Estafas sin corazón
Su eslogan reza que son "Dentistas con corazón" pero la realidad nos lleva a afirmar todo lo contrario. Las clínicas Idental continúan publicitándose en televisión y medios digitales sin rubor alguno a pesar de las más de mil cuatrocientas querellas presentadas ante la justicia española, y a pesar de las miles de reclamaciones de las personas afectadas por la presunta estafa dental. Denuncias que nos sitúan ante un grave problema de índole público por la alarma social creada y ante un arduo problema sanitario, por las negligencias, engaños y mala praxis odontológica sobre las que versan tales acusaciones.
Idental ha venido a sumarme a otros casos bajo sospecha de compañías que ofrecen servicios odontológicos con agresivos reclamos de marketing que pueden inducir al engaño del consumidor, en lo referido a los precios de los tratamientos, financiación y calidad de los mismos. Fue fundada en 2014 en la ciudad alicantina de Elche. Un año después contaba con ocho clínicas y con un volumen de ventas de 5,46 millones de euros. A finales de 2016, la compañía se había implantado en once comunidades autónomas, con 26 establecimientos y más de 80.000 pacientes en cartera.
En octubre de 2017 la empresa fue adquirida por el fondo Weston Hill. Hasta esa fecha, Idental había atendido a más de 300.000 personas en toda España y contaba con una plantilla de más de 3.000 empleados. Su objetivo tal y como reflejaban los mensajes publicitarios era "democratizar el acceso a la atención odontológica sin minimizar la calidad de los tratamientos ni de la atención al paciente". Encomiable intención el atender a la población sin recursos, pero la realidad de miles de presuntos engaños y estafas vino a estropear el buen titular de los dentistas con corazón.
Tal fue así, que en noviembre de 2017 las querellas contra Idental ascendían a 1.427, parte importante de las mismas en juzgados de Alicante y Elche. Un dato relevante que la Asociación Estatal de Afectados por Idental (Adafi) ha trasladado recientemente al Congreso de los Diputados en una reunión mantenida con diputados y diputadas de los diferentes grupos parlamentarios y a la que asistimos las abajo firmantes en representación del Grupo Confederal Unidos Podemos.
Todo un compendio de quejas, de supuestos engaños y de denuncias a las que hemos tenido acceso. Un vía crucis de experiencias traumáticas las que nos han detallado de los miles de tratamientos inacabados, de las miles de intervenciones fracasadas y muchas de ellas irreversibles, de las miles de citas anuladas, de los miles de diagnósticos inadecuados, del reiterado abuso de implantes de mínima calidad, de los miles de presupuestos inflados para ofrecer hipotéticos descuentos camuflados de ayuda social, y un largo etcétera de despropósitos que evidencian la falta de diligencia en el cumplimento de las normas sanitarias y de las reglas del mercado laboral y financiero. A esto debemos sumar, según apuntan lxs afectadxs, que muchos créditos bancarios necesariamente contratados para pagar los tratamientos se obtenían falseando los datos de familiares, o de los propios pacientes que iban a someterse al tratamiento bucodental.
Evidentemente, es reprochable que ciertas empresas hayan querido convertir la salud bucal de cientos de miles de personas en mercancía maltratada. Pero lo más inquietante de esta historia es la incapacidad manifiesta de las administraciones, tanto la central como las autonómicas para proteger a la ciudadanía y hacer cumplir la ley.
Ciertamente, son las administraciones autonómicas las que tienen la potestad legislativa, reglamentaria y la función ejecutiva para garantizar la protección a la salud y las competencias para resolución de conflictos entre consumidores y empresas. En consecuencia, visto cómo ha evolucionado el asunto, debemos reprochar la falta de celeridad en atender el problema de Idental.
Sin embargo, debería ser la Administración General del Estado la que vigile y emprenda un estudio que aporte luz sobre las sombras que acechan al caso. Un estudio que contemple la elaboración del mapa de las clínicas dentales lowcost existentes, que incorpore la situación de los más de treinta mil dentistas que compiten por un puesto de trabajo, en un contexto caracterizado por un 20% de paro en el sector, y pese al reconocimiento profesional del que gozan fuera de España, y que además incluya la información sobre la atención que la sanidad pública dispensa a la salud bucodental.
Desde Unidos Podemos hemos venido exigiendo el cumplimiento de la normativa sobre publicidad sanitaria y hemos planteando medidas concernientes a la creación de organismos como la Fiscalía de Consumo, que preserve el derecho a la salud y el derecho a la protección de los intereses económicos de la ciudadanía.
Desconfiamos de la voluntad política del Partido Popular para acabar con la proliferación de opacos negocios generados en torno a la salud, y afeamos su desprecio por garantizar la calidad de los servicios sanitarios. Por eso, dudamos de la voluntad real del Secretario General de Sanidad y Consumo, José Javier Castrodeza, pese a que, en la Comisión de Sanidad del Congreso afirmaba hace apenas unas semanas que se había puesto en contacto con las consejerías de Sanidad de las respectivas Comunidades Autónomas, y que el problema de Idental ya estaba en vías de solución.
Desde Unidos Podemos consideramos y defendemos que la salud y la sanidad son un derecho, y no un negocio. Experiencias como las sufridas por las personas afectadas por Idental son una evidencia descarnada de la gravedad del problema que padece nuestro sistema sanitario. Desde nuestro grupo Confederal emplazamos al Gobierno a que cumpla con su función de garante, para salvaguardar los derechos y la salud de las víctimas de estafas sin corazón.
