursos de apelación presentados por los investigados, la magistrada instructora Carmen Lamela decidió desestimarlos ratificando la imputación de dos delitos de sedición y uno de organización criminal para Trapero; otro de sedición y organización criminal tanto para Puig como para Soler, y exclusivamente uno de sedición para Laplana.
Los hechos y la acusación
“Resulta evidente que las tibias medidas de seguridad durante los registros judiciales de septiembre enmascaraban una absoluta condescendencia con los hechos”, recoge el escrito de acusación, “teniendo en cuenta que el edificio asediado solo contó con la protección de los Mossos sin refuerzo alguno a lo largo del día y sin atender a la petición de la Guardia Civil de establecer un perímetro de seguridad”, remata.
La Sala no dudó en asegurar que las diligencias sumariales demostraban “sin duda la cooperación en ese eslabón del plan secesionista”. Para los magistrados, tanto el jefe de la cúpula como una gran parte de los Mossos “incumplieron las órdenes emanadas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del Tribunal Constitucional para conseguir la celebración del referéndum ilegal y eso provocó una de correa de transmisión con los subordinados”.
En definitiva, el tribunal consideró que los responsables de los Mossos, encabezados por Trapero, no evitaron la celebración de la consulta y simularon “un dispositivo engañoso, meramente formal, con designio no solo de permitir la celebración de la ilícita consulta sino de socavar la actuación que realizasen los otros cuerpos de Seguridad del Estado”.
El auto, además, recalca que lo que en un principio fueron “indicaciones moderadas”, más tarde se convirtieron en “pautas ambiguas y contrarias a las emanadas por los tribunales”. Y por si fuera poco, los magistrados calificaron de “lento e ineficaz” el mecanismo de comunicación entre los agentes durante aquella jornada. Un procedimiento, apuntan, “a todas luces inadecuado por no obedecer a razones técnicas, inalcanzables con solo ocho agentes de mediación para toda Cataluña que actuaban por parejas y cuya actuación fue de total pasividad”.
De todo lo expuesto, concluyen, Trapero fue el “máximo responsable”, para quien la Fiscalía pide una pena de 11 años, pero no el único. La Sala considera que dada la posición política de Puig y siendo segunda autoridad del Departamento de Interior, éste formó parte del plan cuya estrategia era “la declaración unilateral de independencia y la proclamación de la república catalana”.
Trapero ya compareció como testigo ante el Tribunal Supremo
Por su parte, el ex major de los Mossos d’Esquadra no es la primera vez que comparece ante la justicia. El año pasado se sentó como testigo ante el Tribunal Supremo durante el juicio del “procés”, donde tuvo la oportunidad de defender sus actuaciones asegurando que “alguien quebró la coordinación entre los cuerpos policiales desde primera hora del día” y defendiendo el “modus operandi” de los agentes.
En la vista oral, Trapero también aprovechó para relatar sus discrepancias con el coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos sobre las órdenes que le fueron transmitidas acerca de cuándo “ejercer la fuerza” el día de la votación. “Nosotros lo limitábamos a ciertas situaciones, a repeler ataques a los agentes o a un tercero. Él -Pérez de los Cobos– desde el primer momento, dijo que eso no podía ser excusa para facilitar la votación, algo que a mí me pareció ofensivo. La orden judicial obliga a la policía a actuar, pero también nos obligan unos medios de actuación”, expresó.
Ante las acusaciones de “pasividad” por parte de la Fiscalía, el ex major se defendió verbalizando que las indicaciones recibidas desde el tribunal fueron las de proceder con “paciencia, contención y garantizando en todo momento la paz social”. Algo que, según él, acataron sin lugar a dudas.
Los plazos, magistrados y Fiscalía
Según consta en el documento, la Sala -que contará con los magistrados Concepción Espejel, Francisco Javier Vieira y Ramón Sáez Valcárcel-, ha habilitado 24 sesiones. Un procedimiento que se llevará a cabo en la sede que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares (Madrid).
La Fiscalía, por su parte, estará representada por Miguel Ángel Carballo, Miguel Cuervo y Pedro Rubira, quienes acusan a Trapero de rebelión y piden 11 años de prisión y 11 de inhabilitación absoluta, mientras que para Puig y Soler, la acusación solicita un delito de rebelión, con la misma pena que al ex major. Sólo en el caso de Laplana los fiscales le atribuyen un delito de sedición y piden cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación.
Tsunami Democratic convoca “una segunda oleada de protestas”
A pesar de que la mayor parte de las manifestaciones convocadas en Cataluña tras conocerse la sentencia del 1-O fueron pacíficas, una minoría violenta protagonizó enfrentamientos e incidentes que se saldaron durante el mes de octubre con cortes de carreteras, quema de contenedores, pintadas y saqueos en comercios. Daños en el mobiliario urbano que el Ayuntamiento de Barcelona cifró en, al menos, 2,5 millones de euros durante la primera semana y más de 7,3 millones en transporte e infraestructuras.
Haciendo gala de “haber contribuido a evidenciar el conflicto entre Cataluña y España gracias a la presión mediática, política y social de sus acciones”, la plataforma Tsunami Democràtic ha avisado ya de la preparación de una segunda “oleada de protestas diseñadas para conseguir objetivos políticos, operativos y comunicativos concretos en el marco de los derechos, la libertad y la autodeterminación”.
En diversas publicaciones de Twitter, la organización ha asegurado que sigue “activa y reflexiva” y se reafirma en la necesidad de trabajar a medio y largo plazo con independencia de los calendarios políticos y judiciales.
“Tsunami Democràtic continuará proponiendo acciones de protesta no-violenta y de desobediencia civil masiva mientras las reclamaciones mayoritarias de la sociedad catalana no sean atendidas”, ha expresado.
A su vez, la plataforma ha reconocido haber hecho “una reflexión pausada sobre los aciertos y errores pasados, para convertirlos en aprendizajes y avanzar en la eficacia de sus acciones”.
“Juicio del procés 2.0”, arranca la segunda parte.
