Estado de Emergencia en Perú: ¿qué pasa ahora?
Aumentan a ocho el número de muertos en las calles del país después de una semana de protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte.
Perú está en estado de emergencia durante un mes. El Gobierno de Dina Boluarte ha publicado el decreto que lo declara de manera oficial por 30 días para controlar la violencia de las protestas en su contra, en tanto el expresidente Pedro Castillo seguirá detenido, al menos, 48 horas más.
Mientras, en las calles de Perú el número de fallecidos sigue en aumento. Ya son ocho las víctimas mortales registradas en las protestas contra el nuevo Ejecutivo y que exigen la convocatoria de elecciones.
Un hombre ha recibido el impacto de una piedra en la cabeza durante el bloqueo de un puente en la localidad de Chao, en la región de La Libertad. “Hay una persona que ha resultado muerta, pero no es por acción de la Policía, ni por arma de fuego, ya se ha internado en la morgue, se ha hecho la necropsia de ley, la muerte habría sido por golpe con objeto contundente, le ha caído una piedra”, ha indicado la autoridad policial.
Tal como adelantó el ministro de Defensa, Alberto Otárola, el decreto que declara el estado de emergencia fue publicado en una edición extraordinaria de El Peruano, el boletín oficial del Estado.
El escrito precisa que el estado de emergencia dispone la suspensión de los derechos de reunión, de inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, y la libertad y seguridad personales. No obstante, el decreto no hace ninguna mención a un toque de queda.
En su primer artículo, precisa que la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Respecto a la intervención de estos, el decreto precisa, en su artículo cuarto, que se efectúa conforme a la normativa vigente que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía y de los decretos que establecen las reglas de empleo y uso de la fuerza de los militares.
En sus considerandos, la norma recuerda que el presidente de la República puede decretar el estado de emergencia en caso de “perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación”.
En este caso, el Ejecutivo adopta esta medida después de unos cuatro días de violentas manifestaciones y vandalismo en varias regiones del país con el saldo de ocho fallecidos, más de 200 policías heridos y un número indeterminado de detenidos y civiles lesionados.
El titular de Defensa explicó, este miércoles, que la declaración del estado de emergencia responde a “los hechos vandálicos y violentos, toma de carreteras y caminos que ya son actos que se están estabilizando y que están siendo controlados por la Policía Nacional y por Fuerzas Armadas”.
“Se requiere una respuesta contundente y la autoridad de parte del Gobierno”, dijo el ministro en el patio del Palacio de Gobierno en una breve comunicación ofrecida mientras se desarrollaba una reunión del Consejo de Ministros.
Por su parte, Boluarte afirmó que las protestas, que estallaron el último fin de semana, “ya están saliendo del marco legal, tomando comisarías, carreteras, aeropuertos, eso no está dentro de una protesta legal”.
“En otras oportunidades, en las protestas, siempre la Policía ha acompañado (a los manifestantes), pero ahora está siendo agredida, más de 200 policías agredidos”, indicó Boluarte.
Por tal motivo, la jefa de Estado hizo nuevamente un llamado a la calma, pues aseguró que el Ejecutivo quiere generar un diálogo con la población porque conoce que “las necesidades de nuestra querida patria” actualmente “están sin atenderse”.
En tanto, la situación legal del expresidente Castillo sigue en suspenso, pues el juez supremo Juan Carlos Checkley ordenó que se mantenga en detención preliminar por 48 horas más, mientras se realiza una audiencia de revisión del pedido de prisión preventiva por 18 meses que presentó la Fiscalía contra el exgobernante, la cual se postergó para el jueves a pedido de las partes implicadas en el caso.
“Considero razonable y necesario concederles un plazo para que puedan tener todos los elementos” del pedido fiscal, señaló Checkley al inicio de la audiencia de este miércoles, a la que no se presentó Castillo ni sus abogados defensores.
Ante la insistencia del representante de la Fiscalía para que se pronuncie sobre la situación de Castillo, ya que este miércoles se cumplen los 7 días de arresto preliminar que se dictó en su contra, Checkley prorrogó esta detención durante 48 horas más.
Antes del inicio de la audiencia, el abogado Ronald Atencio, uno de los defensores de Castillo, afirmó que la Justicia de su país está “violando todos los procesos”, al haber programado en pocas horas la vista del pedido fiscal de 18 meses de prisión preventiva para el exgobernante peruano.
Castillo también reclamó, mediante una carta publicada en Twitter, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que interceda por él, pues considera que las autoridades de su país han vuelto a “coactar” (sic) su libertad.
El juez Checkley aprobó el martes la formalización de la investigación preparatoria contra Castillo y su ex primer ministro y asesor jurídico Aníbal Torres por la presunta comisión del delito de rebelión y otros, a raíz del fallido golpe de Estado que motivó su destitución.
