Los obstáculos para que el carro de la compra esquive la inflación

El carro de la compra tiene que esquivar una inflación galopante que en agosto llegó al 10,4%. El objetivo de que los precios de determinados alimentos esenciales no sigan subiendo no admite oposición, pero la propuesta que planteó Yolanda Díaz el pasado lunes de establecer con las distribuidoras límites para una treintena de productos básicos ha puesto sobre la mesa cuál es para cada uno, el mejor método para conseguirlo.

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, no tardó en tachar la medida como “una ocurrencia”, contraria a la legislación europea y que además podría conducir al desabastecimiento de los productos cuyo precio quedara regulado.

Pero la vicepresenta parece decidida a materializar su propuesta y el pasado jueves se reunió junto al ministro de Consumo, Alberto Garzón, con el consejero delegado de Carrefour para abordar los modos de llevarla a cabo desde ahora hasta “más allá de las Navidades”. Díaz resaltó que la medida en ningún caso deberá afectar a los productores y pidió que las empresas elaborar “una cesta de la compra asequible y de calidad para las familias”, que sea variada e incorpore “productos frescos y proteínas”.

Obligación o acuerdo

Pero las críticas no quedaron ahí, sino que el tema apareció como el enésimo punto de desacuerdo entre los dos partidos que forman la coalición de Gobierno. Aunque la líder de Sumar hablara de alcanzar “un acuerdo”, el portavoz del partido socialista en el Congreso, Patxi López, cuestionó la legalidad de la propuesta mientras que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que en ningún caso el Gobierno impondría un precio máximo sin el visto bueno del sector.

La propuesta, lanzada a título individual, pareció pillar por sorpresa a los dirigentes de Podemos, quienes apoyaron la idea pero añadiendo matices, y de paso mostrando más diferencias con los aliados socialistas. Ione Belarra, líder del partido morado, argumentaba que no se podían “permitir” que haya gente que lo pase mal por llenar la nevera, por lo que si no saliera la propuesta de acuerdo con las grandes empresas, habría que establecer “algún tipo de mecanismo obligatorio”.

Productores vs consumidores

“El debate sobre el acceso a los alimentos es necesario, hay márgenes que no se explican”, apunta Andoni García, responsable de Mercados Agrarios de COAG, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos. Una organización que esta misma semana denunciaba cómo el precio que pagaron de media los consumidores era un 283% más alto que el que se pagó en origen a los productores, y multiplicado por cinco en el caso de algunos productos.

Sin embargo, el portavoz de COAG traslada su preocupación por que la propuesta de Díaz pueda terminar afectando a los productores “si no se mira al conjunto” del sector, aunque al mismo tiempo apunta que sí hay “margen para abordar la situación de especulación” que se está produciendo. Así, García reclama participar en el posible debate sobre medidas de este tipo y que se tengan en cuenta otras medidas para asegurar la alimentación de las personas con menos recursos como la reducción del IVA o a través de un incremento de las ayudas públicas a esa población.

Mientras, desde la patronal, las empresas distribuidoras y las grandes superficies las críticas a las palabras de la vicepresidenta han caído en forma de cascada durante toda la semana. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, hablaba en TVE de “programación soviética”. La plataforma sectorial de los distribuidores y fabricantes, AECOC, argumentaba que ya llevan mucho tiempo asumiendo los costes para no repercutir el precio a los consumidores. Mientras que la que desde ASEDAS, la patronal de las grandes superficies, se mostraban “abiertos al diálogo” siempre que se respete el derecho de competencia. Ambas proponen la bajada del IVA de ciertos productos como alternativa a limitar los precios.

En cambio, para la organización de consumidores FACUA la intervención de los precios en ciertos productos básicos está más que justificada teniendo en cuenta la inflación y los márgenes empresariales actuales, y la especulación que se está produciendo en algunos sectores. En declaraciones El HuffPost, su secretario general, Rubén Sánchez, señala que “hay productos que han subido más de lo que han subido los costes”, aprovechándose así de unos consumidores más predispuestos a entender este alza de precios.

Para el portavoz de la entidad, si el Gobierno optara por la regulación obligatoria no debería ser con carácter general, sino que se podría hacer un listado con las marcas que hayan subido más los precios y regular únicamente esos productos de modo que la medida solo afectara a aquellas que hayan especulado con la situación de los últimos meses.

Sobre la posible legalidad de una medida de este tipo, Sánchez despliega un listado de ejemplos en los que el Estado pone límites a una actividad económica privada. Desde la Ley contra la Usura de principios del siglo pasado, los límites sobre las comisiones a las cancelaciones de las hipotecas, hasta las recientes intervenciones en el campo energético. “Se intervino el mercado de las mascarillas porque las necesitábamos y se estaba especulando su precio porque había un alto nivel de demanda, igual que ahora seguimos necesitando leche, arroz, fruta, hortalizas y pescado”, argumenta Sánchez.

En ese sentido, de acuerdo al informe de la plataforma de entidades contra la exclusión social, EAPN, antes de la actual subida de precios, más de 4 millones de personas en España se encontraban con graves dificultades para llegar a fin de mes y cerca de un 5% de la población no podía permitirse consumir carne, pescado o pollo cada dos días.

El adelanto de Carrefour

A pesar de los cuestionamientos de los representantes de su sector, una de las grandes superficies parece haber recogido el guante de la propuesta de la vicepresidenta. Así, Carrefour anunciaba una cesta de productos básicos como conservas, café, pasta o limpieza, a un precio fijo de 30 euros, a partir de la semana que viene y hasta el próximo enero.

Ana Isabel Jiménez, profesora de los Estudios de Economía y Empresa en la UOC, explica que medidas como esta pueden suponer una buena campaña de imagen para cualquier cadena al presentarse como una empresa con responsabilidad social y preocupada por sus clientes, y que además puede ser rentable por la denominada “compra cruzada”. Es decir, un cliente va al súper por los productos básicos, que serán además de la marca blanca correspondiente, pero acaba haciendo ahí también el resto de la compra.

Jiménez apunta que las distribuidoras no suelen jugar con un margen alto por producto, así que ve complejo que puedan estar receptivas a la propuesta de la líder de Sumar o que repitan iniciativas como la de Carrefour. “La inflación nos afecta a todos, también a las distribuidoras que les están subiendo los precios”, recuerda.

Los límites de la propuesta

“Es muy complicado de hacer eso”. Así opina el economista José María O’Kean al ser preguntado por la posibilidad de decretar un precio fijo de algunos alimentos básicos, y defiende que la vicepresidenta y ministra de Trabajo “es una mujer sensata, que no suele intentar hacer cosas imposibles, por lo que al final lo que se busque es llegar a un acuerdo para crear paquetes de productos básicos”.

Además, el experto advierte que si no fuera a través de un acuerdo sería complicado de justificar a nivel europeo y se arriesgaría a demandas que paralizasen la medida. Según él, el problema de fondo es ver “si los márgenes empresariales son excesivos”, ya que en la hipótesis de que se decretara un precio máximo que no cubriera los costes, entonces “o se deja de producir o necesitarán de una subvención para compensar”.

O’Kean señala que el acuerdo con los productores al que se llegó en Francia en 2011 bajo el mandato de Sarkozy y que citó la propia Díaz como referencia para su propuesta, “parece que no sirvió de mucho”. Los precios de la alimentación en general descendieron durante los siguientes cuatro años, pero a partir de 2015 volvieron a subir y superaron los registros del año en el que se tomó la medida.

Jiménez descarta que en un escenario de tanta incertidumbre como el actual, el dinero que se puedan ahorrar los consumidores en la cesta de la compra se destine a otros gastos más superfluos, sino que irá a compensar la subida de otros costes necesarios, o se guardaría para posibles imprevistos.

Actualmente, el carro de la compra supone el 23% del dato de la inflación, pero estos productos básicos no son los únicos que entran en el cálculo del dato, por lo que ambos economistas coinciden que, sea con un acuerdo o una imposición, la medida por sí sola no tendría capacidad para frenar el alza general de precios.