El juez imputa a tres exjefes de ETA por el asesinato de Miguel Ángel Blanco

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado citar como investigados a tres exjefes de ETA que formaron parte del Comité Ejecutivo de la banda terrorista por su presunta responsabilidad en el secuestro y asesinato del concejal del PP de Ermua, Miguel Ángel Blanco, hace ahora 25 años.

En un auto, notificado este viernes, el magistrado dirige el procedimiento, iniciado a raíz de una querella de la Asociación Dignidad y Justicia, contra Miguel Albisu Iriarte, Mikel Antza, María Soledad Iparraguire, Anboto, y José Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri, por delitos de secuestro terrorista y asesinato terrorista.

Con respecto a este último, el juez ha optado por emitir una nueva Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) a Francia para que le permita ampliar los motivos por los que en su día fue devuelto a España y poder así interrogarle por estos hechos.

El juez también considera responsable de este atentado a otro exjefe de ETA, Ignacio de Gracia Arregui, Iñaki de Rentería, al que ahora también se investiga junto a Kantauri y Mikel Antza por el asesinato del concejal del PP Gregorio Ordóñez-, si bien en su caso los delitos se consideran prescritos.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha dado este paso en la investigación tras recibir la semana pasada el informe que encargó a la Guardia Civil para determinar los miembros que integraban el Comité Ejecutivo de ETA (ZUBA) y su posible participación en el secuestro y asesinato del concejal de Ermua.

Nueva estrategia de ETA tras la caída de la cúpula de Bidart

Según dicho informe, los investigados, pese a no ser los ejecutores materiales -que ya fueron condenados, entre ellos Francisco Javier García Gaztelu, Txapote-, tuvieron “una participación en comisión por omisión, atendida la posición de dominio que ostentaba” dicho órgano “con capacidad real, durante las más de 48 horas en las que se prolongó el secuestro, para poder detenerlo”.

Ante “la negativa a hacerlo”, se desprende “una intención manifiesta en la producción del resultado”, sostiene la Guardia Civil.

El juez, que ya fue el instructor de la causa hace 25 años, relata cómo tras la caída de la cúpula de ETA en Bidart, en 1992, la organización terrorista diseñó una nueva estrategia orientada a que todas las formas de lucha provocasen una confrontación constante con el Gobierno de España a todos los niveles, de forma que lo desestabilizase con mayor intensidad que la soportada hasta ese momento.

Entre 1993 y 1994, la nueva cúpula etarra planificó y puso en marcha la denominada “estrategia de desestabilización”, que incluía el señalamiento de cargos políticos del PP y del PSOE como objetivos, así como la comisión de otros atentados o acciones terroristas de gran poder desestabilizador como el secuestro, durante 532 días, del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara o el intento de atentado contra un miembro de la Familia Real.