Feminismos y feminismas
No es la primera vez que en la política española se feminizan las palabras para llamar la atención sobre la discriminación machista. En tiempos de la presidencia de Felipe González, las diputadas socialistas cambiaron el género de algunos términos refiriéndose a ellas mismas como "altas cargas". Más recientemente, todos nos acordamos del memorable "miembra" en referencia a los miembros del parlamento que utilizó la Ministra de Igualdad, Bibiana Aído, entonces ella misma miembro (¿miembra?) del gobierno de Rodríguez Zapatero.
Sin duda, acabar con la discriminación machista, no solo en España, sino en todo el mundo, sigue siendo una asignatura pendiente. El hecho de que el machismo permea todos los ámbitos, desde el trabajo doméstico (tanto el gratuito e invisible como el remunerado y precarizado) hasta la física cuántica, es indiscutible. Hemos avanzado mucho pero también es indudable que no podemos conformarnos con lo conseguido hasta ahora ni permitir que se ralentice el avance en materia de igualdad, ya que además hay contextos que de por sí llevan incluso a un retroceso, como es el caso de las crisis económicas.
Reflexionar sobre la relación entre el poder y el lenguaje y contribuir a este debate desde una perspectiva feminista es una rama más del proyecto feminista, válida y necesaria. Llegar a esta conclusión no significa que haya que feminizar toda palabra que se precie, como pasar de hablar de la portavoz a la portavoza. Feminizar una palabra que ya de por sí es femenina, como es el caso de la voz, no solo es una interpretación superficial y equívoca de la aspiración de igualdad de género, sino que además ridiculiza tanto este proyecto en concreto como el movimiento feminista en general.
Reducir la lucha por un lenguaje menos sexista a un simple 'feminicemos todas las palabras' es simplista y denota que tal vez no se ha reflexionado lo suficiente sobre el tema. Sin duda, es fácil llamar la atención sobre esta cuestión, y por ende sobre una misma. Las mujeres políticas tienen la enorme responsabilidad (y obligación) de conseguir que se pongan en marcha las medidas que se han demostrado realmente efectivas a la hora de tratar con la desigualdad machista, como la existencia de guarderías en los espacios de trabajo, establecer cuotas de género obligatorias -las voluntarias no suelen cumplirse-, en los organismos de decisión (¿de la RAE, por ejemplo, en la que más del 80% de los académicos son hombres?), en el mundo académico (en las más de 80 universidades que hay en el país, solo el 21% de catedráticas y directivas y el 11% de rectoras son mujeres), implementar políticas para acabar con la brecha salarial, como por ejemplo obligar a las empresas a informar a sus empleadas de cuánto cobran sus compañeros, y un larguísimo etcétera. Es un trabajo que requiere reflexión, inteligencia y voluntad política y que no necesariamente da visibilidad y rendimiento político.
En los últimos días hemos sido testigos de la aprobación de la tramitación de la ley de igualdad retributiva por el Congreso. Aunque esto es solo una parte entre todas las medidas necesarias para reducir la desigualdad de género, es sin duda una señal positiva. Ahora es responsabilidad de todos que se apruebe la ley y, sobre todo, que se implemente sin esperar a otra oleada de reivindicación feminista.