El Gobierno dice que no puede revocar las medallas de Billy el Niño a pesar de haberlo anunciado
En 2018 Marlaska se comprometió a retirarlas. En 2020 fue Carmen Calvo. Ahora lo dejan en manos del Congreso.
La retirada de medallas al torturador franquista Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, ha sido una de las grandes peticiones de Podemos al Gobierno. Tras la muerte del inspector de Policía durante la época de Franco en mayo de 2020 por coronavirus y con 73 años, Carmen Calvo se comprometió de nuevo a quitarle las medallas post mortem. Pero no era la primera vez: en 2018, Fernando Grande Marlaska anunciaba tener lista una norma para hacerlo realidad.
Tres años después, el Ejecutivo insiste en que no puede revocar las medallas otorgadas a Antonio González Pacheco, Billy el Niño, ni al exgeneral de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, condenado por su implicación en la denominada “guerra sucia” contra ETA.
Así lo ha asegurado en respuesta a una pregunta escrita del diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu. En la nota, el Ejecutivo recuerda que las condecoraciones están concedidas al amparo de la ley por lo que se precisa de una reforma legislativa que tendrán que discutir y aprobar las Cortes.
“España es un Estado de Derecho y el Gobierno actúa en el marco legislativo del que le dotan Sus Señorías como establece la Constitución”, señala el Gobierno en su respuesta parlamentaria. “Las condecoraciones están concedidas al amparo de la leyes 5/1964 y 19/1976 y dichas leyes no cuentan con un procedimiento de revocación de condecoraciones. Por tanto, se precisa de una reforma legislativa que tendrán que discutir y aprobar Sus Señorías”, señalan.
En su pregunta, Iñarritu recordaba que, tras el fallecimiento “del torturador” Billy El Niño en mayo de 2020, el Gobierno anunció la retirada de todas sus medallas a título póstumo y se interesaba si iba a ocurrir lo mismo con Rodríguez Galindo.
El exgeneral, que falleció por coronavirus en febrero pasado, tenía un amplio historial en la lucha contra ETA pero fue condenado a 75 años de prisión por su implicación en el secuestro y asesinato de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala.