Mirando a La Meca

¿Cómo debía abdicar un monarca en pleno siglo XXI? Un reducido grupo de altos cargos trabajó en silencio durante semanas. La solución: una ley orgánica de artículo único. Era junio de 2014. Se ponían fin a 39 años de historia de España: el reinado de Juan Carlos I. Daba un paso al lado para intentar salvar una institución dañada por su propia imagen, las cacerías en Botsuana, el caso Nóos de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina, en mitad de una crisis económica sin precedentes.

La abdicación suponía poner fin a su papel de monarca… pero también a la inviolabilidad, recogida en el artículo 56.3 de la Constitución española: “La persona del Rey no está sujeta a responsabilidad”. Se abría un vacío, un precipicio. Y la maquinaria se puso a trabajar ipso facto, en una operación diseñada especialmente por la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el subsecretario de Presidencia, Jaime Pérez Renovales.

Había que hacerlo rápido. Y la argucia parlamentaria fue utilizar una iniciativa que estaba en trámite: un proyecto de ley orgánica complementaria de la ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma que modifica la ley del poder judicial. Exacto, no tenía nada que ver con la monarquía, pero se registraron dos enmiendas a través del grupo popular. Una manera exprés que salió adelante con la mayoría absoluta del Partido Popular y la abstención del PSOE. 

Detrás de esas enmiendas iban el aforamiento del rey emérito, y se incluían también las de la reina Letizia, la reina Sofía y la princesa de Asturias, Leonor de Borbón. El objetivo era que si les investigaba la justicia tuvieran esa condición de aforamiento y se elevara a un tribunal superior, en su caso el Supremo. Una arquitectura jurídica que entonces parecía remota, pero que a partir de este lunes, seis años después, cobra todo su vigor.

¿Por qué? Se ha tomado una decisión sin precedentes: la Fiscalía del Tribunal Supremo asume la investigación sobre Juan Carlos I y las supuestas comisiones que pudo haber cobrado por la construcción del AVE a La Meca. Este mastodóntico proyecto que llevaron a cabo empresas españolas, emblema durante la crisis y cuya consecución se logró especialmente por las conexiones entre el monarca español y la familia real de Arabia Saudí.

Unas relaciones muy estrechas, casi de familia entre Zarzuela y Riad. Cuestionadas durante años por los sectores más a la izquierda, como Izquierda Unida, Unidas Podemos y Esquerra. Y que ahora pueden llevar ante un tribunal al mismísimo Juan Carlos I, la figura a la que nadie se atrevió a discutir durante décadas. El hombre que representaba el cambio hacia la Transición y la Democracia, pero también el epicentro sobre el que se movía el establishment y el poder patria durante el final del siglo XX. 

Otro escándalo en otra España golpeada

Y este escándalo judicial salta en una España también golpeada por otra crisis: la del coronavirus. Una pandemia que aprovechó en sus primeros días la propia casa real para anunciar un día después de que se declara el estado de alarma que Felipe VI renunciaba a la herencia de su padre y le retiraba la asignación que recibe cada año por parte del Estado.

Días muy complicados dentro de la Zarzuela, donde las relaciones entre padre e hijo han desaparecido. Hoy la respuesta ha sido… el silencio. Felipe VI es consciente de la gravedad del problema y de las consecuencias que puede tener para una institución que también ha recibido críticas durante estas semanas con un mensaje que llegó tarde a los ciudadanos y en el que no se citó ni una vez a Juan Carlos I. Y en la casa real saben también que ahora no existe el comodín anterior de una abdicación, no hay recambio en este momento con una princesa de Asturias adolescente.

La marcha de Juan Carlos I coincidió con un cambio en el terreno del poder en España, con la irrupción de Unidas Podemos, una fuerza republicana y con menos miramientos hacia la casa real que el PSOE. Además, ahora está en La Moncloa un Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos. “La Justicia es igual para todos y, por tanto, se tiene que investigar a todas las personas que los tribunales consideren conveniente en el marco del desarrollo de sus actividades, en este caso financieras”, ha lanzado la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, después de conocerse la noticia.

La investigación de Juan Carlos I está conectada con las sombras y las cloacas del Estado durante años. Esa España tras las focos, a raíz de una grabación del excomisario Villarejo a la princesa Corinna, amante del rey y que actuaba también como intermediaria. La pieza sobre este asunto pasó por la Audiencia Nacional fue archivada, pero Anticorrupción siguió investigando. Este cerco al rey se ha puesto principalmente por la aparición de nuevas investigaciones periodísticas en medios extranjeros y por las pesquisas seguidas por la Justicia en Suiza. Ni la Justicia española ni la prensa española habían investigado lo suficiente hasta ahora sobre el origen del patrimonio del rey emérito. Esta noticia del rey ataca directamente a la ejemplaridad, el valor principal que ha querido dar Felipe VI a la institución.

Y siempre con un terreno de juego en el que el poder español se ha movido: Suiza. La Fiscalía Anticorrupción envió una comisión rogatoria a este país para acceder a datos sobre una presunta donación de 65 millones de euros a través de Lucum, una fundación panameña, a una cuenta de Corinna. Además, según publicó la Tribune de Genève, la Fiscalía suiza había encontrado evidencias del movimiento de cien millones de dólares cuyo origen sería el rey saudí Abdul Aziz Al Saud con destino final al rey Juan Carlos. Y con otra bomba en el británico The Telegraph: el rey Felipe VI era el segundo beneficiario de la cuenta de la fundación panameña vinculada a su padre.

Todo ello está derivando en esta investigación judicial que ahora asume el Tribunal Supremo, una vez la ha traspasado Anticorrupción, que entiende que hay evidencias de que se podrían haber cometido delitos fiscales y blanqueo de capitales. Empieza ahora una batalla cuyo final no se conoce. No se ha reabierto la investigación en sede judicial, pero la decisión de la Fiscalía es vital. 

Por parte de la FGE se ha seleccionado  a Juan Ignacio Campos para dirigir la investigación. La propia Fiscalía lo ha escogido por dos razones: su “conocimiento exhaustivo” sobre derecho penal económico y por tener la “más alta categoría en la carrera fiscal”. Estará auxiliado por un equipo conformado por tres fiscales también del Supremo, dada la complejidad técnica del caso. La misión consiste en delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014 -cuando pierde la inviolabilidad por la abdicación- en el caso ya conocido como ’AVE del desierto”. Ante lo que se avecina, el rey ha contratado como abogado a Javier Sánchez-Junco, que estuvo en Anticorrupción antes de montar su despacho.

Los días finales de Juan Carlos como rey fueron oscuros, muy oscuros. Desconectado totalmente de una sociedad española que pedía a gritos una renovación, con una imagen de monarca preocupado por sí mismo, con pérdida de capacidades al perderse hasta en los discursos escritos. Pero esto supone un paso más allá, con una sociedad en shock por el coronavirus y sin ser una cosa ya de familia, sino del mismísimo rey. De acabar en los tribunales y si se demuestran esos cobros, las consecuencias para la institución pueden ser letales. 

España, en 2020. Y Zarzuela, mirando a La Meca.