Jaume Alonso-Cuevillas: "No habría motivos para decretar prisión provisional para Puigdemont si vuelve"

No sabe si Carles Puigdemont volverá a España, pero Jaume Alonso-Cuevillas lo tiene todo preparado para defenderlo aquí. Es el abogado del expresidente en nuestro país, catedrático de Derecho Procesal de Barcelona y antiguo decano del Colegio de Abogados de Barcelona.

No se cansa de repetir que no hubo ni rebelión ni sedición. Dice que Puigdemont sería detenido en cuanto pusiera un pie en España para intentar ser investido president y conducido ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. No ve motivos para que pudiera ser llevado a la cárcel en ese momento y hace hincapié en que no ha habido violencia en Cataluña. Y, además, repite que su cliente no es un cobarde por no haber acudido hasta el momento a las citaciones que le han llegado de la Justicia española.

¿Va a volver Puigdemont a España?

No lo sé. Esto lo acabará decidiendo él. No soy su asesor político. Si vuelve, será detenido y conducido al juez Pablo Llarena. No habría motivos para decretar la prisión provisional, pero tal y como están yendo las cosas no es nada descartable.

¿Cree que el juez tiene motivos para decretar la prisión provisional?

No lo creo. Nos estamos acostumbrando a decretar esa prisión provisional como una pena anticipada, que es lo que pasaba hasta los setenta. Hoy está clarísimo, lo dice la ley y hay jurisprudencia, que es una medida absolutamente excepcional, solo para garantizar algunas de las finalidades y solo cuando no haya una medida menos gravosa ante el riesgo de fuga, la reiteración delictiva y la destrucción de pruebas.

Esto último hoy en día ya no da lugar porque todo lo que hayan tenido que buscar ya lo habrán buscado. El riesgo de fuga de una persona que vuelve para ser investido presidente de la Generalitat es que ya no puedes tener a nadie más controlado. Y la reiteración delictiva, lo mismo, solo es penalizable con respecto a delitos que comporten prisión.

¿Qué le pareció la vista del Supremo respecto a la petición de excarcelación de Junqueras? En las anteriores solicitudes, no se ha accedido a ello. Parece que pasaría lo mismo con Puigdemont.

En puridad, como catedrático de Derecho Procesal y aplicando lo que llevo explicando más de treinta años, no hay motivos para decretar la prisión provisional ni a Puigdemont ni a Junqueras ni a ninguno de los que están o han estado. Es algo excepcional, no puede tener por objeto aplacar la alarma social que pueden haber producido unos hechos.

Volviendo a Junqueras, estamos en lo mismo. No se le debería haber aplicado al principio ni se le debería mantener ni un solo día más porque al final estamos debatiendo de si ha aceptado suficiente o no la Constitución. No somos un Estado constitucionalmente confesional en el que se tengan que hacer proclamas de adhesión a la Constitución. Si alguien dice 'no me gusta esta Constitución, la quiero cambiar, quiero declara la independencia de Cataluña porque soy independentista', esto mientras no lo haga por vías violentas sería delito de desobediencia y, por tanto, no puede comportar prisión.

¿Podría ser investido Puigdemont president estando en Bruselas?

Esto no lo sé responder muy bien porque esto hace referencia al Derecho parlamentario y no es algo que tenga estudiado a fondo.

¿Cuándo fue la última vez que habló con Puigdemont? ¿Qué ánimo tiene? ¿Cómo está?

Voy hablando con él con cierta frecuencia, aunque la mayoría de veces son conversaciones breves para cosas concretas. La situación no es nada normal. Está fuera, no tiene a su familia con él, está en una situación difícil, no vive con ningún tipo de comodidades en contra de lo que se ha dicho o escrito. La situación es dura, ha tenido a compañeros y amigos en prisión, y todavía están algunos. No es nada fácil.

¿Tiene más confianza en el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que en la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela?

El juez Llarena es un gran jurista, ha estado aquí en Barcelona, lo conocemos todos desde hace muchos años, pero en este asunto se está demostrando que está pesando más la politización del tema que los argumentos estrictamente jurídicos.

Imagino que tendrá todo preparado por si Puigdemont vuelve para ir al Supremo. ¿En qué van a basar su estrategia para que no entre en prisión?

En lo mismo que he explicado. No hay más: no ha habido ni rebelión ni sedición. Lo hemos dicho hasta la saciedad, se puede decir más alto pero no hay más. Es que rebelión es el 23-F, es un alzamiento violento, hasta hace poco era un delito militar. Luego salió del Código Militar para pasar al Código Penal normal entendiendo que podía haber un alzamiento que no fuera cometido por militares. Pero, en todo caso, requiere violencia. Eso no se ha producido en Cataluña. Ha habido una declaración de independencia dentro de un Parlamento, no ha habido ninguna violencia. Sedición tampoco se ha producido.

Pero en los autos del juez Llarena sí se apunta al elemento de la violencia.

Sí, por eso decía, que pese a ser un buen jurista, me temo que en este asunto, guiado por lo que ya va marcando la sala del Tribunal Supremo, está construyendo un relato que no cuadra con los parámetros a los que estamos acostumbrados los juristas. Quiero reiterar que no hay rebelión y sedición, no porque lo diga yo que soy el abogado de Pugidemont, pero es que lo dijeron en un manifiesto 130 catedráticos de Penal de toda España y de todas las tendencias, la mayoría de ellos nada simpatizante con la causa independentista.

Desde el independentismo, políticos y abogados, han repetido las supuestas diferencias que hay entre las justicias belga y española. ¿Lo sostiene?

Sí, diferencias hay. Desde el punto de vista procesal, la más notable entre Bélgica y España es que es más flexible. Aquí cuando tenemos una vista se le da la palabra a la parte apelante y luego a los apelados. Esa misma vista en Bélgica sería un debate flexible guiado por el juez.

¿Qué le parecen las acusaciones de cobardía a Puigdemont por no presentarse ni en la Audiencia ni en el Supremo?

Son acusaciones políticas. Puigdemont decide marchar en su momento, sabedor de que tal y como se intuían las cosas al anunciar la Fiscalía las querellas podía haber prisiones, para dos objetivos. Uno era tener libertad de actuación, mantener el discurso y hacer campaña. Segunda cosa, para internacionalizar el conflicto. Lo ha conseguido, todo el mundo a día de hoy sabe quién es Puigdemont y el conflicto que hay entre Cataluña y España. Si le preguntas a alguien como se llama el presidente de Baviera, no te lo contesta nadie. Es una decisión política que adopta él. Se le podrán criticar muchas cosas, pero de cobarde... No es el perfil de un tipo cobarde.

¿Quién le paga a usted?

Obviamente no he cobrado de fondos públicos.

¿Y esos fondos privados son del señor Puigdemont?

No, no, él personalmente no. Si no me autoriza quién me ha pagado, no debo decirlo. Pero vamos, si algún día se sabe, será una decepción.

Desde el independentismo también se ha criticado la supuesta politización de la Justicia en España y se dice que no hay separación de poderes. ¿Usted como abogado cómo lo ve?

Se acaba de publicar un informe del Consejo de Europa censurando precisamente eso, que la Justicia española no cumple con el estándar mínimo, que es que no intervenga de ninguna forma el poder político en la designación de los altos cargos. Dicho esto, no me canso de repetir que en España hay unos 5.300 jueces y que la inmensa mayoría hace un trabajo impecable. Pese a la carencia de medios, los jueces españoles hacen un trabajo encomiable.

Ahora bien, en este tipo de asuntos de carácter político o que afectan a políticos la imparcialidad es cuestionable. Los magistrados del Supremo han sido nombrados uno por uno. El Consejo General del Poder Judicial tiene miembros nombrados por los partidos políticos. Esto es lo que cuestiona el Consejo de Europa.

Además, este es un conflicto, todo lo que hace referencia a la organización territorial del Estado y la relación entre Cataluña y España, muy visceral, en el que todo el mundo opina y que afecta a todo el mundo. Normalmente la característica de un juez es que es imparcial y ajeno al conflicto, pero aquí el problema que tenemos es que los jueces se pueden sentir parte del conflicto como españoles.