HRW denuncia la "inhabilidad" de España ante el aumento de las "colas del hambre" en pandemia

La ONG Human Rights Watch (HRW) denuncia, en un informe publicado este jueves, la “inhabilidad” del Gobierno español para responder adecuadamente al fuerte aumento de la pobreza durante la pandemia de covid-19 que se ha reflejado en un incremento de las “colas del hambre”.

El informe, titulado No podemos vivir así: la inhabilidad de España para proteger los derechos en medio del aumento de la pobreza provocada por la pandemia, documenta “persistentes deficiencias” del sistema de seguridad social español. Según la ONG, las medidas de las autoridades para complementar una red de seguridad “débil” se han quedado “cortas”, por lo que muchas personas no pueden cubrir sus necesidades fundamentales.

“La tormenta económica que llegó con la pandemia de covid-19 causó estragos en las vidas de las personas con bajos ingresos en España, dejando a los hogares sin poder pagar la comida, incluso antes de la actual crisis del coste de la vida”, explica el investigador de Europa de Human Rights Watch, Kartik Raj.

Si bien, añade que “los esfuerzos del Gobierno para complementar una red de seguridad social inadecuada han ofrecido muy poco, demasiado tarde y a un número muy limitado de personas”, lo que significa que “miles siguen dependiendo de la ayuda alimentaria de emergencia, y que los padres se tengan que saltar comidas para que sus hijos no pasen hambre”.

Para realizar este informe, Human Rights Watch entrevistó a 52 personas en “colas del hambre” en Madrid y Barcelona, así como a 22 empleados y voluntarios de bancos de alimentos, especialistas de ONG y académicos, y analizó datos gubernamentales y de otro tipo relacionados con la red de seguridad social y la distribución de ayuda alimentaria de emergencia.

Según precisa la ONG, los datos nacionales muestran que la pandemia de Covid-19 afectó especialmente a los distritos de bajos ingresos de ciudades como Madrid y Barcelona en términos de tasas de infección; y que el cierre económico de estas zonas densamente pobladas, insuficientemente mitigado por los sistemas de protección social, agravó la situación.

En concreto, el informe revela que muchas personas se quedaron sin ingresos y sin poder pagar los alimentos y otros suministros básicos; se enfrentaron a retrasos en la recepción de pagos de ayudas relacionadas con la pandemia y en las respuestas a sus solicitudes de prestaciones de la seguridad social.

Según se precisa, las familias con hijos, las personas mayores que dependen de las pensiones de jubilación, los inmigrantes y los solicitantes de asilo, así como los trabajadores de sectores con gran representación de mujeres, como la hostelería y el empleo estacional, se vieron afectados de forma “desproporcionada” por la pandemia.

Madres que se saltan las comidas por su prole

En concreto, destaca el caso de las madres solteras que explicaron a la ONG que se saltaban comidas para asegurarse de que sus hijos no pasaran hambre. Asimismo, los pensionistas entrevistados en las colas del hambre dijeron que las ayudas de la seguridad social, que ya no eran adecuadas antes de la pandemia, ahora lo eran aún menos.

El estudio de HRW también recoge los datos de la principal red de bancos de alimentos del país, la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), que registró un aumento del 48% en los alimentos distribuidos en 2020 en comparación con 2019, acercándose a los niveles más altos de ayuda alimentaria distribuida desde 2014, cuando las tasas de desempleo de España alcanzaron su punto máximo tras la crisis financiera mundial.

Asimismo, hace referencia a las medidas adoptadas por el Gobierno de España como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que permite a los solicitantes recibir entre 451 y 1.015 euros al mes en función del tamaño del hogar. Sin embargo, el nivel de ayuda es “demasiado bajo” para garantizar un nivel de vida adecuado, según Human Rights Watch.

En este sentido, pone ejemplos como el de Ana Belén, de 42 años, que vive en el distrito de Puente de Vallecas, en Madrid, con su hijo mayor de edad y su hija de 6 años. Los cierres relacionados con la pandemia la llevaron a cerrar definitivamente el bar que regentaba. Aunque recibe el IMV, explicó a HRW que son “465 euros al mes” que no le llegan para pagar el alquiler, que es “de 600 euros”.

“No podemos comprar nada. Cada mes comienza con una deuda. No hay nada en la nevera. No puedo expresar con palabras el impacto que eso tiene en mí”, relata esta madre a la organización.

El informe señala que, aunque el gobierno trató de acelerar el despliegue del programa del IMV, no logró mitigar el impacto económico de la pandemia por su “defectuosa” implementación, “la lentitud de la burocracia, las exclusiones arbitrarias incorporadas a los criterios, un método de cálculo defectuoso para la comprobación de los medios de vida y los altos niveles de rechazo de las solicitudes”.

En este contexto, la organización recomienda al Gobierno español incluir en la legislación nacional la protección de derechos socioeconómicos específicos, como el derecho a un nivel de vida adecuado y a la alimentación, y reformar significativamente el IMV -eliminando criterios restrictivos- y las ayudas a la seguridad social en general, incluidas las pensiones.

Además, aconseja a los gobiernos de las comunidades autónomas revisar y reevaluar sus niveles de apoyo a la seguridad social, indexándolas de forma transparente a las medidas del coste de la vida, incluyendo la garantía del acceso a una alimentación adecuada y asequible.

“Las medidas del Gobierno español para mitigar las aristas del shock financiero que desencadenó la emergencia sanitaria, por muy bien intencionadas que sean, no han evitado el aumento del hambre”, ha resumido el investigador de Europa de Human Rights Watch, Kartik Raj, al tiempo que ha añadido que “España necesita un sistema de protección social coordinado y bien financiado que garantice que las personas que necesitan ese apoyo puedan vivir con dignidad, que se protejan sus derechos y que no tengan que vivir al día”.

Este informe es el primero de una serie de investigaciones de Human Rights Watch en Europa sobre el derecho de las personas a un nivel de vida adecuado en el contexto de las repercusiones de la pandemia de covid-19 y el rápido aumento del coste de la vida en todo el mundo.