Los hospitales públicos deberán disponer de profesionales para practicar abortos con la reforma de la ley

Los hospitales públicos que dispongan de servicio de ginecología y obstetricia deberán contar con profesionales que practiquen abortos, según recoge la reforma de la ley del aborto que diseña Igualdad y cuyas líneas maestras ha adelantado este miércoles la ministra Irene Montero ante el Congreso.

En una comparecencia en la Comisión de Igualdad, la titular del departamento ha explicado que con la reforma será la mujer quien decida el método de interrupción del embarazo y que desde el centro de salud deberá dársele toda la información antes de derivarla al hospital por procedimiento de urgencia.

La reforma, cuya fase de consulta pública comenzó a finales de septiembre, elimina el consentimiento paterno que introdujo el Gobierno del PP para las menores de 16 y 17 años: “Del mismo modo que son responsables para trabajar o tener relaciones sexuales, lo son para decidir sobre sus cuerpos”, ha incidido Montero.

Para la ministra, el deber del Gobierno es el de “blindar el derecho al aborto en la sanidad pública” y es “responsabilidad del Estado ofrecer una educación que permita el acercamiento de los más pequeños a la sexualidad desde la igualdad y el respeto al otro, a la otra”.

Igualdad apuesta también por avanzar en el reconocimiento de un permiso maternal preparto; prevenir y erradicar “la violencia ginecobstétrica e impulsar las buenas prácticas que muchos hospitales” ya desarrollan; garantizar la salud menstrual y ofrecer educación sexual en todos lo niveles educativos.

Para ello, ha anunciado la creación de una línea telefónica especializada en derechos sexuales y reproductivos donde se informará a la mujer del procedimiento y, en el caso de que tuviera alguna dificultad en el acceso, sobre los derechos que le asisten, dónde y cómo defenderlos.

Además, Montero ha mostrado su intención de que “las adolescentes de entre 16 y 18 años puedan acceder” al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) “de forma autónoma”. “Del mismo modo que son responsables para trabajar o para tener relaciones sexuales, lo son para decidir sobre sus cuerpos”, ha declarado.

Pero, además, Montero ha destacado otras medidas que su departamento incluirá también en esta norma y que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva de las mujeres, como una mejora de la atención, un avance en el reconocimiento de permiso maternal preparto, actuaciones para prevenir y erradicar la violencia ginecobstétrica.

Del mismo modo, ha indicado que “la salud menstrual pasará a ser un estándar determinante a la hora de valorar el acceso a la salud de las mujeres, y garantizarla será una obligación del Estado y los poderes públicos”. En este sentido, ha indicado que se abordará el hecho de que productos de primera necesidad para la mayoría de mujeres “sigan siendo enormemente costosos” o que sean las mujeres las que siempre asuman la responsabilidad de la anticoncepción.

Por otra parte, la ministra se ha referido a la postura de la “derecha reaccionaria” sobre el derecho al aborto, una “negación” que, a su juicio, no solo “demuestra su machismo”, sino también “su voluntad de que la mujer no sea libre”.

“El machismo y sus defensores siempre han impuesto cómo debe ser el cuerpo de una mujer para ser aceptada socialmente, a qué estereotipos definidos debe responder, a qué manera de vivir la maternidad debe adecuarse, o qué relación con su sexualidad es admitida por la sociedad”, ha denunciado Montero.

A su juicio, el “proyecto de país” de “las derechas y el bloque reaccionario”, se basa “en la negación de los derechos de las mayorías para sostener sus privilegios”. “Han entendido perfectamente que el nivel de acceso de las mujeres a los derechos sexuales y reproductivos es un indicador claro del grado de libertad, de autonomía y de libre ejercicio de todos sus derechos que tienen las mujeres en la sociedad”, ha apuntado.