Guerra de poderes

El nuevo Gobierno de coalición echó a andar hace apenas tres días y se ha encontrado con una primera batalla que nadie esperaba: contra el Poder Judicial. Dura y áspera. Pedro Sánchez logró precisamente la investidura haciendo una apelación a desjudicializar el tema catalán y afrontarlo con la vía política, y vive ahora una situación muy incómoda con la Magistratura.

Y es que el Poder Judicial ha entrado en cólera por dos hechos de este nuevo Gobierno, formado por PSOE y UP: la elección de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado y las declaraciones del flamante vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, sobre que los tribunales europeos han humillado a los españoles en varias ocasiones por el caso del procés.

Todo ello en un contexto muy complicado con un Poder Judicial sin renovar, que está en funciones desde diciembre del 2018 y para el que hace falta un gran acuerdo entre los dos grandes partidos. Y va para largo: el PP se muestra contrario a pactar los nombres del nuevo órgano de gobierno de los jueces tras conocerse la designación de Delgado.

Este jueves ha tenido lugar la segunda tanda de tensión. Dolores Delgado como gran protagonista por el examen de su currículum por parte del Consejo General del Poder Judicial. Un fracturado Poder Judicial ha dado su visto bueno, por doce votos a favor y siete en contra, a la exministra, sin entrar a valor su idoneidad.

Un nombramiento muy polémico al entenderse por partidos y sectores de la magistratura como un intento de Pedro Sánchez de menoscabar la independencia de la Fiscalía y poder controlar sus movimientos de cara a próximas actuaciones relacionadas con Cataluña tras su pacto con ERC para la investidura. Para Moncloa es “impecable” y se debe juzgar por los hechos.

Se trata de un salto inédito desde el Ministerio de Justicia hasta la Fiscalía, un órgano que nombra el Gobierno pero que debe obedecer a un criterio de independencia. En los últimos meses, Moncloa había tenido mucha tensión con la hasta ahora fiscal general, María Jesús Segarra, que mantuvo la acusación de rebelión en el juicio del procés mientras que la Abogacía del Estado apostaba por sedición. Al final, la sentencia del Tribunal Supremo estuvo más en la segunda línea.

El informe del Poder Judicial sobre la Fiscalía es preceptivo, pero no vinculante. Esa marejada se ha notado hasta en la misma propuesta llevada por el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, muy aséptica para intentar recibir el aval y eliminando términos como “mérito” e “idoneidad”, como sí había sucedido con anterioridad con Segarra, Julián Sánchez Melgar y José Manuel Maza.

El choque por Iglesias

El Poder Judicial estallaba primero y por unanimidad este mismo miércoles en público tras días de malestar contra el vicepresidente del Gobierno, lo que provocaba un choque posterior con Moncloa que salió a defender a Iglesias y la libertad de expresión.

“Moderación, prudencia, mesura y responsabilidad institucional”. Nada más y nada menos pedía esto el Poder Judicial a Iglesias a través de su comisión permanente. Su mensaje al nuevo Ejecutivo era de que no se utilice la Justicia y no se cuestione la “independencia, la imparcialidad y la profesionalidad” de los jueces. Una auténtica bofetada de un órgano con mayoría conservadora, pero que la parte progresista también secundó.

Todos muy dolidos por la frase de Iglesias en Antena 3: “Lo que ha ocurrido es muchos tribunales europeos han quitado la razón a nuestros jueces. Es una humillación para el Estado español”. La reacción fue ese comunicado tan firme firmado por Carlos Lesmes, Álvaro Cuesta, José María Macías, Pilar Sepúlveda, José Antonio Ballestero, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya y Rafael Pozo.

No había sucedido con un miembro del Gobierno desde abril de 2018, cuando también se llamó a la “moderación y la mesura” al entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, por haber cuestionado al juez de voto particular de la Audiencia de Navarra que pidió la absolución de La Manada.

Pero desde Moncloa no hubo señales de arrepentimiento y se salió a defender al nuevo vicepresidente: apelando a la “libertad de expresión” y al “derecho de crítica” y llamando a un un nuevo “tiempo de dialogar” y de llegar a acuerdos para reforzar las instituciones, como la del propio CGPJ. Eso sí, ya eran conscientes en el PSOE de que podía pasar algo así. El propio Pedro Sánchez en verano dio como un argumento para no pactar entonces con Podemos las declaraciones que hacía Iglesias sobre el procés y la existencia de presos políticos, lo que infundía temor a sus palabras una vez llegara la sentencia del procés.

Pocos días de Gobierno y la principal batalla no es con la oposición… sino con el Poder Judicial.