España, al borde de un nuevo estado de alarma

Disciplina para evitar otro confinamiento domiciliario. La advertencia de Pedro Sánchez ha reactivado la alerta y las comunidades han pasado a una fase más seria: de tomar medidas restrictivas a pedirle al Gobierno central que actúe ya. Entre solicitudes de declaraciones de alarma territoriales y anuncios de toques de queda, la segunda ola continúa sin freno y la amenaza de un nuevo estado de alarma masivo toma más fuerza, aunque no tuviera la dimensión restrictiva del decretado en marzo.

De hecho, el Ejecutivo no descarta que se celebre un Consejo de Ministros extraordinario este domingo para aprobar el estado de alarma solicitado por quienes lo han reclamado. Hasta el momento ha sido, hasta el momento, nueve: Cataluña, País Vasco, Navarra, Castilla-La Mancha, Asturias, Extremadura, La Rioja, Cantabria, Comunidad Valenciana y Melilla. Cinco de ellas, gobernadas por el PSOE; ninguna por el PP.

El presidente había descartado en sus palabras del viernes a mediodía una declaración a nivel nacional, aunque comienzan a salirle apoyos por si hiciera falta. Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos, le ha llamado durante el viernes para garantizarle sus 10 votos en el Congreso si tiene que prorrogarlo (ahora mismo sigue en vigor en Madrid) o decretar uno nuevo en otra zona. Así está ocurriendo en numerosos puntos de Europa, pero La Moncloa reitera en que deben ser las autonomías las que tomen las decisiones en tiempo y forma. Claro que la situación varía a cada minuto y las posturas podrían moverse.

La iniciativa autonómica para declarar un estado de alarma la propuso el mismo Sánchez en agosto, cuando la segunda ola aún era una preocupación lejana. Entonces se encontró con el desinterés y hasta el reproche al otro lado, acusando al Gobierno central de pasar la “patata caliente” a los regionales. Pero la situación ha cambiado y las palabras del líder socialista han espoleado a un buen número de presidentes autonómicos.

Cobertura jurídica: “Necesitamos el amparo del Estado”

La tarde ha sido una sucesión de comunicados y comparecencias. La lista de demandantes crece a cada rato. “Necesitamos el amparo del Estado. Lo lógico es que fuese a nivel nacional”, ha defendido Guillermo Fernández Vara. “Todos podemos entender que lo mejor sería el confinamiento pero entendemos que no es posible porque no puede haber economía sin salud ni salud sin economía”, ha añadido el líder extremeño.

Las comunidades buscan, en su llamada de socorro, cobertura jurídica que garantice la adopción de medidas restrictivas. El objetivo es evitar que Gobiernos y tribunales autonómicos vayan en direcciones opuestas, como ya ha ocurrido anteriormente. Con el respaldo de Moncloa no habría esa dificultad. Además, se garantizaría una homogeneidad en la norma a decretar, en lugar de plantear 17 escenarios de alarma diferentes entre sí.

El lehendakari, Íñigo Urkullu, no solo mira a sus tres provincias, quiere que se implante en toda España y pide a Sánchez actuar con “celeridad y diligencia”. La evolución en la comunidad vasca es muy negativa y los contagios lo sitúan como uno de los puntos negros nacionales, como ocurre con Melilla, el segundo territorio autonómico con mayor incidencia en toda España (solo le supera Navarra). La ciudad norteafricana también ha solicitado un estado de alarma que conlleve restricciones severas.

Cataluña ha celebrado un Consejo de Gobierno de urgencia. Pide a Moncloa un estado de alarma pero sin que signifique delegar el mando. “Necesitamos un estado de alarma descentralizado en el que la Generalitat mantenga toda la capacidad de gestión”, ha justificado el president en funciones, Pere Aragonés.

En Asturias, que era uno de los lugares menos afectados por la pandemia, la situación ha empeorado severamente. Adrián Barbón, el presidente del Principado, ha comparecido para pedir la intervención estatal. “Las próximas semanas van a ser muy duras. La segunda ola viene con una fuerza inusitada que nadie esperaba”, ha defendido antes de criticar los excesos cometidos: “El primer exceso de confianza fue hablar de nueva normalidad. ¡No es verdad! Hasta que no haya vacuna no vamos a poder abrazar a los nuestros. Pero también hay una esperanza: la ciencia”.

El toque de queda nacional, a la espera

La figura jurídica del estado de alarma estuvo muy presente en el Consejo Interterritorial de Salud del jueves, previsto para que Sanidad y autonomías aprobasen un plan conjunto de actuación frente a la pandemia. La reunión dejó un protocolo, sí, pero no sirvió para definir la aplicación de un toque de queda a nivel nacional, como habían solicitado los representantes de las dos Castillas, Valencia y Andalucía. Antes quieren seguridad jurídica y definir bien los instrumentos legales para garantizarla.

La “inacción”, así definieron algunos consejeros el resultado del Consejo, llevó a reacciones inmediatas. Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana anunció un toque de queda en su autonomía entre las 0:00 y las 6:00 horas hasta el 9 de diciembre. “No podemos esperar sin hacer nada”, apuntó el líder regional. En términos similares, su homólogo murciano, Fernando López Miras, ha propuesto otro, entre las 23 y las 6:00 horas. Andalucía, por su parte, decretó lo propio para Granada, la ciudad con peor índice de la zona.

En la misma línea, Madrid lo ha anunciado este viernes, como ha hecho Castilla y León. El nuevo mandato, que el consejero madrileño no quiso llamar toque de queda, entrará en vigor el sábado a las 16:47, en cuanto decaiga el estado de alarma que aún rige en varios municipios de la comunidad. Además, retomará sus confinamientos perimetrales por zonas básicas de salud.

Otro de los barones autonómicos que ha alzado la voz ha sido Alberto Núñez Feijóo. El presidente gallego quiere “criterios homogéneos y coordinados” para actuar en toda España, ya que “ante problemas similares no puede haber diecisiete respuestas autonómicas”.