Juan Carlos I acusa a la Fiscalía del Supremo de "conculcar su presunción de inocencia"

El abogado del rey Juan Carlos I ha denunciado este viernes, a través de un comunicado, que se ha vulnerado la presunción de inocencia del emérito tras las “graves afirmaciones” de la Fiscalía del Supremo. En ellas se apunta que este habría cobrado comisiones internacionales de forma ilegal, y con ello podría haber incurrido en delitos contra la hacienda pública, blanqueo, cohecho y tráfico de influencias.

La nota de prensa del abogado Javier Sánchez-Junco indica que “en esa comunicación a las autoridades suizas se contienen graves afirmaciones e imputaciones de conductas que se realizan, a nuestro juicio, sin apoyatura alguna y son carentes de la más mínima justificación, estando contradichas por otros hechos de los que nada se dice”.

“Por ello, tales afirmaciones conculcan de manera evidente el principio de presunción de inocencia que ampara a todo ciudadano y se traslada a la opinión pública valoraciones y consideraciones que perjudican gravemente a S.M. el Rey D. Juan Carlos, que está sometido a una investigación por parte de la Fiscalía desde hace más de un año”, ha considerado.

Además, hace hincapié en que “dicha solicitud de asistencia judicial no es pública”. “Así pues, salvo las autoridades destinatarias de la misma, únicamente debería estar en conocimiento de la Fiscalía, cuyas actuaciones son reservadas, sin que nos conste hayan sido comunicadas a parte alguna”, recalca.

Sánchez-Junco manifiesta que se ha visto obligado a hacer estas “puntualizaciones” tras la información avanzada por El Mundo, según la cual la Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) cursó el pasado 24 de febrero a Suiza una comisión rogatoria para que le proporcione información sobre las cuentas bancarias que la Fundación Zagatka tuviera entre los ejercicios 2016 y 2019.

La Fiscalía General del Estado (FGE), por su parte, ha informado este viernes de que se han cursado diferentes solicitudes de asistencia jurídica internacional a las autoridades judiciales de distintos países, entre ellos Suiza, para avanzar en las diligencias en torno al emérito y poder “confirmar o descartar” los indicios delictivos que ya tiene sobre el origen de la fortuna de Juan Carlos I o “incluso abrir otras vías de investigación”.

“Resulta obvio que será precisamente el contenido de la respuesta que la autoridad requerida dé a la correspondiente comisión rogatoria lo que en su momento permitirá al fiscal confirmar o descartar esos indicios o incluso abrir otras vías de investigación”, ha explicado la institución que capitanea Dolores Delgado en una nota de prensa.

No obstante, ha querido precisar que “la solicitud de cualquier asistencia judicial internacional exige necesariamente detallar todos aquellos indicios de criminalidad disponibles por la autoridad requirente, acompañados de una inicial y provisional calificación jurídica de los hechos sobre los que se fundamenta la petición, respetando así las formalidades requeridas por la normativa en materia de cooperación internacional”.

Esto supone, ha recalcado, que con la comisión rogatoria “no estamos ante un dictamen, petición de procesamiento o conclusiones del fiscal, sino en el marco de una solicitud de información, en la que simplemente se detallan los posibles ilícitos que son objeto de investigación”.

Además, ha aprovechado para reiterar que “la Fiscalía está comprometida en llevar las investigaciones de referencia con la siempre obligada exhaustividad y el máximo rigor, así como con la exigible celeridad, con frecuencia condicionada por la propia dinámica de la cooperación internacional”.

El interés en la Fundación Zagatka, propiedad Álvaro de Orleans-Borbón, primo lejano de Don Juan Carlos, reside en que habría abonado gastos del ex jefe de Estado hasta 2018, con posterioridad a la abdicación en Felipe VI en junio de 2014, momento en el que perdió el privilegio de la inviolabilidad. El antiguo monarca aparecía como beneficiario, si bien Casa Real explicó que él desconocía esta información y añadió que, si efectivamente era así, renunciaba a ella.

Actualmente, el teniente fiscal del TS, Juan Ignacio Campos, con la colaboración del fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, lleva a cabo unas diligencias de investigación en torno al rey emérito: por el supuesto cobro de comisiones por la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas; por el presunto uso por parte de Juan Carlos I y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que no figuran como titulares; y por la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a nombre del ex jefe de Estado en la isla de Jersey, un paraíso fiscal.

Ante estos hechos, el antiguo monarca ha hecho dos regularizaciones fiscales. La primera, el 9 de diciembre por 678.000 euros en relación al uso de tarjetas bancarias con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, uno de los tres asuntos investigados. Y una segunda ―en teoría la última― del 25 de febrero por casi 4,4 millones de euros por rentas no declaradas en relación con los gastos costeados por la Fundación Zagatka.

Se da la circunstancia de que el segundo ajuste de cuentas con el fisco tuvo lugar un día después de que la Fiscalía cursara esa comisión rogatoria a Suiza. En declaraciones a Europa press, el presidente de los Técnicos de Hacienda, Carlos Cruzado, ha pedido al Ministerio Público que aclare si notificó a Juan Carlos I la apertura de diligencias de investigación contra él antes de que llevase a cabo las regularizaciones de sus fondos en el extranjero.

El pasado mes de mayo, se supo que la AEAT había notificado al ex inquilino del Palacio de la Zarzuela la apertura de una inspección y ahora le ha pedido más información, en concreto los pagos que ha hecho desde su abdicación hasta 2018, según señala El País, para comprobar la veracidad de las regularizaciones que ha presentado hasta la fecha. Un proceso que aún no ha culminado.

El frente judicial de Juan Carlos se completa con la demanda que Larsen ―también investigada en Suiza― ha presentado ante en Londres por la “vigilancia ilegal” y “hostigamiento” que asegura sufrió por parte de los servicios secretos españoles y del propio rey emérito. 

El nombre de Juan Carlos I vuelve a sonar con fuerza entre críticas de algunas fuerzas políticas. Uno de los más contundente al posicionarse ha sido el diputado de Compromís Joan Baldoví. “Volveremos a solicitar una comisión de investigación al emérito, ahora que la fiscalía sostiene que era comisionista internacional. ¿Lo volverá a impedir el PSOE?, ¿Hasta cuando seguiran tapando la mierda de la corona?”.

Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso también se ha dirigido a “PSOE y la derecha”. “Si la monarquía no va a la democracia, que la democracia vaya a la monarquía. ¿Qué más falta para que el PSOE y la derecha dejen de encubrir su corrupción? Es portada de El Mundo”. Otros representantes de Unidas Podemos se han manifestado en términos similares.

Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, ha pedido “que la Fiscalía investigue hasta el final, que se sepa absolutamente todo”, a la par que se ha reconocido “defraudada”: “A muchos de los que valoramos, apreciamos y reconocemos el valor de lo que hizo el rey Juan Carlos en la Transición, en la que desempeñó una labor incuestionable nos defrauda saber estas cosas”. También ha señalado que sus acciones no deben afectar al rey Felipe VI ni servir para que Podemos y los partidos independentistas intenten acabar con la monarquía.