El juez manda al banquillo al expresidente madrileño Ignacio González por los campos de golf del caso Lezo

Al banquillo. El juez del caso Lezo ha dictado este viernes auto de apertura de juicio oral al expresidente madrileño Ignacio González (PP) y otras 4 personas por presuntas irregularidades en la adjudicación de dos contratos relacionados con el campo de golf del Canal de Isabel II a una empresa participada por un hermano y un cuñado de González.

Esta es la tercera causa por la que el expresidente madrileño ha sido enviado a juicio. Las otras dos son por el presunto fraude en la compra de la empresa brasileña Emissao por parte del Canal en 2013 y por la presunta adjudicación irregular a OHL de la obra pública del tren de Navalcarnero (Madrid) en 2007, hechos por los que la Fiscalía pide para él 8 y 4 años de cárcel respectivamente.

Ahora, en un nuevo auto, el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón le envía al banquillo por los contratos relacionados con el campo de golf por supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias en concurso con cohecho, prevaricación administrativa y dos delitos de fraude a las administraciones públicas.

La Fiscalía pide para González 6 años de cárcel, según el escrito de acusación que emitió hace unas semanas, al igual que la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II, PSOE, CC. OO. de Madrid y el Ayuntamiento de la capital (que también ejercen la acusación en esta causa).

Junto al sucesor de Esperanza Aguirre, imputada junto a él en Púnica por la presunta financiación irregular del PP de Madrid, se sentarán en el banquillo por estos hechos el ex director gerente de Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel, así como los socios de la empresa Tecnoconcret (TCT): José Antonio Clemente Marín, Pablo Manuel González y Juan José Caballero Escudier, estos últimos hermano y cuñado, respectivamente, del expresidente de la Comunidad de Madrid.

El auto relata cómo en el año 2006 González y De Miguel, prevaleciéndose de los cargos públicos del máximo nivel que ostentaban en el ente público Canal de Isabel II en esas fechas, “dirigieron su actuación a asegurar la contratación de la sociedad TCT en dos concursos públicos promovidos por dicho organismo”.

“Una contratación de todo punto innecesaria e irregular”

La sociedad, que según el juez, carecía de todo medio para ejecutar los trabajos contratados, estaba participada por los otros tres acusados, si bien el hermano y el cuñado de González lo hacían de manera encubierta para ocultar sus vínculos familiares con el expresidente madrileño.

“Esa contratación de todo punto innecesaria e irregular, que supuso para TCT un beneficio total de 504.780 euros -381.029 en el primero caso y 123.751 en el segundo- fue solicitada e impuesta de común acuerdo por todos los acusados a las adjudicatarias como condición para obtener las adjudicaciones”, sostiene el magistrado.

Un año después de la adjudicación, González y De Miguel, según la acusación de la Fiscalía, facilitaron la tramitación de un modificado, “lo que garantizaba su adjudicación directa a Dragados” (antes ACS) y, “por ende”, la subcontratación de TCT.

Dragados firmó con TCT un contrato por 160.204 euros, pero el objeto se amplió y el importe total ascendió a unos tres millones de euros.

En junio de 2006, antes de que el modificado se adjudicara a Dragados, los acusados de TCT subcontrataron a Onlygolf y Fieldture, “acordando con ellas percibir una comisión del 8 % por su intermediación”.

La Fiscalía acusa al hermano de González, “oculto bajo las siglas ‘PG’”, de recibir en efectivo 101.348 euros; a Caballero -“JJC”- 94.425 euros, y a Clemente -“JCM”- 71.199 euros.

El segundo concurso fue convocado por el Canal el 27 de julio de 2006 para la gestión de las instalaciones deportivas. Entre las diez empresas licitadoras, se acordó su adjudicación a la UTE formada por TCT, SOTO ONCE e IRIDIUM CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS, “esta última, sociedad del grupo DRAGADOS” por 3,2 millones de euros.

Tras la adjudicación, esa UTE constituyó la sociedad GREEN CANAL GOLF y en junio de 2007 subcontrató con TCT el mantenimiento del césped durante cinco años por 9.875 euros mensuales. Ese mismo día, los responsables de TCT subcontrataron a ONLYGOLF, “consiguiendo así por su mera intermediación un beneficio aproximado del 20%”.

Los tres acusados de TCT dispusieron, según la Fiscalía, de 543.729 euros que se repartieron entre sí.