Francamente maltrato
Durante unas horas, o unos días, algo ajeno al circo electoral asomó a las primeras páginas y a los informativos de radio y televisión. Otra vez volvía a cruzarse con la actualidad uno de los dramas invisibles de nuestro tiempo: el suicidio asistido de una persona dependiente. Otro iceberg navegando en medio de la farándula política.
Esta vez lo que removió –brevemente, en el microcosmos político- las conciencias fue la dramática historia de un matrimonio de héroes anónimos. Anónimos, desgraciadamente, hasta que dejaron de serlo porque ella, María José Carrasco, en fase terminal por esa terrible enfermedad invalidante, consideró que ya había ‘llegado el momento’ de pasar a mejor vida y dejar atrás, como suele decirse, pero que en este caso es tristemente una gran verdad, este ‘valle de lágrimas’. Su marido, Ángel Hernández, 69 años, prometió ayudarla en la desconexión, como así fue.
Entonces la actualidad electoral hizo un kit-kat. Un paréntesis temporal, en el que todos los intervinientes mostraron su preocupación, y entendieron lo que había pasado. Unos con más sinceridad, otros con menos, y otros más con una enorme hipocresía y desenfadado cinismo.
“Son casos aislados”, han dicho algunos desde la derecha que no quiere que le llamen ‘derechita cobarde’. Pero no lo son, aunque sean relativamente invisibles: este problema ha ido aumentando en paralelo al incremento de la edad, por una parte, y por la otra, a los estragos de enfermedades como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) o el alzheimer.
En la historia de este problema –que es también en buena parte la historia de la crueldad– hay un primer mojón: cuando el gobierno regional de corazón helado de Esperanza Aguirre, con el consejero Manuel Lamela lanzado al abordaje, declaró la guerra al doctor Luis Montes, entonces coordinador de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés, a quien acusó y persiguió, hasta que fue totalmente exonerado por los jueces, de llevar a cabo homicidios de pacientes terminales, poniendo en entredicho a todo su equipo.
Lo recogía con todo detalle una crónica de El País el 29 de enero de 2008: “La Justicia tumba el bulo de Aguirre sobre las sedaciones de Leganés. La Audiencia archiva la denuncia de la Comunidad y limpia el nombre de Montes. Los llamaron asesinos, fueron represaliados, la Comunidad de Madrid que preside la popular Esperanza Aguirre, se escudó en un anónimo para denunciarles por ‘matar’ a 400 pacientes terminales. La COPE y El Mundo los crucificaron. Nada. No queda nada”.
En el fondo, además de una tremenda falta de respeto a las ‘reglas del juego’ –en política no todo vale, lo mismo que tampoco vale todo en el mundo exterior al caparazón del galápago- hubo una tremenda falta de humanidad. Que no sería la última: la alcaldesa Ana Botella pondría el listón un poco más alto en la escala de la inhumanidad al vender cientos de viviendas sociales a ‘fondos buitre’. Cada vivienda vendida generó su propio drama. Hubiera sido posible echarse atrás simplemente viendo la preterintencionalidad: la cadena de tragedias que se iba a poner en marcha.
Son, ‘francamente’ hablando, casos claros de maltrato. Pero eso no importaba, como se ha ido viendo. Lo mismo que no importaba el creciente número de suicidios de mayores que, en un interminable goteo, aparecían, y siguen apareciendo, en las secciones de ‘sucesos’. O los fallecimientos por frío. La Administración es por lo general indiferente al dolor personal. La burocracia se mueve por estadísticas y por el papeleo. El lenguaje es tantas veces tan inextricable que lo que más refleja es el desprecio por las personas más allá del DNI. Todo tiende a numeralizarse. Y nadie se compadece de una cifra si no se le trata como a una persona. Si no tiene rostro. Si es un %. Un caso más para llenar la carpeta, antes de trasladarla a la firma en el despacho de al lado.
Se puede comprobar en la correspondencia cruzada entre la Comunidad de Madrid y María José Carrasco y Ángel Hernández. El hecho es que ella estuvo diez años esperando plaza en una residencia pública. Y no hay mejor documento acerca de la necesidad de esta prestación –y del clamoroso incumplimiento de las leyes de la dependencia, y del artículo 50 de la Constitución Española– que los videos grabados por el matrimonio y que nos van acercando hasta el desenlace final.
“Los poderes públicos –manda la CE78- garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”.
Ojo, pues al dato. Cualquier toqueteo político a este derecho exigiría una reforma de la Constitución. Y a ver quién es el valiente y honesto ‘reformista’ que le propone con claridad a los españoles en su programa electoral esta amputación de un miembro clave del Estado de Bienestar Europeo.
Ningún papel, ningún recurso a un trámite burocrático, pueden empañar la cruda realidad. El estrambote final de la cadena de despropósitos es que la Administración autónoma madrileña les negó una plaza de residencia temporal porque para ello tienen que renunciar a pedir la permanente y a que acabe una prestación para pedir la otra…
Hay una realidad que no se puede seguir ignorando: el desprecio que ha tenido la derecha ‘eficiente’ y ‘defensora de la vida’ hacia la protección pública de los dependientes; es una parte de los mandatos constitucionales concretos que los partidos conservadores no acaban de entender. Lo siguen considerando un ‘gasto’ ‘inasumible’, prescindible, y no una exigencia humana. “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho”, dice el artículo 1 CE78. ¿Qué parte de ‘España se constituye en un Estado social’ es la que no se entiende o la que necesita de traductores?
Cuando la indecente campaña contra el doctor Montes y todo lo que este doctor significaba de humanidad médica, la endémica frivolidad de Esperanza Aguirre consiguió despertar al gigante dormido: muchas familias se atrevieron a dar un paso adelante y a denunciar la situación de sus padres, abuelos, hermanos, hijos… Mutatis mutandis, los recortes sociales congelaban la construcción de geriátricos y residencias públicas en beneficio de las rotondas, circunvalaciones y estaciones de AVE en ninguna parte.
En una conferencia – debate que celebraba el foro de ideas y opinión ‘Club LA PROVINCIA’ de Prensa Ibérica en Las Palmas, y en la que intervenía el doctor Montes, a mitad de estos 2000, los organizadores vieron cómo llegaba un famoso médico cirujano, marcadamente de derechas, que a sus más de noventa años, conservaba una mente lúcida y combativa, aparte de una fenomenal forma física. Don V.G. pidió la palabra en ‘ruegos y preguntas’ y quienes esperaban una crítica a la eutanasia “por razones obvias”, quedaron defraudados: fue un firme alegato en defensa de la buena muerte. Y no solo de prestar más atención a los cuidados paliativos. Porque, como comentaba después “es inhumano estar en cuidados paliativos veinte años sin ninguna esperanza. Yo no quiero terminar así”.
Hoy día no hay reunión de mayores en la que no se comente la última novedad: como R. del C., les comentaba en la terraza que ya no podía aguantar el cáncer que le corroía por dentro, y que se le había extendido desde el páncreas al cráneo” y que “lo que hace falta es una ley de eutanasia; ya yo hice mi testamento vital, pero los médicos aún no consideran que sea el momento”. O como M.A., un alto funcionario de la magistratura, atento a los síntomas que se observa, pérdida de memoria, fundamentalmente, pero no el único preocupante, comenta con un amigo que sigue teniendo un hueco en su cerebro que el no quiere vivir siendo lo que no es, sin ser dueño de sus recuerdos.
Todo el mundo lo sabe, porque lo vive en su entorno. Ignorarlo – que no desconocerlo- es extremadamente cruel. Hoy día, oponerse a una ley de eutanasia, volver a situar en la agenda la ley del aborto, tratar de mantener la desigualdad entre hombre y mujer, despreciar al Estado de bienestar en sus políticas esenciales, preferir las leyes del mercado a las de la humanidad… en el fondo es una forma ‘sofisticada’ de golpe de Estado. Sí, cada vez parece que hay más retro-golpismo, y no sólo en Cataluña.